El mundo necesita migrantes más que nunca, pero también una alternativa a un sistema roto

El régimen migratorio global —porque es posible hablar de un modelo extendido y homogéneo de gestión de la movilidad humana que se replica en cada rincón del planeta— es inmoral por muchas razones: establece un sistema de castas basado en el color del pasaporte; fomenta la explotación de seres humanos y vulnera el sentimiento más básico de responsabilidad frente al otro; perpetúa la preeminencia de los derechos nacionales frente a los universales; y alimenta las peores pulsiones racistas e identitarias de nuestras sociedades. Además de representar una forma de ver el mundo, se ha convertido en un sumidero de los Estados de derecho, por el que además acceden los ejemplares menos edificantes del panorama político.

Con todo, la inmoralidad del modelo pasa a segundo plano cuando se considera su insensatez. En la medida en que su propósito es detener los flujos de inmigración y no gobernarlos, este sistema social y político perjudica a todo el mundo sin excepción. Empezando por las propias personas migrantes y continuando con aquellos ciudadanos en los países de destino que dependen de Estados de bienestar carcomidos por la regresión demográfica. El empeño en sostener un modelo de movilidad laboral internacional patológicamente restrictivo en un mundo que necesita a los migrantes más que nunca constituye un error que ya se está pagando caro y que precisa con urgencia una estrategia alternativa.

Conviene dejar algo claro: la idea de ordenar las fronteras y establecer límites a la migración es perfectamente razonable. Pero no de esta manera. Tras una fachada de control, el sistema actual sólo ofrece caos; y en el caos pierde toda la población, especialmente los más vulnerables. El desorden de este modelo migratorio preocupa legítimamente a una parte de la sociedad que no lo ha elegido y que rechaza las disfunciones que se derivan de él. Sienten que deben competir con los recién llegados por unos servicios públicos cada vez más deteriorados. Ven sus barrios transformarse con rostros, lenguas y comercios que les resultan ajenos. Observan con frustración el fracaso de las administraciones para frenar o gestionar las llegadas no permitidas a nuestras costas. Parte de este rechazo se explica por las dificultades inevitables de adaptarse a una sociedad que cambia, pero otra parte responde a políticas públicas equivocadas y a estrategias electorales malintencionadas que pueden y deben ser corregidas.

Si esto no funciona, ¿cuál es la alternativa? La realidad es que no existe una respuesta única a esa pregunta. Diferentes contextos y diferentes necesidades exigen soluciones adaptadas. Pese a ello, existen prioridades comunes indiscutibles que deben guiar cualquier posible reforma. La primera de ellas es reconstruir el sistema global de protección internacional, amparado por normas e instituciones en creciente deterioro. Esto significa, en esencia, establecer cortafuegos eficaces entre las políticas de gestión migratoria y las que obligan a los Estados a garantizar el derecho de asilo, refugio y protección. No se trata de un riesgo imaginario. En algunas de las democracias más sofisticadas del planeta —como las de la Unión Europea o Norteamérica— se ha convertido en habitual la colaboración con regímenes cuestionables para detener los flujos en origen o tránsito, la designación creativa de países terceros “seguros” donde enclaustrar a los solicitantes en campos de concentración o el descontrol con el que operan determinadas fuerzas de seguridad en los propios territorios de los países de destino.

La distopía migratoria de los Estados Unidos ofrece ejemplos aberrantes de estas prácticas, como la proliferación y privatización de campos de detención para migrantes dentro y fuera de su territorio; o el despliegue del infame ICE en hospitales, parroquias y escuelas. Pero Europa no se queda atrás y ninguna herramienta es descartada en el esfuerzo por bloquear las rutas. Un ejemplo reciente: con dinero de la cooperación internacional —y con pleno conocimiento de la policía española— la agencia gubernamental FIAP permitió que un país como Mauritania abandonara a los migrantes en el desierto. Estos y otros muchos casos son muestras del modo en que la política migratoria prevalente se ha hecho incompatible con Estados de derecho que merezcan ese nombre. Cuando la sociedad está dispuesta a mirar hacia otro lado porque la víctima habla un idioma o profesa una religión diferente, es sólo cuestión de tiempo que la lista de enemigos del Estado engorde peligrosamente.

