España es una potencia gasística con los pies de barro. El Ministerio para la Transición Ecológica quiso llamar a la tranquilidad ante el reciente estallido de la guerra en Irán al asegurar que por el estrecho de Ormuz transita sólo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume el país. Sin embargo, el precio del gas en España se ha duplicado desde principios de mes y la factura de la luz ya empieza a acusar el impacto de la guerra en Oriente Próximo.
Por muy poco que dependamos del suministro de Ormuz, allí se decide ahora el precio del gas en todo el mundo. El mercado está muy interconectado y, al contrario de lo que sucede con el petróleo, la oferta de gas es muy rígida y su demanda feroz. Por lo tanto, es imposible escapar del efecto dominó generado por el parón de Catar, productor del 20% del gas natural licuado (GNL) del mundo, tras los ataques de Irán a su infraestructura. En ese contexto, la diplomacia española está zancadilleando la seguridad energética del propio país.
España destaca como el gran hub gasístico de Europa: concentra cerca de un tercio de la capacidad de regasificación de GNL de la Unión Europea gracias a sus siete regasificadoras y cuenta con hasta dieciséis proveedores. El problema es que ha concentrado el 86% de sus importaciones en apenas tres socios: Argelia, Estados Unidos y Rusia, según datos de enero de Enagás. De ellos, está obligada por la Unión Europea a cortar relaciones con Moscú a principios de 2027, y los movimientos diplomáticos del Gobierno de Pedro Sánchez le han granjeado la enemistad de los otros dos.
Por un lado, Donald Trump ha amenazado con romper las relaciones comerciales con España después de que el Gobierno le negara el uso de sus bases militares para atacar a Irán. A ello se suman las trabas españolas para el suministro de armamento a Israel y la negativa a incrementar el gasto en defensa hasta el 5%. Por otro lado, el histórico viraje en la política exterior española respecto al Sáhara Occidental —España pasó en 2022 a respaldar el plan de autonomía marroquí— enfadó profundamente a Argel, que respondió rompiendo el acuerdo de buena vecindad vigente entre ambos países desde hacía veinte años.
España paga el precio de haber cortado con Argelia
En materia de gas, Argelia no es un proveedor más para España: es su socio estratégico preferente. O así lo había sido al menos hasta 2019. Hasta ese momento, el país africano suministraba en torno a la mitad de todo el gas que compraba España. Lo hacía mediante dos tuberías submarinas que funcionaban a pleno rendimiento: el gasoducto Medgaz, que conecta los yacimientos argelinos con Almería, y el Magreb-Europa, una ruta alternativa a través de Marruecos y el estrecho de Gibraltar.
En una relación de confianza mutua, España se aseguraba un suministro barato y continuo de gas, y Argelia una salida segura a su producción. Pero dos eventos dinamitaron esa unión. En 2019, España hizo caso a los cantos de sirena del mercado del gas natural, que tumbó sus precios ante el exceso de oferta de Estados Unidos y Rusia, y recortó sus compras a Argelia para abaratar su factura energética. En apenas un año, Argel pasó de representar el 51% de la importación de gas al 33%, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
LOS ORÍGENES DEL GAS DE ESPAÑA
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La puntilla definitiva a esa relación llegó después de la pandemia. Argelia rompió sus relaciones diplomáticas con Marruecos, su rival histórico, después de que Estados Unidos —bajo la Administración Trump— reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental, le acusó de promover el terrorismo y a finales de 2021 cerró el gasoducto Magreb-Europa. España perdió de un plumazo el 40% de su capacidad de importación de gas por tubería y el peso de Argelia en su abastecimiento se desplomó a un mínimo histórico del 24% en 2022.
Ese mismo año, por si fuera poco, España cambió su postura sobre el Sáhara Occidental, refiriéndose al plan de autonomía de Marruecos como la base “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Esa histórica decisión motivó a Argelia —aliada del Frente Polisario— a suspender el tratado de amistad entre ambos países y congelar sus relaciones comerciales. Y si bien el gas siguió fluyendo, Italia pasó a ser su socio preferente en Europa.
El giro diplomático sobre el Sáhara en 2022 sin un plan de contingencia energético previo fue un error de cálculo: nos obligó a sustituir el gas barato, transportado por tubería y con contratos a largo plazo, por el gas licuado, mucho más volátil y vulnerable a shocks de precios, como demostró poco después la guerra de Ucrania.
El GNL vendría a ser algo así como el agua embotellada, mucho más cara y con una logística más complicada que el agua de grifo. Para ser transportado por barco, el gas debe ser licuado a -162 °C, conservar esa temperatura a bordo y ser reconvertido a estado gaseoso en el destino, lo que encarece y complejiza el proceso. Si en 2018 España pagó su gas a 23 euros el megavatio/hora, en 2022 lo hizo a 99 y en 2025 a 42 euros.
