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Nucleares, biológicas y químicas: la lucha internacional contra las armas de destrucción masiva

Nucleares, biológicas y químicas: la lucha internacional contra las armas de destrucción masiva
Fuente: elaboración propia.

Pocas armas despiertan tanto interés y temor como las llamadas armas de destrucción masiva: las nucleares, biológicas y químicas. La mayoría de los países consideran que estas armas exceden los borrosos límites de lo que es aceptable en una guerra. Sin embargo, algunos de ellos las siguen conservando para defenderse y disuadir a otros países de atacarles, lo que supone una amenaza para la seguridad de todo el mundo.

No parece lógico pensar que se hayan usado armas de destrucción masiva antes del siglo XX, y de hecho el término se acuñó hace solo unas décadas. Sin embargo, existen precedentes de guerra biológica y de guerra química. Desde el lanzamiento de cadáveres infectados de plaga bubónica en el asedio de Caffa —la actual Feodosia, en Crimea— de 1346, a envenenar los pozos de agua del enemigo, las armas de destrucción masiva son una forma de hacer la guerra no tan reciente.

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Tan antiguos como su uso son los intentos de regularlas. En la Edad Media, la influencia del islam y el cristianismo contribuyó a reducir el uso del veneno como arma, pues se consideraba propio de cobardes. Siglos más tarde, en 1675, Francia y el Sacro Imperio Germánico firmaron el primer acuerdo internacional de prohibición de armas, que vetaba las balas envenenadas mientras durase la guerra que ambos países libraban entonces. Durante la guerra civil estadounidense (1861-1865) se desarrollaron armas químicas y biológicas experimentales, aunque prácticamente ninguna se utilizaría, y el bando de la Unión contó incluso con un código de conducta que prohibía el uso del veneno.

Sin embargo, seguía sin existir un convenio internacional que limitase los armamentos  —los llamados “medios”— y las estrategias —los “métodos”— que podían emplearse en la guerra. A finales del siglo XIX crecía la preocupación de las grandes potencias por el aumento de producción de compuestos químicos y de su alcance bélico, sobre todo en forma de gas. Para ponerles fin, se convocaron las Conferencias de la Haya de 1899 y 1907, en las que se acordó no usar proyectiles que difundieran gases asfixiantes o nocivos. Pero esos acuerdos se rompieron con la carrera armamentística de principios del siglo XX, que desembocaría en la Primera Guerra Mundial.

Las armas químicas y el doble dilema

La Primera Guerra Mundial influyó profundamente en la regulación internacional de las armas de destrucción masiva. La brutalidad del combate y los efectos de los gases, unidos a los numerosos heridos y aproximadamente 90.000 muertos víctimas de su uso, abrieron el debate sobre las armas químicas. Las potencias vencedoras impusieron a la perdedora, Alemania, restricciones a su importación y fabricación en el Tratado de Versalles, y pocos años después, en 1922, se intentó sin éxito prohibir el uso militar de gases nocivos. Sobre esa base, el debate después se centró en la exportación e importación de estas armas, pues algunos países las adquirieron durante el conflicto y otros lo siguieron haciendo después. España, por ejemplo, las usó en la guerra del Rif, en el actual Marruecos (1911-1927). 

Ataque alemán con gas contra las líneas rusas, 1916. Fuente: Wikipedia

Se llegaría así a la Conferencia para la Supervisión del Comercio Internacional de Armas de 1925, impulsada por la Sociedad de las Naciones, antecesora de la actual ONU. Su objetivo era regular la comercialización de armamento convencional, pero pronto se acordó incluir también las armas químicas. La Conferencia se enfrentaría a dos dilemas: el de seguridad y el del doble uso

El primer dilema consistía en que los países que cumplieran el desarme quedarían desprotegidos ante otros países que violaran el acuerdo. Para evitar un desequilibrio de poder, durante el periodo de entreguerras las potencias optaron por la solución contraria: facilitar la compra de arsenales químicos con la esperanza que los países se disuadieran mutuamente de atacar por temor a estas armas.

El segundo dilema, el del doble uso, surgió en los debates sobre prohibir la exportación de compuestos químicos con potencial uso bélico. Aunque el fosgeno o el cloro fueron ampliamente utilizados durante la Gran Guerra, industrias civiles como la farmacéutica o la textil los empleaban con fines pacíficos. Así, el problema de prohibir o restringir su comercialización residía en que era imposible determinar su uso final. Además, los países con industrias químicas poco desarrolladas consideraban discriminatorias esas prohibiciones, porque les impedían adquirir esos compuestos pero apenas perjudicaban a los países productores.

