Cuando Marruecos abrió en mayo la frontera de Ceuta y dejó pasar en escasas horas a cerca de 6.000 personas a territorio español, la palabra “chantaje” no tardó en aparecer. Rabat había dejado de controlar esta frontera para presionar al Gobierno de España por acoger en su territorio al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, quien recibía asistencia médica, y de paso para recordarle que no puede hacer enfadar a su socio más estrecho en materia migratoria. Podría llamarse chantaje, pero técnicamente fue un uso coercitivo de la migración, es decir, tratar de determinar la política de otro Estado utilizando a personas migrantes.
La migración como chantaje geopolítico
Marruecos al final lo consiguió: a los pocos días, España anunció una partida de treinta millones de euros y la entrada a Ceuta de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. Marruecos no es el primer Estado que pone en marcha esta práctica. En 2020, Turquía empujó a miles de migrantes a cruzar hacia Grecia por mar y tierra para presionar a la Unión Europea y conseguir más fondos. Al otro lado del Atlántico, aunque no llegó a materializarse, el expresidente estadounidense Donald Trump también amenazó con cortar las remesas de los migrantes mexicanos si el país vecino no pagaba la construcción del nuevo muro fronterizo.
Estos son ejemplos muy visibles del uso de la migración como arma diplomática porque son respuestas políticas concretas con efectos mediáticos inmediatos. Sin embargo, también pueden darse al revés, con anticipación a las crisis y menos atención. En lugar de abrir las fronteras para aumentar la presión migratoria, hay países que optan por imponer controles fronterizos a terceros a cambio de contratos comerciales favorables.
Bruselas es un claro ejemplo de ello. La Unión Europea implica un paso más allá que externalizar las fronteras, pues no se trata de una transacción económica por el control fronterizo, sino que impone estos controles para entrar a formar parte o conseguir beneficios económicos. Tanto en Bosnia como Macedonia del Norte, candidatos a Estados miembros, la Unión ha animado y financiado la creación de centros de detención de migrantes como primer paso para acercarse a los criterios de adhesión.
Ahora bien, hay Estados que no instrumentalizan la migración de manera indiscriminada, sino que señalan a un grupo específico para presionar a su país de origen. En Irán, por ejemplo, el Gobierno lleva años hostigando a 2,5 millones de refugiados afganos, una cifra que hace a Afganistán muy dependiente del segundo país que más los acoge. Desde la llegada en 2006 del entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, Teherán ha amenazado con expulsar y deportar a miles de afganos para presionar las relaciones bilaterales a su favor y, más importante, para condicionar de manera indirecta la presencia y actuación de Estados Unidos en Afganistán. Cuando el entonces presidente afgano Hamid Karzai permitió en 2007 que la OTAN entrara en su país, Irán respondió deportando a más de 60.000 refugiados del país vecino.
Teherán ha mantenido esta política desde entonces, y presiona a Afganistán para que apoye su programa nuclear y en su disputa por el curso del río Helmand. Además, va un paso más allá, ya que estas deportaciones son selectivas: Irán deporta refugiados procedentes de las provincias afganas más pobres y con menos intervención extranjera para hacer la situación aún más difícil. Ningún Gobierno quiere enfrentarse a gestionar la llegada miles de personas en un territorio con un Estado tan débil, y por ello implementan políticas favorables a la República Islámica, aunque no siempre estén acordes con los intereses de Estados Unidos.
Objetivo: alterar la demografía
Otra estrategia de instrumentalización de la migración son los movimientos migratorios creados y planificados, no para presionar a un Estado, sino para cambiar su equilibrio político y territorial. El caso de Israel y Palestina es evidente: Israel expulsa palestinos desde hace décadas para expandir los territorios ocupados por colonos judíos. En numerosas ocasiones los tribunales israelíes han fallado sentencias que obligaban al desalojo forzado de barrios palestinos, como en Sheij Yarrah, de Jerusalén Este, en mayo de este año. Además de este hostigamiento, el Estado hebreo ofrece privilegios como avales en viviendas o la limitación de impuestos a aquellos israelíes judíos que se trasladen a zonas de Cisjordania. Estas prácticas se dispararon desde 2009 con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y han aumentado la población de colonos en territorios palestinos en un 42%.
A medida que ha aumentado el peso de la población migrante, Hong Kong o Taiwán también han vivido las oleadas que China planifica y cómo varían las afinidades políticas en sus territorios. Pekín lleva décadas poniendo en práctica esta estrategia. Entre 1983 y 1997, cerca de 83.000 chinos se trasladaron a Hong Kong con documentación falsa dada por el Gobierno para aumentar en casi un 9% la base social afín a la República Popular. En la provincia de Xinjiang, China también está impulsando con medidas económicas una migración planificada de ciudadanos de etnia han para contrarrestar el peso de la población uigur musulmana en la región, hasta ahora mayoritaria y enfrentada al Gobierno de Pekín.
Por su parte, Moscú ha promovido movimientos similares desde la creación de la URSS hace un siglo, cuando se forzó el desplazamiento interno de miles de personas para evitar la creación de nacionalismos que perjudicaran una identidad soviética común. Ya sin forzar desplazamientos de comunidades, Rusia ha llevado a cabo una estrategia distinta de pasaportización. En los años 2000 proporcionó pasaportes rusos a ciudadanos de antiguos territorios soviéticos como Osetia del Sur o Abjasia, regiones que pertenecen a Georgia pero que se autoproclamaron independientes. De esta manera, cuando en ambas estallaron tensiones con el Gobierno georgiano, Rusia intervino militarmente en 2008 con el pretexto de proteger a sus ciudadanos en el territorio. Algo parecido ocurre ahora en Ucrania, tras la modificación del decreto por el que los ciudadanos de las provincias de Donetsk y Lugansk pueden acceder de manera mucho más simple a la ciudadanía rusa.
Las personas migrantes como ejército
Una última forma más directa de utilizar a las personas migrantes como arma política es, literalmente, como armas, como fuerzas militares para, o bien aumentar los efectivos de un Estado, o para compensar las bajas de nacionales. En la mayoría de los casos se ofrece de manera voluntaria a cambio de privilegios como la concesión de la ciudadanía de manera más ágil que por los procedimientos normales, algo común en España, entre otros países. Estados Unidos también ha dado pasos para agilizar el proceso de ciudadanía a los cerca de 40.000 extranjeros que combaten en sus fuerzas armadas. Sin embargo, no siempre es algo voluntario: para los afganos que no querían ser deportados de Irán, por ejemplo, combatir en el frente de Siria era una obligación.
Ya sea formando parte de las fuerzas armadas o como instrumento para que un Estado consiga más influencia, las personas migrantes han pasado a ser una moneda de cambio sujeta a los vaivenes geopolíticos del momento. Todo ello no hace sino aumentar el riesgo que corren, pues, más que sus vidas, está en juego la diplomacia de varios países.
