La utopía de una Corte Penal Internacional

Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial hicieron comprender al mundo la necesidad de perseguir y juzgar a los criminales que desde las más altas esferas del poder idearon, dirigieron, permitieron o colaboraron en la persecución y exterminio de millones de personas. 50 años más tarde, la fórmula de los juicios de Núremberg tuvo que ser copiada para castigar a los responsables los genocidios de Ruanda y Yugoslavia. Es entonces cuando la comunidad internacional entendió que, si las lecciones del Holocausto no habían impedido el baño de sangre de los años 90, el recuerdo de Ruanda o Yugoslavia tampoco impediría otras masacres en el futuro. La realidad pedía establecer un tribunal internacional permanente que juzgara a los responsables de los peores crímenes: genocidio y demás crímenes de guerra y lesa humanidad —limpieza étnica, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, persecución religiosa o política, apartheid, etc.—.
Así nacía en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI) —comúnmente conocida como Tribunal de La Haya— con un fin un tanto utópico: prevenir atrocidades y llevar a la justicia a los poderosos que las cometan. Para conseguirlo, puede incluso juzgar a jefes de Estado en el cargo; además, estos crímenes no prescriben nunca. La corte es competente para investigar cualquier situación sospechosa que haya tenido lugar en el territorio de un país que haya aceptado su jurisdicción o a manos de un ciudadano de esos países en cualquier lugar. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —el máximo órgano de la legalidad internacional— ordene investigaciones incluso sobre países que no hayan aceptado la jurisdicción.
Sin embargo, la CPI nació herida de muerte: como con cualquier otro tratado internacional, los Estados son libres de formar parte o no del Estatuto de Roma —tratado fundacional de la CPI— y aceptar así la jurisdicción de la corte. Aunque el número de países parte supera los 120, potencias c...