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El intento de golpe de Estado en España de 1981 o 23F fue el asalto de guardias civiles al Congreso durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Si la transición a la democracia había comenzado con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, para consolidarse requería la salida del Ejército del poder político. El malestar de los militares más conservadores con el nuevo régimen había aumentado con la legalización del Partido Comunista en 1977. Por entonces, la idea de un golpe ya estaba en el aire.
La primera intentona fue la operación Galaxia, desarticulada en noviembre de 1978. Este plan, orquestado por un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, pretendía derrocar al Gobierno de Adolfo Suárez. Aunque su fracaso terminó de propiciar la aprobación de la Constitución un mes más tarde, la indulgencia en la condena de los hechos animó a intentarlo de nuevo.
Para 1981, España se encontraba asediada por el terrorismo de ETA, la crisis económica y la inestabilidad del Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD). En ese contexto, la dimisión de Suárez a finales de enero y las discrepancias sobre el futuro candidato a la presidencia convencieron a los golpistas de atacar la frágil democracia española.
“¡Quieto todo el mundo!”: golpe de Estado en España
En la tarde del 23 de febrero, durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, Tejero irrumpió con un grupo de guardias civiles en el Palacio de las Cortes al grito de “¡quieto todo el mundo!”. El forcejeo con el vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, y tres tiros al techo mostraron la seriedad de los hechos. Sólo Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y el dirigente comunista Santiago Carrillo permanecieron sentados en sus escaños como gesto desafiante a los golpistas. En paralelo, el teniente general Jaime Milans del Bosch declaraba el estado de excepción en Valencia.
Este suceso puso en jaque a la joven democracia española y mantuvo en vilo a todo un país. Sin embargo, la Corona no lo apoyó. El rey Juan Carlos, capitán general de los Ejércitos, pronunció un discurso en Televisión Española en la madrugada del 24 de febrero ordenando a los golpistas acabar con la sublevación. Las palabras del jefe de Estado legitimaron su papel como garante de un régimen democrático que resistía el golpe.
Desacuerdos y presiones
Las discrepancias dentro del núcleo golpista también frustraron la asonada. Los militares sublevados estaban divididos entre el general Alfonso Armada, que pretendía alzarse con la presidencia de un Gobierno de concentración nacional, y Tejero, quien sólo aceptaba una junta militar. Esa falta de postura unánime derivó en la pérdida de apoyos.
Entretanto, los medios de comunicación jugaron un papel esencial. El diario El País publicó una edición especial a las nueve de la noche. Los periódicos se distribuyeron de manera gratuita por las inmediaciones del Congreso con una portada clara: “El País, con la Constitución”. La cobertura de los hechos destacaba el carácter minoritario de la sublevación. Pero la condena al golpe no sólo llegó a través de la prensa, sino que los ciudadanos salieron a las calles. Durante la jornada del 24F, millón y medio de personas se manifestaron en Madrid bajo el lema “por la libertad, la democracia y la Constitución”.
Europa y Estados Unidos se pronuncian sobre el 23F
El 23F coincidió con la negociación entre España y la Comunidad Económica Europea para certificar la adhesión española a la organización. El golpe recibió la condena unánime de sus vecinos occidentales, pues hacía peligrar la viabilidad de la democracia española. Además, un golpe exitoso podría haber sembrado un precedente en las demás naciones europeas. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, incluso lo calificó de “acto terrorista”.
Por el contrario, Estados Unidos tuvo dos reacciones distintas. El secretario de Estado, Alexandre Haig, primero habló del golpe como un “asunto interno español”, pero tras su fracaso declaró el “triunfo de la democracia” en el país. Por su parte, la Santa Sede recibió presiones para pronunciarse a favor de Tejero, aunque al final no lo hizo.
Un año después de los hechos se celebró el macrojuicio del 23F: Tejero, Armada y Milans del Bosch fueron condenados a treinta años de reclusión, y otros militares, guardias civiles y un civil también fueron condenados. Armada fue indultado en 1988, Milans del Bosch salió en libertad condicional en 1990 y Tejero en 1996, ya con la democracia española consolidada.
