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La utopía de una Corte Penal Internacional

La utopía de una Corte Penal Internacional
Firma del Estatuto de Roma. Fuente: ONU

El reciente ataque de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, a la Corte Penal Internacional acrecienta las dudas que ya había generado el hecho de que va a ser muy difícil llevar ante la justicia a los responsables del genocidio rohinyá. ¿Sobrevivirá la Corte a estos retos?

Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial hicieron comprender al mundo la necesidad de perseguir y juzgar a los criminales que desde las más altas esferas del poder idearon, dirigieron, permitieron o colaboraron en la persecución y exterminio de millones de personas. 50 años más tarde, la fórmula de los juicios de Núremberg tuvo que ser copiada para castigar a los responsables los genocidios de Ruanda y Yugoslavia. Es entonces cuando la comunidad internacional entendió que, si las lecciones del Holocausto no habían impedido el baño de sangre de los años 90, el recuerdo de Ruanda o Yugoslavia tampoco impediría otras masacres en el futuro. La realidad pedía establecer un tribunal internacional permanente que juzgara a los responsables de los peores crímenes: genocidio y demás crímenes de guerra y lesa humanidad —limpieza étnica, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, persecución religiosa o política, apartheid, etc.—.

Así nacía en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI) —comúnmente conocida como Tribunal de La Haya— con un fin un tanto utópico: prevenir atrocidades y llevar a la justicia a los poderosos que las cometan. Para conseguirlo, puede incluso juzgar a jefes de Estado en el cargo; además, estos crímenes no prescriben nunca. La corte es competente para investigar cualquier situación sospechosa que haya tenido lugar en el territorio de un país que haya aceptado su jurisdicción o a manos de un ciudadano de esos países en cualquier lugar. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —el máximo órgano de la legalidad internacional— ordene investigaciones incluso sobre países que no hayan aceptado la jurisdicción.

Sin embargo, la CPI nació herida de muerte: como con cualquier otro tratado internacional, los Estados son libres de formar parte o no del Estatuto de Roma —tratado fundacional de la CPI— y aceptar así la jurisdicción de la corte. Aunque el número de países parte supera los 120, potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Arabia Saudí o India no están entre ellos. Teniendo en cuenta que los tres primeros cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad —y, por ende, tienen capacidad para bloquear cualquier investigación sobre ellos o sobre alguno de sus aliados—, la CPI no tiene poder para investigar los crímenes que estos países cometan.

Indudablemente, la incapacidad de la corte para perseguir a las grandes potencias ha minado su legitimidad y agrava la impresión de que hay países que están constantemente sometidos a su vigilancia. Durante sus 20 años de andadura, la CPI ha llegado a acusar a 42 individuos, todos ellos africanos; actualmente, diez de las once investigaciones abiertas tienen como escenario un país africano. Los Gobiernos africanos llevan años criticando la corte por su supuesto sesgo antiafricano y varios —entre ellos, potencias regionales como Sudáfrica o Kenia— han amenazado con abandonarla.

En 2015 Burundi anunció su salida utilizando el mismo pretexto, aunque la razón parece tener que ver más con la posibilidad de que la corte llegara a investigar las violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas contra un presidente que buscaba perpetuarse en el poder. Hasta la fecha, es el único país que ha salido de la CPI, pero Rodrigo Duterte ha anunciado que Filipinas será el siguiente —un anuncio que coincide, no por casualidad, con que la corte valore investigar su atroz política antidrogas—.

La última gran crisis de legitimidad ha llegado con Myanmar al constatar que, incluso cuando la persecución de los rohinyás ha sido calificada por la ONU como una “limpieza étnica de manual”, es difícil que los generales birmanos lleguen algún día a encontrarse con la justicia. Myanmar no es un Estado parte de la CPI, y China, fiel aliado del régimen birmano, bloquearía cualquier resolución para iniciar una investigación a través del Consejo de Seguridad. El pasado 6 de septiembre la corte dictaminó tener capacidad para juzgar la deportación de los rohinyás porque, al menos en cierta medida, tuvo lugar en Bangladés, que sí es Estado parte, pero incluso así es improbable que los responsables se enfrenten al tribunal.

En este contexto, las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, el pasado día 9 han vuelto a poner de manifiesto la debilidad de la corte. Bolton la calificó de “ilegítima” y advirtió de que EE. UU. colaboraría para echarla abajo, ya que, desde su punto de vista, “ya está muerta”. Además, amenazó con sancionar a los miembros de la corte si se atrevían a juzgar a ciudadanos estadounidenses.

Hay dos razones que explican tan encendido ataque. La primera es el hecho de que la corte esté haciendo estudios preliminares para investigar posibles crímenes cometidos por soldados estadounidenses y miembros de la CIA en Afganistán durante los años posteriores a la invasión de 2001; aunque EE. UU. no sea parte, Afganistán sí lo es, por lo que la corte podría juzgar esos hechos. La Administración estadounidense siempre ha defendido que solo sus tribunales son competentes para juzgar a sus ciudadanos, lo cual entraña el riesgo de que, en este caso, los crímenes queden impunes.

En segundo lugar está la posibilidad de que la corte juzgue crímenes cometidos por israelíes en territorio palestino ocupado. Nuevamente, Israel no es Estado parte, pero Palestina sí desde 2015, por lo que la corte puede investigar situaciones que tengan lugar en territorio palestino, aunque esté ocupado por Israel —quizá con más razón por ello—. En ese sentido, la crítica de Bolton a la CPI debe leerse como otra señal más del alineamiento total de la Administración Trump con el Gobierno israelí, en la línea de otras decisiones similares.

¿Qué consecuencias puede tener esta posición beligerante de EE. UU. para con la CPI? En primer lugar, constata el alejamiento de Washington de los mecanismos multilaterales y contribuye a socavar más su posición como líder mundial, además de servir de faro a autócratas como Duterte, que ya critican la corte. Pero quizá más importantes sean las consecuencias que puede tener para el futuro de la propia CPI. La idea de un tribunal que persiga a los malos del mundo con independencia y efectividad choca de frente con el principio básico que rige las relaciones internacionales: la soberanía de los Estados. Son los Estados los que deciden si permiten el escrutinio de sus asuntos por parte de la corte y, en última instancia, si esta debe seguir existiendo.

Para ampliar: “El aislamiento de Estados Unidos”, Andrea García Rodríguez en El Orden Mundial, 2018

Hasta hoy, con dificultades, la fantasía está consiguiendo subsistir, pero la ilusión se desvanecerá cuando la legitimidad de la corte termine por extinguirse, incapaz de llevar ante la justicia a criminales tan obvios como los generales birmanos. Los 20 años de Historia de este tribunal han probado que solo se puede ir en contra de quien no tiene amigos poderosos que lo protejan, como demuestra el clamoroso caso de Siria, que no puede investigarse por el veto de China y Rusia. La conclusión es tan simple como descorazonadora: la CPI será lo que los Estados quieran que sea, y ahora mismo la comunidad internacional no parece muy interesada en hacer justicia.