“Es terrible que ucranianos y rusos mueran, que la gente sufra dificultades y la economía esté colapsando. Tenemos que hacer todo lo necesario para encontrar una salida a este conflicto en un futuro próximo y parar el baño de sangre”. En un comunicado reciente, el hombre con más riqueza de Rusia, Alexéi Mordashov, se mostró así de crítico con la invasión de Ucrania, reflejando un sentimiento que empieza a extenderse por la oligarquía rusa y que amenaza con truncar las ambiciones de Vladímir Putin en su país vecino.
No es para menos: desde que Moscú atacó a Ucrania, las empresas rusas se han desplomado en bolsa, el rublo ha perdido cerca de un 30% de su valor y las sanciones están asfixiando las cuentas de sus magnates. Solo entre el 16 y el 24 de febrero, el día que comenzó la ofensiva, 116 multimillonarios rusos perdieron casi 126.000 millones de dólares.
Los socios occidentales son conscientes de que la oligarquía es una de las correas de trasmisión de la economía de Rusia y han lanzado medidas orientadas a congelar sus activos en el exterior: la UE ha sancionado a 26 personas próximas a Putin y vinculadas con medios de comunicación y Estados Unidos a otras diez personalidades de la élite rusa. No en vano, hasta el 74% de la riqueza de Rusia está en manos del 10% más rico —el 48% en el caso del 1% más poderoso—, según datos de 2021 de la World Inequality Database, mientras que el patrimonio de los 500 oligarcas cuya hacienda supera los 100 millones de dólares supone el 40% de toda la riqueza de los hogares, el triple de la media global.
El problema para Moscú es que, desde la llegada de Putin al poder, gran parte de ese dinero ha ido trasladándose al extranjero. Si atendemos únicamente al 0,01% más rico, el 58% de su patrimonio ya estaba depositado en el exterior en el periodo 2000-2009, una cifra que desciende hasta el 40% en el caso de Reino Unido, el 33% en el de España o el 12% en el de Estados Unidos, según un estudio publicado en 2018.
De acuerdo con el Banco de Rusia, durante los tres primeros trimestres del año pasado la inversión extranjera directa del país arrojó un balance positivo de 29.125 millones de dólares. En otras palabras: los inversores rusos están claramente enfocados al exterior, una estructura que Bruselas, Washington y Londres –hasta ahora muy laxo con las actividades de los oligarcas rusos en su territorio– pretenden atacar.
De hecho, los principales destinos de esa millonaria inversión son Chipre —por razones fiscales pero también porque Nicosia puso muchas facilidades a los magnates que querían escapar del control del Kremlin— y Reino Unido —epicentro del lujo y el real estate rusos—. En este sentido, la UE cuenta con bastante margen de maniobra, ya que Luxemburgo e Irlanda, dos refugios fiscales elegidos por multitud de multinacionales para situar sus sedes, encabezan la lista de países desde los que Moscú recibe más inversión extranjera directa.
Pese a todo esto, aún no está claro el alcance definitivo que tendrán las sanciones que la Unión Europea y los socios occidentales están imponiendo al entramado oligárquico y de poder ruso. Por una parte, la élite rusa con influencia en el Kremlin no es la misma oligarquía que logró amasar ingentes fortunas e influencia política durante los turbulentos años noventa.
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En la reunión que Putin mantuvo durante los primeros días de invasión con los principales hombres de negocios del país, el presidente llegó a lanzar una amenaza velada contra aquellos que dejaran de comerciar con empresas sancionadas por Occidente. Si bien el mandatario también prometió ayudas para las compañías, la reunión demostró cómo ha cambiado el país en los últimos veinte años: hoy, la oligarquía rusa vive sometida a la figura autoritaria de Putin, que desde que llegó al poder a comienzos de los 2000 no ha dudado en aplicar la coerción contra las opiniones disidentes que pudieran aparecer dentro de la oligarquía al tiempo que ha trasladado el eje de influencia a su círculo más cercano.
Por otra parte, las sanciones que ya se impusieron en 2014 sobre Rusia —y que también incluían entre sus objetivos a parte de las grandes compañías estatales— no mostraron demasiada efectividad sobre el entramado de poder económico que sustenta el régimen gubernamental ruso. De acuerdo a un estudio elaborado por una investigadora de la London School of Economics, el ingente apoyo del Kremlin —mediante subsidios y contratos públicos— a las empresas estatales sancionadas durante el periodo 2014-2018 terminó compensando con creces las pérdidas ocasionadas por los castigos económicos, mientras que otras compañías privadas o no sancionadas sufrieron mucho más para hacer frente al nuevo escenario financiero.
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