Cuando Marruecos abrió en mayo la frontera de Ceuta y dejó pasar en escasas horas a cerca de 6.000 personas a territorio español, la palabra “chantaje” no tardó en aparecer. Rabat había dejado de controlar esta frontera para presionar al Gobierno de España por acoger en su territorio al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, quien recibía asistencia médica, y de paso para recordarle que no puede hacer enfadar a su socio más estrecho en materia migratoria. Podría llamarse chantaje, pero técnicamente fue un uso coercitivo de la migración, es decir, tratar de determinar la política de otro Estado utilizando a personas migrantes.
La migración como chantaje geopolítico
Marruecos al final lo consiguió: a los pocos días, España anunció una partida de treinta millones de euros y la entrada a Ceuta de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. Marruecos no es el primer Estado que pone en marcha esta práctica. En 2020, Turquía empujó a miles de migrantes a cruzar hacia Grecia por mar y tierra para presionar a la Unión Europea y conseguir más fondos. Al otro lado del Atlántico, aunque no llegó a materializarse, el expresidente estadounidense Donald Trump también amenazó con cortar las remesas de los migrantes mexicanos si el país vecino no pagaba la construcción del nuevo muro fronterizo.
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