La tarde del 3 de agosto de 2020 la sociedad española quedó impactada por una carta. El rey emérito Juan Carlos I anunciaba a su hijo y jefe del Estado, Felipe VI, su intención de abandonar el país. Días después, la Casa Real española confirmaba que se encontraba en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Quien fuera el máximo representante institucional durante más de cuarenta años y figura clave de la Transición democrática, abandonaba el territorio nacional rodeado de numerosas polémicas judiciales. La fiscalía suiza y la española investigan en paralelo las supuestas cuentas que tendría el monarca en diversos refugios fiscales. Las sumas, de en torno a cien millones de dólares, procederían de comisiones que habría recibido el dignatario por promover e impulsar las relaciones comerciales entre grandes empresas de España y las economías de la esfera árabe.
La noticia llega en un momento enormemente delicado e inestable en la política española, que tiene que hacer frente al grave problema de la pandemia de la covid-19, la profunda crisis económica derivada del coronavirus y una fractura institucional sin precedentes en la historia reciente del país. La polarización y crispación marcan el debate entre los líderes políticos, medios de comunicación y ciudadanía. La monarquía se ha convertido en otro elemento más de la discusión y, particularmente, el papel que el rey ha jugado en la política exterior durante tantos años. El epicentro de los problemas de la Casa Real de España se encuentra en las estrechas relaciones personales que Juan Carlos I aún mantiene con las principales dinastías reales y clanes del golfo Pérsico.
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