La segunda prioridad afecta a cuatro de cinco migrantes, los que componen la categoría de trabajadores, trabajadoras y sus familias. Para estas personas, el régimen migratorio es un mapa atomizado de políticas temerosas, parciales e inconsistentes. Aunque la movilidad laboral constituye una necesidad existencial para los países de destino y una oportunidad incomparable de progreso para las familias migrantes y sus países de origen, nuestros Estados demuestran un empeño llamativo en ignorar la posibilidad de vías legales, seguras y ordenadas a la altura de las necesidades actuales. 

Las razones por las que este empeño es una mala idea son conocidas, pero algunos números ayudan a establecer la magnitud del desatino. La organización Labor Mobility Partnerships ha calculado que, a este ritmo, los países de la OCDE habrán perdido en 2050 unos 92 millones de personas en edad de trabajar, mientras que el número de jubilados se incrementará en 96 millones. España, junto con Japón, Alemania y Corea del Sur, se encuentra al principio de la lista de países más vulnerables a este invierno demográfico. Y eso explica el interés por atraer migrantes. Las contribuciones de los nuevos trabajadores son esenciales para sostener el bienestar de un país como España, un objetivo existencial si se tiene en cuenta que en los próximos quince años se habrán jubilado siete millones de cotizantes. 

Desde el punto de vista de los migrantes y sus países de origen la lógica no es menos contundente: ninguna intervención en materia de desarrollo se asemeja siquiera al potencial de un incremento modesto en el número de trabajadores que aprovechen con su talento las oportunidades que les ofrecen los países de destino. Sólo en materia de remesas, las transferencias que realizan los migrantes al conjunto de países de ingreso medio y bajo triplicaron en 2024 el total de los fondos de la ayuda al desarrollo.

Es cierto que ni la inmigración es una solución sostenible en el muy largo plazo —los que llegan de fuera también envejecen—, ni todo depende únicamente de la fuerza de trabajo importada. La robotización de la economía o el estímulo de la natalidad en los países de destino pueden y deben contribuir a amortiguar la brecha demográfica. Pero, como recuerda un estudio tras otro, haría falta una economía de ciencia ficción para sortear la necesidad de una fuerza laboral extranjera más abundante y mejor adaptada a nuestras necesidades, algo que se puede gestionar a través de programas de movilidad temporal o permanente sujetos a incentivos racionales. Entre otras cosas, porque un sistema más abierto y eficaz eliminaría el atractivo del asilo como único mecanismo para el acceso legal a un país, algo que ahora perjudica a quienes verdaderamente necesitan esa protección.

Aunque resulta imposible señalar el ejemplo de un país referente absoluto en este campo, existen numerosas experiencias que pueden ser replicadas y llevadas a escala. Un reciente trabajo de investigación de la Fundación porCausa identificó hasta 25 programas de movilidad laboral que cumplían de manera parcial los objetivos a los que debe aspirar una buena política de control migratorio: acceso a través de vías regulares de movilidad, promoción del reclutamiento ético, protección de los derechos fundamentales y fortalecimiento de redes comunitarias y transnacionales. Alemania, por ejemplo, forma cada año en Filipinas a miles de profesionales de la enfermería a través de un programa participado y financiado por instituciones sanitarias públicas y privadas. Parte de ellos se desplazan después a Europa y parte permanece en el sistema sanitario local. La Oficina Federal de Estadísticas ha calculado que Alemania necesitará hasta 680.000 profesionales adicionales de enfermería en los próximos 25 años.

