El cierre de la Administración o cierre del Gobierno federal (government shutdown en inglés) en Estados Unidos se produce cuando el Congreso no llega a un acuerdo sobre los presupuestos anuales para las agencias federales. Esos presupuestos deben ser establecidos por el Congreso y firmados por el presidente. Puede haber discrepancias sobre entre ambas partes o entre las dos cámaras del Congreso —la Cámara de Representantes y el Senado— si tienen mayoría de partidos diferentes. Si no hay acuerdo antes del 1 de octubre, día en que inicia el año fiscal en EE. UU., el Congreso puede prorrogar los presupuestos del año anterior hasta consensuar los nuevos o establecer el cierre del Gobierno. Este se termina cuando las cámaras pactan los nuevos presupuestos federales y el presidente los firma.
Durante el cierre del Gobierno queda suspendida la prestación de servicios federales, incluyendo la recogida de basura, los parques nacionales, los tribunales de inmigración o el Servicio de Impuestos Internos. Puesto que no trabajan, los funcionarios de estos servicios no cobran. Por el contrario, no se suspenden los llamados “servicios esenciales”, como los servicios médicos y de emergencias, el Departamento de Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas, el Departamento de Justicia o el de Veteranos, entre otros. El Servicio Postal también sigue funcionando, pues es una agencia independiente del Gobierno. Los empleados federales que trabajan en estos servicios esenciales tampoco son remunerados durante el cierre, pero reciben una compensación por los días trabajados cuando se reabre la Administración. Por el contrario, el cierre no afecta ni al presidente ni a los congresistas ya que sus ingresos están protegidos.
El cierre del Gobierno de Estados Unidos, un arma de presión
El origen de los cierres del Gobierno está en la Ley de Control Congresual de Presupuestos y Embargos de 1974, que reforzaba el control del Congreso sobre los presupuestos y se controlaba la influencia del presidente en los mismos. Los cierres de la Administración fueron habituales en la década de 1980, durante los dos mandatos de Ronald Reagan, que vetó los presupuestos acordados por el Congreso hasta en ocho ocasiones entre 1981 y 1987. Antes, se habían producido cinco cierres entre 1977 y 1979 durante el mandato de Jimmy Carter; posteriormente, hubo uno con George H. W. Bush en 1990, dos con Bill Clinton en 1995 y 1996, y otro con Barack Obama en 2013, entre otros. El cierre de la Administración más largo hasta la fecha se produjo del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, durante 35 días, siendo presidente Donald Trump.
Trump bloqueó los presupuestos porque buscaba mayor financiación para la construcción del muro en la frontera con México. Hasta ese momento, ningún presidente había sufrido un cierre teniendo su partido mayoría en ambas cámaras del Congreso. El cierre terminó en enero, después de que tomaran posesión los nuevos congresistas salidos de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2018. Los demócratas consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes, forzando a Trump a aceptar mucha menos financiación para el muro de la que había demandado: unos 1.375 millones de dólares frente a los 18.000 millones iniciales.
Los cierres pueden utilizarse como mecanismo de presión política, como prueba el cierre de 2018. En caso de que parte del Congreso o el propio presidente no estén de acuerdo con la propuesta de presupuestos, bloquear la actividad económica en el país es un incentivo para forzar concesiones entre las partes. Estados Unidos se encuentra desde hace años en un ambiente de polarización política y fractura social, agravado con el regreso de Trump al poder el pasado enero. En marzo, el republicano ya evitó un cierre del Gobierno, pero conseguirlo para la nueva fecha límite de este 30 de septiembre se anticipaba más difícil. Finalmente, el cierre del Gobierno se ha producido ante el desacuerdo sobre los subsidios aprobados en pandemia a la ley sanitaria Obamacare, y esta vez tendrá un mayor impacto económico y político.
Por un lado, un cierre del Gobierno en esta ocasión conllevará más incertidumbre económica. La economía estadounidense lleva meses ralentizándose, incluyendo una disminución de la previsión de crecimiento del PIB anual y la caída en la ocupación y el leve aumento del desempleo en agosto. Sobre esa base, un cierre del Gobierno pausará la publicación de datos económicos y laborales, claves tanto para la propia estabilidad como para los inversores y la Reserva Federal. Esta última venía de reducir los tipos de interés para movilizar el mercado laboral. Además, Trump ha amenazado con más recortes y aumentar los despidos masivos que lleva ejecutando desde que volvió al poder, lo que aumentaría la tasa de desempleo.
Por otro lado, el cierre del Gobierno agrava la división política entre demócratas y republicanos. Es un arma de presión para ambas partes, pero esta vez implica un dilema adicional para los demócratas. Además de costes económicos, un cierre del Gobierno tradicionalmente ha tenido costes políticos para el partido que lo promueve. En este caso, el dilema para los demócratas es que, considerando ese coste político, cerrar el Gobierno supone la oportunidad de endurecer la oposición frente a la deriva autoritaria de Trump.