La dificultad de monitorizar o prohibir la producción y tenencia de armas químicas llevó a acordar una simple prohibición de su uso militar, que quedaría reflejada en el Protocolo de Ginebra de 1925. Este protocolo también prohibió las armas biológicas, que diseminan agentes patógenos, como virus o bacterias, para propagar enfermedades entre el enemigo. El acuerdo de Ginebra supuso un avance, pero su eficacia era limitada. La mayoría de Estados se reservaron el derecho de contraatacar con armas químicas en el caso de ser atacados con estas y de usarlas contra Estados que no fueran parte del protocolo. 

La Sociedad de Naciones hizo entre 1932 y 1934 un último intento de acordar un desarme generalizado, pero fracasó por la creciente desconfianza entre los países en pleno auge del fascismo. La Italia de Mussolini usó gas mostaza en su guerra contra Etiopía en 1936, y Japón haría lo mismo en China de 1937 en adelante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de armas químicas fue puntual, pero acabaría encontrando un fin aún más perverso: el Holocausto nazi. 

La Guerra Fría: canción de fuego y átomos

Tras el fin de la guerra en 1945, la atención del mundo se centró en un peligro concreto: el apocalipsis nuclear. Después de que Estados Unidos arrasara las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con estas nuevas armas, se decidió crear la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas para abordar los desafíos de esta fuente de poder. Allí se presentaría en 1946 el Plan Baruch, una de las primeras propuestas de control de armas nucleares, que proponía crear una autoridad internacional que supervisara la reducción y posterior eliminación de los arsenales atómicos.

La Unión Soviética, escéptica, demandó que las armas atómicas se eliminaran antes de crear el organismo. Estados Unidos, que entonces era todavía la única potencia nuclear, defendía lo contrario. Al no ceder ninguna de las partes la propuesta fracasó, y la desconfianza entre Moscú y Washington les llevó a una nueva carrera armamentística entre dos antiguos aliados. Pocos después, en 1949, y con la ayuda de espías, la URSS se hizo con su propia bomba atómica, que llamaron “primer relámpago”

La paranoia nuclear de las dos superpotencias se dispararía a medida que lograban avances tecnológicos, como aumentar el alcance de los bombarderos o desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Esa paranoia se transmitió además a sus poblaciones mediante propaganda y simulacros de ataques. EE. UU. y la URSS empezaron a producir arsenales nucleares cada vez más grandes y potentes, y sus ensayos provocaron graves daños medioambientales y para la salud de los habitantes cercanos a las zonas de prueba.

Ensayo nuclear estadounidense Castle Romeo, en el atolón Bikini, Islas Marshall (1954). Fuente: Wikipedia

Tras largas negociaciones, en 1954 se acordó crear el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el objetivo de promover la energía atómica con fines pacíficos. La OIEA surgió de un cambio en la política atómica de Estados Unidos durante la presidencia de Dwight Eisenhower, que detalló sus intenciones en un discurso ante la ONU en 1953 conocido como Átomos por la paz. Pero estas iniciativas no disiparon las diferencias entre EE. UU. y la URSS, impidiendo avanzar en el control de armas hasta entrados los años sesenta. Las dos superpotencias presentaron sin éxito varios proyectos de tratado internacional en la la ONU, sin éxito.

Tras la crisis de Berlín de 1961 y la de los misiles en Cuba en 1962, en las que Estados Unidos y la URSS estuvieron a punto de entrar en guerra, se hizo prioritario detener la proliferación de armas nucleares para evitar una apocalíptica Tercera Guerra Mundial. Como primer gesto, las dos superpotencias y el Reino Unido —potencia nuclear desde 1954— firmaron el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en 1963. No obstante, al tratado no se unieron ni Francia, que tenía el arma desde 1960, ni China, que un año después realizaría con éxito su primer ensayo atómico. Entretanto, la Asamblea General de la ONU aprobó varias resoluciones no vinculantes abordando la no proliferación y el desarme de armas nucleares.

Las posturas de Estados Unidos y la URSS se fueron acercando hasta presentar propuestas de tratado casi idénticas en 1967 y 1968. Con el camino allanado, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que entró en vigor en 1970. El TNP tenía tres objetivos principales: la no proliferación de armas nucleares, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. En virtud del tratado, las cinco potencias nucleares —EE. UU., la URSS, el Reino Unido, Francia y China— se comprometían a no suministrar este armamento a otros países y los que no poseían armas nucleares renunciaban a intentar obtenerlas.

