Las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, celebradas en plena pandemia y entre gran polarización, pueden definir el futuro democrático de El Salvador. Según las encuestas, el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) suman una intención de voto del 72,2%, que les podría otorgar una mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa, la única cámara del legislativo salvadoreño, con 84 diputados. Esta consolidaría el “bukelismo” y la derrota de los partidos tradicionales: la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda.
Por si fuera poco, la próxima Asamblea elegirá al nuevo fiscal general de la República y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un órgano clave para mantener el orden democrático y que ya ha frenado al presidente en varias ocasiones. Los salvadoreños también elegirán a los 262 alcaldes del país y a los diputados del Parlamento Centroamericano, que vela por la integración de los países de la región. Con una oposición débil y la gran popularidad de Bukele, el escenario es propicio para que el mandatario consolide su poder y gobierne sin contrapesos.
Los desencuentros de Bukele con la democracia
Nayib Bukele ha hecho retroceder la democracia y el poder institucional de El Salvador en apenas un año de mandato. Su retórica potente y divisora y el gran apoyo popular del que goza han polarizado al país. Ese discurso se ha visto con su desacato a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sus enfrentamientos con la Asamblea Legislativa, en sus intentos de obstaculizar a la Fiscalía, recurriendo incluso a la Policía Nacional Civil, y en su guerra con los medios, a los que desacredita con frecuencia. Además, ha mostrado tendencias dictatoriales sirviéndose de las Fuerzas Armadas. El ejemplo más claro de esto llegó en febrero de 2020, cuando el presidente ordenó a los militares tomar la Asamblea Legislativa después de que la cámara no le autorizara un préstamo de 109 millones de dólares para combatir la delincuencia.
Tras presentarse como la solución a la corrupción endémica en el país, Bukele ha utilizado el aparato del Estado no solo para hacer propaganda de su partido e imagen: también ha sido criticado por un uso irregular de fondos y por abuso de poder. Frente a los escándalos de corrupción sobre su manejo de los recursos para combatir el coronavirus y las investigaciones contra funcionarios, el Gobierno ha insinuado que son una campaña mediática en su contra de cara a las elecciones.
Bukele también ha hecho un llamado a reescribir la historia de la democracia salvadoreña, en su propósito de desacreditar a los partidos de oposición. El presidente tachó de “farsa” y “acuerdo entre corruptos” a los Acuerdos de Paz de 1992, que finalizaron doce años de una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos e inauguraron el periodo democrático en el país. Esa postura cuestiona la base institucional de la democracia salvadoreña y un evento histórico que ha sido fuente de orgullo para sus ciudadanos. Bukele también cambió el nombre de la conmemoración al “Día de las Víctimas del Conflicto Armado” y canceló sus celebraciones.
La provocación más reciente del presidente vino luego de que, en diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia bloqueara la participación en las elecciones de Walter Araujo, un candidato a diputado del partido de Bukele y uno de sus principales aliados. Araujo, conocido por su misoginia en redes sociales, fue inhabilitado por tener un juicio abierto por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres.
El presidente contraatacó acusando de parcialidad a la Corte y puso de foto de perfil en su Twitter la imagen del protagonista de la película satírica estadounidense El Dictador, de 2012. Bukele también cambió su nombre en la red durante unos minutos por el del protagonista de la película, “Admiral General Aladeen”, un líder autoritario que hace lo posible para oprimir a su pueblo. Esta acción fue repudiada por grandes sectores de la población y cuestionada por el director para América de la ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch.
La Asamblea Legislativa, la pieza necesaria para el poder total
El Salvador se asoma a un mapa político incierto, plagado de cansancio popular hacia las fuerzas políticas tradicionales y con un Gobierno que patrocina a su partido en una campaña triunfalista por su gran ventaja en las encuestas. Bajo el lema “Van para afuera”, Nuevas Ideas y Bukele han prometido que quienes han gobernado el país los últimos treinta años serán reemplazados por una “nueva” camada de políticos que trabajarán con el presidente de manera incondicional para beneficio de la población. Además, Nuevas Ideas es el partido que más dinero ha invertido en la campaña electoral desde que empezó en noviembre: de los siete millones de dólares gastados por los distintos partidos hasta enero, el 75% eran suyos.
