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Finlandia viene denunciando desde noviembre una situación hasta entonces inédita en el país: Rusia está trasladando migrantes a la frontera para empujarlos a su territorio como represalia por la decisión de ingresar en la OTAN. La televisión nacional finlandesa ha obtenido testimonios que lo corroboran, e incluso los traficantes de personas admiten estar coordinados con la policía rusa. Pese al cierre de varios puntos fronterizos, las llegadas no cesan, y en muchos casos se traducen en intentos irregulares de cruzar la frontera. La inteligencia finlandesa ha denunciado además que Rusia busca reclutar a migrantes y solicitantes de asilo como espías.
Esta operación recuerda a la del régimen de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia para poner en aprietos a Lituania, Letonia y Polonia en 2021. La crisis, que incluyó numerosos abusos contra los migrantes en las fronteras europeas, consolidó un poderoso instrumento híbrido de presión: el uso de la migración como arma. Una táctica que lleva décadas, pero cada vez más prominente en los últimos años, especialmente con los usos de Libia, Turquía o Marruecos para obtener ventajas de países de la Unión Europea.
Putin, Europa y el ejemplo bielorruso
Después de que la UE extendiese las sanciones contra el régimen de Bielorrusia en 2021 por haber forzado el aterrizaje de un avión de Ryanair para capturar a un opositor, Lukashenko profirió una amenaza ominosa: “Estábamos deteniendo [el flujo de] inmigrantes y drogas. Ahora los cazaréis vosotros y os los comeréis”. En pocas semanas, las llegadas a la frontera entre Bielorrusia y Letonia se multiplicaron. Las investigaciones tanto de medios internacionales como de agencias de inteligencia europeas confirmaron la participación bielorrusa en la creación de una nueva ruta migratoria desde Irak, Siria e Irán.
Rusia ha calcado contra Finlandia los detalles de aquella operación: creó canales en redes sociales en países de Oriente Próximo donde se anuncia la apertura de esta ruta, facilitó los vuelos para volar a Rusia e implicó a las fuerzas de seguridad locales. En el caso de Bielorrusia, la crisis se agotó ante el cierre a cal y canto de las fronteras europeas, lo que acabó por disuadir a muchos de la viabilidad de esta ruta. Pero no sin un varapalo a la imagen de la UE y a su supuesto compromiso con los derechos humanos.
Una táctica extendida en el Mediterráneo
La migración como arma ha ido más allá de Putin y Lukashenko, como demuestran las crisis en el Mediterráneo. A principios de siglo, el régimen de Muamar el Gadafi aceptó convertirse en el gendarme del desierto norteafricano que impediría la salida de migrantes desde las costas de Libia tras una serie de acuerdos con la Italia de Silvio Berlusconi. Sin embargo, Gadafi pronto empezó a amenazar con abrir las compuertas de la migración para extraer más concesiones de la UE, y en 2010 prometió “convertir Europa en negra” si no recibía más fondos de Bruselas. Su derrocamiento en 2011 tampoco terminó con esta amenaza: hoy en día la llevan a cabo distintas milicias para obtener fondos.
Turquía hace algo similar. En 2016 llegó un acuerdo con Bruselas por el que restringiría las salidas de los migrantes y aceptaría la repatriación de aquellas personas cuya solicitud de asilo fuese rechazada en la UE. A cambio recibiría hasta 6.000 millones de euros. No obstante, el Gobierno turco quedó insatisfecho y el presidente Recep Tayyip Erdoğan advirtió a una delegación de funcionarios de la UE que en su país podían “abrir las puertas hacia Grecia y Bulgaria en cualquier momento” y “montar a los refugiados en autobuses”.
“¿Cómo van a lidiar ustedes con los refugiados si no logramos un acuerdo? ¿Matando a los refugiados?”, continuó Erdoğan. El Gobierno turco cumplió con su amenaza en 2020, haciendo saber a las comunidades sirias que ya no restringiría los movimientos de quienes quisiesen cruzar a la UE. En pocos días, miles de refugiados se concentraron en la frontera y algunos trataron de entrar en Grecia por la fuerza, lo que llevó a enfrentamientos con la policía griega.
Por último, Marruecos regula a conveniencia el flujo de pateras a España. El fenómeno empezó en 1991 tras la creación del espacio Schengen en Europa, que llevó al primer acuerdo hispano-marroquí sobre devolución de migrantes irregulares. En 2021 ocurrió el episodio más grave: el régimen alauí permitió que más de 8.000 personas entraran en Ceuta como represalia a la decisión del Gobierno español de admitir al líder saharaui Brahim Gali para un tratamiento hospitalario. “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, señaló la embajadora en España. Al final, el Gobierno de Pedro Sánchez terminó rompiendo la neutralidad de España sobre el Sáhara Occidental en un intento fallido de resolver la crisis.
Migrantes y democracias vulnerables
La académica estadounidense Kelly M. Greenhill ha recopilado 75 intentos de desplazamiento de personas como arma política entre la entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre los Refugiados en 1951 y 2016. Los han llevado a cabo actores estatales y no estatales. Como relata en el libro Connectivity Wars, casi tres cuartas partes de las veces lograron algún objetivo. En un ensayo más reciente en la revista Foreign Affairs, Greenhill aporta varios ejemplos, incluidos algunos que pudieron inspirar a Lukashenko.
En los años ochenta, Alemania Oriental presionaba por concesiones políticas y económicas a Alemania Occidental. Para ello colocó anuncios en Oriente Próximo y el subcontinente indio que prometían “vuelos cómodos” a Berlín Este y “tránsito fácil y rápido” a Occidente. Otro caso fue la amenaza del presidente serbio Slobodan Milošević de “vaciar Kosovo en una semana” si la OTAN atacaba su país en 1998, que trató de cumplir tras el bombardeo del año siguiente. Cuba también usó la migración contra Estados Unidos varias veces entre los años sesenta y noventa. “La más notable —escribe Greenhill—, al permitir la salida hacia la costa de Florida de más de 125.000 cubanos durante la crisis de los balseros del Mariel en 1980”.
En casi todos los ejemplos históricos, las víctimas de estas tácticas han sido, además de los propios migrantes, democracias liberales. Y no es casual. Por definición, estos sistemas políticos tienen escasa capacidad de impedir los flujos de personas sin traicionar sus propios valores, como el respeto a los derechos humanos, o sin provocar tragedias humanitarias aún mayores. Greenhill señala que los países sometidos a esta presión suelen tener pocas opciones, todas ellas con enormes desventajas.
La primera es cerrarse en banda, renunciando a su esencia liberal. Así le ocurre a la UE, cuyas políticas fronterizas han propiciado violaciones de derechos humanos en Libia, Grecia, Hungría o los países bálticos. También pueden intervenir militarmente, con resultados inciertos y riesgos enormes, como demostró el caso de Kosovo. Otra opción es acoger a los migrantes, como ha hecho México con los centroamericanos, pero es una política difícil de implementar en mitad de una crisis. Por último, pueden ceder al chantaje, pero perpetradores como Libia, Marruecos y Turquía pueden reincidir. Así, la migración como arma de presión plantea enormes desafíos, y el caso de Rusia y Finlandia confirma que ha llegado para quedarse.