Un nuevo impulso para regular las armas biológicas

Durante las primeras décadas de la Guerra Fría, la comunidad internacional estuvo centrada en controlar las armas nucleares, dejando a un lado las químicas y biológicas. No obstante, en 1948 la ONU dio un avance precisando el concepto de “armas de destrucción masiva”, que incluían las armas explosivas atómicas, las de material radioactivo, las químicas y biológicas letales y cualquier otra arma futura comparable en su efecto destructivo a las anteriores. De esta forma, a partir de entonces la mayoría de países han considerado a las armas nucleares, biológicas y químicas (NBQ) como sinónimo de armas de destrucción masiva. 

Británicos y estadounidenses usaron armas químicas contra la insurgencia independentista en la actual Malasia (1948-1960) y el bando comunista en la guerra de Vietnam (1955-1975). En concreto, defoliantes y herbicidas —el más conocido de ellos el agente naranja— para arrasar los bosques que las guerrillas usaban para ocultarse. Su controvertido empleo demostró que era necesario actualizar la legislación internacional sobre armas químicas vigente entonces, que aún databa de 1925. 

Acordado el TNP, la comunidad internacional trasladó su atención en el resto de armas de destrucción masiva. A partir de 1969, la Conferencia del Comité de Desarme de la ONU comenzó a debatir la prohibición de armas químicas y biológicas, y se acordó empezar por estas últimas. La buena disposición del presidente estadounidense Richard Nixon, unida a la normalización de relaciones diplomáticas con la URSS en 1969, permitió que las dos superpotencias acordasen en poco tiempo una propuesta conjunta de tratado. La Convención sobre las Armas Biológicas (CAB) se aprobó en 1972 y entró en vigor en 1975.

Aviones estadounidenses rociando agente defoliante sobre la selva de Vietnam. Fuente: Wikipedia

La importancia de la CAB reside en ser el primer tratado internacional de desarme que prohíbe una categoría de armas en su totalidad, desde su producción hasta su transferencia y posesión. Sin embargo, carece de un sistema de verificación de su cumplimiento y de poder de acción contra los países incumplidores. A la dificultad de monitorizar estas armas se le une el clásico dilema del doble uso. Además, la falta de acuerdo entre los países firmantes en las sucesivas revisiones del tratado ha impedido que la Convención se aplique de forma efectiva y plena.

La CAB marcó el camino para un tratado de armas químicas, pero pronto surgirían desencuentros que lo retrasarían durante décadas. El principal obstáculo fue el que no se pudo resolver con las armas biológicas: crear un sistema de verificación para controlar el cumplimiento del tratado. Además, la buena relación entre las dos superpotencias terminó con el despliegue de misiles por ambas partes en Europa a finales de los setenta, que desembocó en la crisis de los euromisiles, y por la invasión soviética de Afganistán en 1979. De hecho, EE. UU. acusó a la URSS de fomentar el uso de armas químicas en Afganistán y documentó otros casos en el sudeste asiático

Los retos actuales: la proliferación y el terrorismo

La llegada a la Casa Blanca de Ronald Reagan en 1981 parecía el preludio de nuevas tensiones nucleares: Reagan era un convencido anticomunista que llegó a calificar a la URSS como el “imperio del mal”. Sin embargo, a partir de 1985 un nuevo líder soviético, Mijaíl Gorbachov, daría un giro en la dirección opuesta. En 1987 la URSS firmó con EE. UU. el Tratado INF de prohibición de misiles balísticos de corto y medio alcance, y en 1989 el Ejército soviético se retiró de Afganistán. Todo ello, sumado al aperturismo político de Gorbachov, acercó a Washington y Moscú y reactivó las negociaciones para un tratado de armas químicas. Las dos potencias superaron uno de los mayores obstáculos cuando acordaron en 1987 las condiciones para un régimen de inspecciones, verificación y cumplimiento del futuro tratado.

El dictador iraquí Sadam Huseín usó armas químicas en su guerra contra Irán (1980-1988) y un genocidio contra los kurdos iraquíes en 1988, mostrando nuevamente los horrores de la guerra química. Gorbachov y George H. W. Bush —sucesor de Reagan en la presidencia— acordaron en 1990 el desarme de sus arsenales químicos. Finalmente, las largas negociaciones de la Conferencia de Desarme resultarían en la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), aprobada por la Asamblea General en 1993 y en vigor desde 1997.