La campaña electoral de Nuevas Ideas se ha centrado sin tapujos en la marca personal de Bukele, con el lema “Vota por la N de Nayib”. Esto roza los límites del Código Electoral, que prohíbe que el presidente incite al voto para obtener apoyo electoral, aunque esta tendencia ya se ha visto en las elecciones legislativas y municipales. Los índices de aceptación de Bukele se han traducido en apoyo para su partido, y el Gobierno explota para ese fin a los medios públicos, como su estructura de comunicaciones, el Diario El Salvador y el Noticiero Nacional. Para ganar, Nuevas Ideas no solo ha usado el altavoz comunicativo del Gobierno, sino que ha contado con el apoyo de ministros y funcionarios. De momento, el Tribunal Supremo Electoral bloqueó un vídeo del presidente publicado en las redes sociales de Nuevas Ideas, donde llamó a votar por los candidatos que trabajarán con él y a “sacar a los mismos de siempre”, lemas asociados a la campaña de su partido.
Por el otro lado, la oposición de ARENA y el FMLN se proyecta muy débil. Ambos partidos se han visto superados por la falta de credibilidad ante sus actos de corrupción y la exitosa campaña de Nuevas Ideas. Aunque han intentado cambiar esta percepción renovando algunos de sus dirigentes y candidatos, no han conseguido desligarse de la imagen manchada de su pasado. Esto ha provocado un desencanto entre sus seguidores y que muchos candidatos se desvinculasen de los símbolos de ambas formaciones.
La acumulación de poder es peligrosa en cualquier democracia, pero puede serlo aún más cuando a un poder ejecutivo de tendencias autoritarias se le suma un legislativo genuflexo. Hasta el momento, la oposición a Bukele se hacía desde la Asamblea Legislativa, dominada por los partidos tradicionales. Pero la victoria de Nuevas Ideas y GANA le daría a Bukele la posibilidad de gobernar sin contrapesos, sobre todo cuando el principal argumento de campaña de Nuevas Ideas es su apoyo incondicional al presidente. Ese también es el caso de GANA, formación con la que Bukele llegó al poder y que ha adoptado sus colores y simbología. Se estima que Nuevas Ideas y GANA podrían obtener al menos una mayoría simple de 43 diputados, o incluso calificada, con 56, con el apoyo de otros grupos pequeños. Esto permitiría a Bukele reformar la Constitución, controlar el préstamo de fondos o elegir unilateralmente al fiscal general y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
¿Peligra la democracia salvadoreña?
Las elecciones del 28 de febrero pueden ser un nuevo punto de inflexión en la historia democrática de El Salvador. Si Bukele, un líder para el que las prácticas autoritarias son una opción viable para gobernar, consigue el dominio del poder legislativo, la democracia peligrará. Que Nuevas Ideas se convierta en la primera fuerza en la Asamblea Legislativa es la oportunidad que Bukele espera para aumentar su poder y quizá en un futuro perpetuarlo. El propio presidente y varios representantes de Nuevas Ideas ya han dado señales alarmantes, como acusar a funcionarios electorales de conspirar para cometer fraude. Además, se ha creado una comisión a cargo del vicepresidente, Félix Ulloa, que estudiará la reforma de la Constitución para ampliar el periodo presidencial y hacer obligatorio el servicio militar.
El 2021 pinta incierto y tenso para El Salvador. De entrada, el país ha revivido el fantasma de la violencia política, que parecía haber superado: en enero, dos simpatizantes del FMLN fueron asesinados con armas de fuego presuntamente a manos de, entre otros, un policía y un guardia de seguridad del Ministerio de Sanidad. La noticia solo dejó más división, pues el presidente y miembros de su partido insinuaron que se trataba de una jugada más para desacreditarles.
Ante tal situación, quizá el único contrapeso al poder de Bukele pueda venir de fuera del país. En Estados Unidos sus tendencias no han pasado desapercibidas. Algunos congresistas demócratas y republicanos ya expresaron su «profunda preocupación» en septiembre de 2020 por la aparente hostilidad del Gobierno salvadoreño hacia los medios de comunicación y por la «lenta pero segura salida de El Salvador del estado de derecho y las normas de la democracia». En febrero de 2021, varios congresistas demócratas volvieron a presionar a Bukele para que no fomentase divisiones políticas.
La Administración de Joe Biden enfocará de manera distinta su política hacia El Salvador que su predecesor. Según la exembajadora salvadoreña en Washington, Mari Carmen Aponte, el diálogo será más riguroso que con la Administración Trump, esta Casa Blanca no será tan pasiva ante los abusos de poder de Bukele. Queda por ver cuál es la agenda del nuevo Gobierno estadounidense para la región, pero las cuestiones migratorias, el fortalecimiento democrático y la inseguridad ciudadana estarán entre los primeros temas en su lista.