Una dependencia pendular
Por el camino, el país se ha echado a los brazos de Estados Unidos. La Unión Europea pactó en julio de 2025 con Donald Trump incrementar sus compras de productos energéticos estadounidenses a cambio de un arancel del 15% —amenazaba con subirlo al 30% o más—. Y España, convertida en la gran potencia gasística europea, es la gran puerta de entrada del GNL transatlántico. Como consecuencia, Estados Unidos se convirtió por primera vez en el principal proveedor de gas de España el pasado mes de enero, cuando acaparó el 44% del total, por delante de Argelia (29%) y Rusia (13%).
Sin embargo, por mucho que Trump amenace ahora con cortar ese suministro, la compraventa de gas se realiza entre empresas y tendría muy difícil atacar ese flujo, más aún cuando debe negociar con la Unión Europea como un bloque comercial. Pero Trump sí tiene capacidad para aumentar la presión sobre los contratos gasísticos y convertirse en una especie de prima de riesgo, en un aumento de los precios de venta a España para compensar la incertidumbre.
Esa capacidad reside en la dependencia española del conocido mercado spot, compuesto por cientos de buques metaneros que esperan fondeados a su mejor postor. Ese sistema, que rige el 63% de las importaciones desde Estados Unidos, ha empujado a los postores españoles a seguir comprando gas ruso por su bajo precio.
La alternativa a ese mercado es la diplomacia energética y los acuerdos a largo plazo entre países, como sucedía con Argelia. Aunque la gasísticas Naturgy y Sonatrach eran las encargadas del papeleo, ambos Gobiernos bendecían las negociaciones y su buena sintonía servía de red de seguridad. Las relaciones entre Argelia y España se han normalizado y el comercio se ha desbloqueado, pero Italia sigue siendo su socio prioritario, el Medgaz continúa cerrado y en cada negociación Argel revisa al alza sus precios.
Incapaz de recuperar el terreno perdido en el norte de África, España no tiene muchas más opciones. Asia controla las exportaciones del golfo Pérsico, y otros productores como Noruega, Nigeria o Angola tienen difícil aumentar sus envíos a España por falta de capacidad, conexiones e incentivos, ya que el Gobierno actual considera el gas una energía de transición con fecha de caducidad. Por todo ello, España está pagando el precio de haber roto con su proveedor histórico sin tener un sustituto de garantías.
La isla energética ibérica
La vulnerabilidad gasística de España enlaza con otro problema: el bloqueo francés a la interconexión con el resto de Europa, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido incapaz de derribar. En los Pirineos apenas hay dos gasoductos de capacidad muy limitada, insuficientes para enviar grandes volúmenes de gas al corazón de Europa. Francia, que abastece al resto del continente de energía nuclear y no quiere competencia, ha impedido el desarrollo de proyectos como el gasoducto MidCat, y España no ha logrado poner a Bruselas de su lado.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado la transición climática, apostando todo a las energías renovables, y sólo se acordó del gas durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ya era tarde para acudir al rescate de Europa tras la traumática desconexión del gas ruso, y Madrid se contentó con el BarMar-H2med, un ducto submarino de hidrógeno verde que deberá conectar Barcelona con Marsella para 2030.
Asimismo, aunque España sea la gran potencia europea del GNL, adolece de almacenamiento subterráneo: sus depósitos apenas suponen el 3% de la Unión Europea y llenos sólo bastan para cubrir el 10% de su consumo anual. Ese desequilibrio nos hace dependientes del just-in-time, la descarga constante de buques metaneros en nuestros puertos. Si hay una tormenta en el Atlántico o un conflicto en el golfo Pérsico, como el actual, el precio del gas se descontrola porque no tenemos reservas estratégicas para resistir varios meses.
Paradójicamente, la apuesta por las renovables no reduce la dependencia del gas. Que España genere más de la mitad de su electricidad con energías verdes abarata la factura de la luz y nos hace más autónomos, pero no desplaza al gas. Al contrario: el gas natural sigue siendo indispensable por el llamado “hueco térmico”, la demanda que debe ser cubierta por este tipo de energía cuando no hace sol o el viento no sopla.
Por si fuera poco, hoy en día el gas es una energía insustituible para la industria, especialmente para la cerámica, la química o la siderurgia, que necesitan alcanzar temperaturas muy elevadas que sólo el gas proporciona de forma eficiente. En consecuencia, la demanda convencional de gas —industria, comercios y hogares— acapara el 70% del total nacional de esta energía.
Con el carbón desfasado y el abandono de la nuclear en el horizonte, el gas será una energía aún más crítica para el sistema eléctrico español, como ya anticipó el apagón y el posterior pico en la demanda de gas. Su uso podrá ser más marginal y tener un menor impacto en el precio final de la electricidad, pero sin un suministro estable, sólido y diversificado, la seguridad energética española seguirá expuesta a sacudidas geopolíticas globales. El hub gasístico de Europa necesita una política exterior que en lugar de zancadillear su proyección reme a favor de sus intereses para terminar de consolidarse.
Qué rápido va la vida. Fíjate como se ha quedado equivocado el artículo cuando hace dos días Argelia «premió» a España con mandar gas casi al máximo de capacidad.