España controla el espacio aéreo del Sáhara Occidental desde 1947 y lo mantuvo después de su salida del territorio en 1976 como una solución provisional. Sin embargo, este control empezó a tambalear en 2022, con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Desde entonces, Rabat ha fortalecido su control aéreo sin hacer ruido, fortaleciendo la ocupación del territorio y comprometiendo el futuro del pueblo saharaui y la seguridad de las operaciones aéreas en la región.
España gestiona un cielo que no es suyo
España entró en 1947 en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la agencia de Naciones Unidas que reparte el control del tráfico aéreo mundial. En aquel momento, el Sáhara formaba parte de la llamada África Occidental Española, y su espacio aéreo quedó integrado en la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) de Canarias. Esta es una de las tres regiones de información de vuelo que gestiona el Estado español, junto a las de Madrid y Barcelona, a través del ente público Enaire.
En 1976, España abandonó el Sáhara Occidental mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, la ONU no reconoció el tratado ya que considera al Sáhara como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar y a España potencia administradora. Por tanto, la OACI decidió que España siguiera gestionando su espacio aéreo mientras la soberanía siguiera sin resolverse. No es raro que un Estado gestione parte del espacio aéreo de otro: Estados Unidos y Canadá o España y Portugal tienen acuerdos similares por eficiencia operativa.
Ya en marzo de 2022, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI en la que anunciaba un cambio histórico en la posición de España sobre el Sáhara Occidental: reconocía el plan de autonomía de Marruecos como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Pocas semanas después, ambos Gobiernos formalizaron el nuevo marco de relaciones con una declaración conjunta que reiteraba ese apoyo y establecía una hoja de ruta de dieciséis puntos. El séptimo apenas trascendió: España y Marruecos iniciarían “conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”.
Pero la cuestión ha escalado desde entonces. En 2024, varios grupos parlamentarios en el Senado preguntaron si se planeaba ceder el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental. El Gobierno remitió al séptimo punto de las conversaciones, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó el tema de “extrañas teorías de complot”. La discusión se agravó por la filtración de que el Ministerio de Transporte buscaría trasladar la gestión de los servicios de navegación aérea del espacio aéreo del Sáhara a Marruecos. En respuesta, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para frenar cualquier traspaso del control aéreo a Rabat. Aunque delegar la gestión operativa no implica renunciar a la soberanía, como argumenta el Gobierno, el caso del Sáhara es distinto: España gestiona un espacio aéreo solo como solución provisional a una descolonización pendiente.
Marruecos avanza sobre el terreno
Aunque el statu quo se mantiene, Marruecos ha avanzado en su control del espacio aéreo del Sáhara a raíz del giro en la posición de España. Documentación interna de la empresa pública operadora de aeropuertos y navegación Aena, publicada por El Independiente en 2024, reconoce que Marruecos había creado en la FIR de Canarias cuatro “zonas peligrosas”. Estos son espacios donde se autoriza actividad, normalmente militar, que supone un riesgo para otras aeronaves, y Rabat las incluyó en su manual aeronáutico de manera unilateral. Sobre esa base, Marruecos ya controlaba entre el 15 y el 20% del espacio aéreo saharaui.
Ese control de facto se apoya en una debilidad técnica. Sobre el Sáhara y el océano al sur de Canarias no hay cobertura de radar, solo de radio, un sistema más limitado en el que los pilotos informan su posición por voz. En una entrevista para El Nacional en 2025, un controlador aéreo en Canarias explicó que para contactar con las torres de El Aaiún o Dajla —las dos principales ciudades costeras del Sáhara Occidental, ocupadas por Marruecos— los controladores españoles primero deben llamar al centro de control marroquí de Agadir. Y no es un territorio pequeño: mide unas doscientas millas náuticas de ancho, hasta trescientos en algunos tramos y cuatrocientos de norte a sur, una extensión similar a cubrir la península ibérica.
Marruecos ha aprovechado ese vacío para construir infraestructura propia. El Aaiún y Dajla ya tienen torres de control operativas, y se está construyendo una nueva en Smara. Hay un ejemplo todavía más claro de ese control silencioso: los drones militares, que Marruecos ha usado en ataques contra el Frente Polisario y que además han dejado víctimas civiles saharauis. La propia Enaire reconoció en 2023 a una consulta de El Salto Diario que esos vuelos no tripulados, por su baja altitud, los gestionan las torres marroquíes sin pasar por el centro de control de Canarias, dejando ese uso militar fuera de la supervisión española.
Los peligros de ceder el espacio aéreo del Sáhara Occidental
Renunciar al control aéreo del Sáhara no sería solo un trámite técnico por parte de España. Supondría desconocer la voluntad del Frente Polisario, reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui, y reconocer de facto una soberanía marroquí que el derecho internacional no avala. También comprometería la seguridad de la navegación: un territorio ya sin radar y con vacíos en el rescate aéreo quedaría en manos de un Estado que, además, lo usa con fines militares. Además, el espacio aéreo permite vigilar el tráfico marítimo y la actividad pesquera en aguas adyacentes, así que perder ese control debilitaría la posición de España en Canarias y en una ruta que conecta Europa, África y América.
Más allá de cómo termine la negociación diplomática, Marruecos ya se ha adelantado. Rabat usó la misma estrategia de hechos consumados en los acuerdos de pesca y agricultura con la Unión Europea, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE los anuló en 2024 porque no tenían el consentimiento saharaui. Con la migración pasa algo parecido: España está en una posición comprometida, porque si presiona a Marruecos para que cumpla el derecho internacional se expone a represalias en materia migratoria o de intercambio de información. A ello se suma el terreno militar, donde Rabat ha estrechado su cooperación con Estados Unidos e Israel, que reconocen su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El espacio aéreo es otra pieza en ese tablero, donde el patrón de hechos consumados lleva años consolidándose por tierra, mar y aire.