El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de una elevada popularidad en su país y es famoso fuera de él por su actividad en redes sociales. Pero además de gobernar a través de Twitter o Instagram, durante sus dos años de mandato ha dado muestras de autoritarismo no respetando la separación de poderes ni los derechos humanos o irrumpiendo en la Asamblea Legislativa arropado por militares. Ahora ha impulsado una Ley bitcoin, que se aprobó el pasado 9 de junio y tampoco está exenta de polémica. El texto es escueto y apenas fue debatido en el parlamento: antes de la votación nadie salvo el equipo de Bukele conocía los detalles de la reforma que dará a esta criptomoneda estatus de divisa en el país.
A partir del próximo 7 de septiembre, se podrá usar bitcoin para abonar impuestos y expresar los precios de bienes y servicios, y se aceptará como forma de pago. Pese a esto, el dólar estadounidense, divisa del país desde 2001, seguirá siendo la referencia para la contabilidad oficial. El tipo de cambio entre la criptomoneda y el dólar será el que marque el libre mercado y no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias.
La medida ha sido aplaudida por la comunidad cripto y algunos sectores liberales, ya que el bitcoin funciona de forma descentralizada, es decir, no está controlada por ningún Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los salvadoreños e instituciones como el FMI y el Banco Mundial se muestran escépticos. En parte esto se debe a que la mitad de la población no tiene acceso a internet, por lo que no podrá gestionar pagos digitales, pero también a que el bitcoin se utiliza sobre todo con fines especulativos, lo que hace que su valor sea muy volátil y resulte poco práctico para realizar transacciones.
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