La tercera prioridad es instrumental a las dos anteriores, porque tiene que ver con la viabilidad política de las reformas. El debate migratorio suele ir acompañado de una preocupación extendida sobre el efecto de los recién llegados en los agotados servicios y sistemas públicos de protección social, como la educación, la vivienda o las ayudas familiares. La preocupación está justificada en la medida en que las comunidades migrantes —sobre todo aquellas personas en situación irregular— están sobrerrepresentadas en los grupos de población más vulnerables, con tasas de pobreza y precariedad muy por encima de la media de las sociedades en las que se establecen. Esto deriva en una competencia por recursos sociales siempre escasos. Si se añaden a tensiones sociales las diferencias culturales, ya se tiene la tormenta perfecta. 

Las dificultades derivadas de la concentración de determinados colectivos de inmigrantes en barrios o pueblos de bajos ingresos ha llevado a exagerar de manera grotesca los desafíos de la integración. Esto se pudo comprobar el verano de 2025 en los sucesos de Torrepacheco —una de las muchas localidades agrarias del Levante español que depende de esos trabajadores—, donde la población local reaccionó espantada cuando un pequeño incidente entre un migrante y un vecino convirtió a su pueblo en un plató de pirómanos aprovechados. Torrepacheco es sólo uno de los espacios que se han convertido en el objetivo de grupos itinerantes de radicales xenófobos que generan crisis donde había dificultades. 

Incluso si alguien cree que el fenómeno migratorio se rige por variables económicas y demográficas que escapan en buena medida al control de los Gobiernos, el de la integración social y económica es un desafío insorteable en cualquier debate sobre la reforma del modelo. Pero en este asunto van a hacer falta menos soluciones mágicas y más voluntad de adaptar el contrato social a las comunidades que se formarán en el futuro. Las deportaciones masivas en Estados Unidos o astracanadas como la “prioridad nacional” que proponen los trumpistas españoles son moralmente corrosivas, económicamente irresponsables y legalmente impracticables (al menos por ahora). Pero una alternativa igualmente repulsiva a este sistema migratorio roto es pendular hacia un modelo más abierto pero puramente utilitarista que convierta la mano de obra extranjera en una commodity y expanda aún más las brechas de desigualdad. 

En cierto modo, esta ha sido la apuesta de España con un modelo que permite a los latinoamericanos llegar y quedarse, pero condenados a la irregularidad: se quiere su mano de obra, pero sin derechos. Pero no sirve de mucho que la llegada de extranjeros sea estupenda para la economía si los beneficios del proceso se concentran en una minoría y al servicio de un sistema extractivista. Esta injusticia es un caldo de cultivo natural para el enfrentamiento: por la frustración y el resentimiento que se generan en las segundas y terceras generaciones de una población migrante condenada a una condición social y ciudadana relegadas; y por la percepción de miedo y rechazo que alimentan el sentimiento antimigración de una parte de la sociedad de acogida. Sobre todo cuando es manipulado de forma obscena por la demagogia populista.

En resumen: más migraciones, más ordenadas, con beneficios mejor repartidos. En buena medida, esto es lo que persigue la regularización puesta en marcha por el Gobierno español. La experiencia del país —que contradice la lógica del Pacto de Migraciones y Asilo de la UE, por ejemplo— ilustra las tres claves de una buena reforma migratoria: voluntad política, creatividad institucional y, muy especialmente, narrativas poderosas como las que se construyeron a lo largo de años gracias a la campaña por la Iniciativa Legislativa Popular que promovió esta medida. Pero las regularizaciones son el punto de partida inevitable de las reformas, nunca el de llegada. En un contexto de dinamismo económico, el sistema de puerta estrecha comenzará a generar nuevas bolsas de irregularidad desde el momento mismo que concluya este proceso. A menos que España y el resto de Europa acepten la necesidad de construir un modelo migratorio más justo e inteligente, seguirán cavando más hondo el agujero en el que se encuentran.