El Estado de derecho es un modelo de gobernanza política y social en el que los comportamientos de los miembros de la sociedad de un país se rigen por las leyes del mismo. Este modelo tiene su origen en los Estados modernos, en los que se buscó reducir el poder de los monarcas e instaurar regímenes políticos basados en leyes que no debían violarse ni aplicarse de manera discriminatoria.
Los cuatro principios básicos del Estado de derecho son el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la legalidad de la administración. Se ven reflejados en la igualdad ante la ley de todos los individuos, la no arbitrariedad, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la participación periódica de la sociedad en la toma de decisiones, la libertad de asociación y expresión o la transparencia procesal y legal. Quedan sujetos los ciudadanos de un país, pero también las instituciones públicas y privadas, entre ellas el propio Estado. Así se asegura la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la opresión o los abusos de poder.
El Estado de derecho está protegido
La noción de Estado de derecho está implícita en la Carta de las Naciones Unidas, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde la organización se reconoce que contribuye a proteger los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo social. Por ello, la ONU celebró en 2012 una reunión de alto nivel en la que todos los Estados miembros, la sociedad civil y las ONG se comprometieron a reforzarlo nacional e internacionalmente a través de una Declaración aprobada por consenso.
El Estado de derecho también está reflejado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, como pilar que asegura el cumplimiento de los derechos fundamentales y la democracia entre los miembros. En 2019, la Comisión Europea emprendió una iniciativa para fortalecer el Estado de derecho en la Unión, creando un mecanismo de supervisión e imponiendo sanciones más severas a aquellos miembros que no cumpliesen con lo acordado a nivel comunitario.
Pero muchos países no lo cumplen
La Unión Europea lanzó estos mecanismos ante la preocupación que generan Polonia o Hungría por sus violaciones del Estado de derecho en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, libertad de prensa, educación, la criminalización de personas sin hogar o la independencia y separación de poderes. Además, no todos los países del mundo lo aplican en la misma medida. Aquellos con un régimen democrático son más proclives a hacer cumplir sus principios, aunque desafíos como la corrupción también socavan con frecuencia a numerosas democracias. De igual manera, en los países con regímenes autoritarios es habitual que los principios del Estado de derecho queden relegados a un segundo plano.
La organización World Justice Project contempla ocho criterios para evaluar el cumplimiento con el Estado de derecho en un país: los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la apertura del Gobierno, los derechos fundamentales garantizados, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la penal. En su informe de 2022, el ránking de la organización lo encabezan países europeos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Países Bajos. Por el contrario, en la cola de la lista están Haití, República Democrática del Congo, Afganistán, Camboya y Venezuela.