De forma sutil, se podría decir que Mundiales de fútbol no son eventos económicamente viables. La realidad, sin embargo, los sitúa más bien en el nivel de los negocios ruinosos, con un déficit estructural que edición tras edición deja pérdidas millonarias que serían inasumibles para un organismo como la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).
Las cifras son elocuentes: los catorce torneos que se han celebrado desde el Mundial de Inglaterra de 1966 acumulan unas pérdidas de casi 17.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que se sigan celebrando? Una de las razones de su continuidad no es otra que el reparto de los gastos: si bien la FIFA absorbe todos los beneficios ―entradas, derechos de emisión y publicidad―, solo asume una parte de los gastos, ya que la construcción de estadios corre a cargo de organismos externos, normalmente de carácter público dada la escasa rentabilidad que suelen demostrar los recintos después del gran evento. En Brasil 2014, por ejemplo, el 90% de la inversión provino de fondos públicos.
Los datos proceden de una actualización publicada este mismo año de un estudio que analizó la sostenibilidad de los Juegos Olímpicos en la revista científica Nature (“An Evalution of the Sustainability of the Olympic Games”, Müller et al., 2021). Los sesenta es la década de partida porque coincide con una expansión del tamaño de estos eventos, con el desarrollo de la retransmisión en directo por satélite y de las intervenciones urbanísticas, y porque la disponibilidad de datos relacionados con ediciones anteriores es más limitada.
En este sentido, cabe destacar que el estudio incluye únicamente costes e ingresos directos, es decir, imputables claramente a la celebración del Mundial, por lo que partidas como la construcción de infraestructuras generales ―transporte, alojamientos, etc.― o las ganancias de la hostelería, mucho más difíciles de delimitar y cuantificar, han sido excluidas.
Hasta la fecha, el único Mundial que ha arrojado beneficios desde la década de los sesenta es el de Rusia de 2018, pero en Catar, que ya es la segunda edición más cara de la historia si tenemos en cuenta la inflación, los más probable es que vuelvan los números rojos.
Las autoridades cataríes sin ir más lejos estiman que la inversión que rodea la organización del Mundial de 2022 ha requerido más de 200.000 millones de dólares, aunque solo 6.500 se han destinado a la edificación de estadios ―la FIFA desembolsará por ello 1.696 millones a la organización―. Por el camino, la dictadura del golfo Pérsico ha aprovechado para ampliar su oferta hotelera y de ocio, remodelar toda su red de carreteras y construir una nueva vía ferroviaria, proyectos que se enmarcan dentro de la estrategia Catar 2030, un plan de desarrollo que pretende hacer del país árabe «una sociedad avanzada capaz de lograr un desarrollo sostenible» para esa fecha.
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Pero si Catar, un petromonarquía autoritaria sin apenas tradición futbolística, ha dedicado tantos recursos y esfuerzos a la celebración del Mundial ―su elección destapó una trama de corrupción y sobornos que afectaba a la cúpula de la FIFA― es porque el impacto de la cita mundialista trasciende las cifras económicas. Y es aquí donde reside otro de los motivos que mantiene con vida el torneo deportivo más importante del mundo: su organización es también una forma de poder blando, una pequeña ventana adulterada a la realidad de un país que suele traducirse en la llegada de nuevos inversores y turistas, pero también en jugosos beneficios políticos para los círculos de poder. Y esa visibilidad ―o de lavado de imagen― es una oportunidad única para una monarquía autocracia que ignora los derechos de las mujeres o las minorías sexuales pero que ambiciona ganar influencia en el plano internacional.
No se trata, a fin de cuentas, de ninguna novedad. El Mundial celebrado en Argentina en 1978 ya sirvió para lavar la imagen internacional de la dictadura militar que sufría el país latinoamericano. El de Rusia en 2018, también bajo sospecha por la trama de sobornos y corrupción que rodea la adjudicación de sedes de 2010, para asentar la imagen y el poder del régimen de Vladimir Putin.