La CAQ prohíbe todas las armas que utilicen como base compuestos químicos, aunque su mayor logro es el sistema de verificación e inspecciones por denuncia o empleo de armas químicas. Junto con el Tratado de No Proliferación Nuclear y la Convención de Armas Biológicas, la CAQ es el tercer pilar del sistema internacional de control de armas de destrucción masiva. Sin embargo, desde su aprobación la evolución de la situación política internacional ha puesto a prueba este sistema.

Por un lado, los ataques con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 o los envíos de cartas con ántrax en EE. UU. en 2001 pusieron de manifiesto el peligro que supone que actores no estatales obtengan armas de destrucción masiva. Por ello se acordaría en 2004 la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU,  que prohíbe a los países facilitar a grupos terroristas y otros actores no estatales la fabricación u obtención de estas armas. Aunque es menos probable que estos grupos se hagan con armas nucleares que con químicas o biológicas, por su dificultad de desarrollo y manejo, no es imposible. También preocupan las bombas radiológicas o “sucias”, un explosivo convencional que dispersa material radioactivo: no son tan poderosas como las nucleares pero generan gran alarma social. 

Por otro lado, todavía hay catorce países que no han ratificado la CAB, incluidos Israel y Siria. Pero el mayor reto de esta convención es su falta de un sistema de verificación, que ha permitido que varios países miembros violen el acuerdo. La CAQ, por el contrario, cuenta con un robusto sistema de verificación, pero en los últimos años ha tenido que hacer frente al uso de armas químicas en la guerra de Siria o al programa armamentístico de Corea del Norte, uno de los cuatro países que no han ratificado el tratado.

También el TNP se enfrenta a ese reto. Cuatro de los cinco países que no son parte en el tratado son potencias nucleares: Israel, Pakistán, India y, nuevamente, Corea del Norte, que lo firmó pero se retiró en 2003. La debilidad del sistema de verificación y la falta de consecuencias por abandonar el tratado o por incumplirlo han puesto en duda la eficacia del TNP. Por si fuera poco, la posesión de armamento nuclear no está estrictamente prohibida por el derecho internacional y no se progresa en el desarme. Ello llevó a varios países no nucleares a promover el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que pretende la eliminación total de estas armas. Este texto se firmó en 2017 pero todavía no ha entrado en vigor ante la falta de apoyos: muchos países, incluidas las cinco potencias nucleares del TNP, prefieren el régimen actual.

¿Hacia un mundo sin armas de destrucción masiva?

A lo largo de las últimas décadas se han alcanzado varios acuerdos internacionales de control de armas. Sin embargo, las potencias nucleares y sus aliados siguen considerando este armamento como imprescindible para su defensa. De hecho, hay quienes opinan que las armas nucleares disuaden a las potencias que las poseen de usar la fuerza entre ellas, pero eso no ha impedido, por ejemplo, los enfrentamientos fronterizos entre China e India en el verano de 2020. La salida de Estados Unidos del Tratado INF en 2019 amenaza, además, con deshacer años de negociaciones con Rusia, la otra gran potencia nuclear. Otras voces piden que la atención se centre en las armas convencionales, que consideran las “verdaderas armas de destrucción masiva” por acabar con decenas de miles de vidas al año.

Desde las armas químicas hace un siglo a las nucleares en la actualidad, el dilema de la seguridad sigue obstaculizando eliminar las armas de destrucción masiva. Conseguirlo exige unos niveles internacionales de confianza y consenso difíciles de alcanzar, pues los países nunca renunciarán a ellas mientras otros las conserven. El control armamentístico es una de las iniciativas legales más encomiables y complejas a las que se ha lanzado la comunidad internacional, y ha logrado reducir los armamentos químicos y nucleares. Pero el objetivo final es utópico, y solo el tiempo dirá si las armas de destrucción masiva pasan definitivamente a los libros de historia.

Victor Gratacós

Victor Gratacós

Málaga, 1993. Graduado en Derecho por la Universidad de Málaga y Máster en RRII por la Universitat Ramón Llull-Blanquerna, con diploma en gestión de conflictos internacionales por la Universiteit Utrecht. Experiencia en el campo de la observación de elecciones e interesado en temas de sociedad, geopolítica, derecho y seguridad internacional.

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