Casi una década después de la muerte de Gadafi, Libia sigue sumida en el caos. El país está dividido desde 2014, cuando el general renegado Jalifa Haftar trató de hacerse con la mitad oriental del país. Junto a él se situaron el entonces primer ministro, Abdulá al Thani, así como Aguila Issa, presidente de la Cámara de Representantes, el órgano legislativo del país. Issa decidió trasladar la sede del legislativo a la localidad oriental de Tobruk, perdiendo cualquier respaldo en la capital y desatando una guerra civil.
La ONU apostó por Fayez al Sarraj, un diputado de bajo perfil, para dirigir una transición que pusiera fin al conflicto a partir de 2016. Sarraj se convirtió al mismo tiempo en jefe de Estado como presidente del Consejo Presidencial y en primer ministro como cabeza del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés), dos órganos diseñados por Naciones Unidas. Sin embargo, Sarraj no fue respaldado por Issa, Al Thani ni Haftar, que en 2019 lanzaba una ofensiva para tomar Trípoli y hacerse con el control del país. Desde 2014, Haftar había contado con el apoyo de Egipto, que vio en el general libio un aliado para estabilizar la frontera entre ambos países. Pero el mayor aliado de Haftar siempre ha sido Emiratos Árabes Unidos (EAU), que entiende Libia como parte de un tablero geopolítico que abarca todo Oriente Próximo. En esta partida, Emiratos cuenta con Francia como gran aliado y como adversario a Turquía. EAU consiguió además el respaldo del entonces presidente estadounidense Donald Trump para el ataque sobre Trípoli, prometiendo que la ciudad caería en pocos días.
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