En marzo de 2006, Thomas Lubanga Dyilo, líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), se convirtió en la primera persona detenida por una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Seis años después, en 2012, Lubanga Dyilo, acusado de crímenes de guerra y de reclutar niños soldado, sería también el primer condenado por el organismo, creado a finales de los años noventa tras la aprobación del Estatuto de Roma.
En sus algo más de 20 años de funcionamiento —el tribunal empezó a operar en 2002—, la Corte Penal Internacional ha llevado a cabo 31 procesos en los que ha enjuiciado a 51 personas, entre ellas los exmandatarios Muamar el Gadafi (Libia), Hasán Ahmad al Bashir (Sudán) y Uhuru Kenyatta (Kenia).
Los tres fueron encausados por alguno de los crímenes de extrema gravedad sobre los que tiene competencias el tribunal, recogidos en el propio Estatuto de Roma: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Existen, a su vez, tres vías para que la CPI inicie una investigación: a petición de un Estado que lo haya ratificado; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —donde tres de los cinco miembros permanentes no reconocen al órgano— incluso contra un país no firmante; o por propia iniciativa del fiscal de la Corte (solo para crímenes cometidos en países miembro o por sus ciudadanos en cualquier lugar).
En total, 123 países han firmado y ratificado el Estatuto de Roma y participan en la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa occidental.
Sin embargo, ninguna de las principales potencias mundiales —muchas de ellas enfrascadas en guerras a gran escala en los últimos años— se han comprometido con el organismo, lo que en la práctica limita enormemente las competencias del tribunal.
Países como Estados Unidos, Rusia e Israel firmaron el Estatuto pero tiempo después comunicaron oficialmente a la ONU que no tenían intención de ratificarlo, desligándose de cualquier compromiso con el órgano. Por su parte, China, India o Turquía no han llegado siquiera a firmar el tratado internacional que fundamenta la CPI.
¿Por qué Estados Unidos, China, Rusia o Israel no aceptan a la Corte Penal Internacional?
En algunos casos, los países más poderosos del mundo se han mostrado especialmente beligerantes con la CPI. En 2002, apenas unos meses después de la invasión de Afganistán y mientras se preparaba la de Irak, la Administración Bush aprobó una ley federal —acompañada de varios acuerdos bilaterales— que preveía la inmunidad del personal norteamericano ante las actuaciones del tribunal. En 2020, Trump llegó a sancionar a la fiscal de la CPI después de que este iniciara varias investigaciones relacionadas con la invasión de Afganistán.
En septiembre de 2023, por su parte, las autoridades rusas ordenaron la búsqueda y captura del presidente de la Corte Penal Internacional como respuesta a la solicitud emitida por el tribunal para la detención de Vladimir Putin y otros mandatarios del país euroasiático.
En este sentido, una de las principales críticas que ha recibido la CPI en los últimos años es el hecho de que sus actuaciones se hayan centrado casi en exclusiva en países del Sur Global, especialmente África. De las 51 personas enjuiciadas por el organismo, solo tres no pertenecen al continente.
Aunque a lo largo del siglo XX ya se establecieron varios tribunales ad hoc que tenían como base los principios doctrinales del derecho internacional —como los juicios de Nuremberg y Tokio—, no fue hasta el devastador conflicto de Yugoslavia y el genocidio ruandés a mediados de los noventa cuando cuajó la iniciativa de la creación de un tribunal internacional permanente centrado en la persecución de los crímenes más graves contra los derechos humanos.
Es habitual que la Corte Penal Internacional se confunda con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fundada en 1945 y considerada como el principal organismo judicial con el que cuenta Naciones Unidas. Aunque ambos tienen su sede en La Haya, el primero no tiene ninguna relación con la ONU y se encarga de juzgar crímenes cometidos por personas, mientras que el CIJ tiene dirime conflictos entre Estados en base a su Estatuto, recogido dentro de la Carta de las Naciones Unidas.
