Política y Sociedad Europa

Las cuentas pendientes de la democracia en España

Las cuentas pendientes de la democracia en España
Leones del Congreso de los Diputados (España). Fuente: Wikipedia

La Constitución española celebra 40 años de vida en un momento clave. Además del propio debate sobre si es o no necesario reformarla, el país enfrenta importantes retos políticos, desde el quiebre del bipartidismo a conflictos territoriales e identitarios. A pesar de todo, España sigue siendo un país con una calidad democrática importante, pero también presenta carencias que pueden hacerla descarrilar.

En el último Índice de Democracia, España figuraba en la 19.ª posición, la última dentro del grupo de “democracias plenas” —aquellas que tienen una puntuación de 8 a 10—. El resto de los países, por tanto, tienen una calidad democrática menor que el Reino de España. Como es lógico, haber alcanzado esta situación es un hito notable teniendo en cuenta la juventud de la democracia española. Pero, 40 años después de que la Constitución actual viese la luz, España sigue presentando carencias democráticas importantes que no solo limitan la capacidad de mejorar su situación, sino que amenazan con restarle todavía más calidad.

Una justicia politizada

Uno de los problemas más evidentes que tiene actualmente la democracia en España es la politización de su justicia, tanto en un sentido estructural como en su gestión. Aunque en los últimos años la situación parece haber mejorado, los altos tribunales continúan muy supeditados a la influencia y el control de los partidos políticos, especialmente los dos grandes —Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE)—.

Un escenario frecuente es la utilización del Tribunal Constitucional, el órgano que debe interpretar la Constitución y asegurarse de que la actuación de otros poderes del Estado se ajuste a ella. Este tribunal es interpelado con frecuencia por los partidos políticos y el Gobierno para bloquear leyes e impedir que progresen en el Parlamento o en la acción de gobierno. También dirime las disputas en competenciales entre Estado y Comunidades Autónomas, lo que es motivo frecuente de choques. Sin deslegitimar el mecanismo, la mayoría de las apelaciones tienen una finalidad meramente partidista, no una creencia firme en la inconstitucionalidad. Probablemente sea el mayor ejercicio de filibusterismo que ocurre en España. Esto, además de generar una espiral de bloqueos entre partidos, satura el tribunal.

Como añadido, queda sembrada la duda cuando el Constitucional tramita recursos de partidos en cuestión de días mientras otros tardan meses e incluso años en ver una resolución. Obviando que no todos los casos revisten la misma complejidad, ha habido frecuentes acusaciones de que el tribunal tiene una agenda propia —o supeditada a los partidos— y prioriza determinados casos y cuestiones según la agenda y no por unos criterios definidos e independientes. Esta situación tampoco debería extrañar: de los doce miembros del tribunal, ocho vienen propuestos por el Parlamento —pactados previamente—, dos por el Gobierno y dos por el Congreso General del Poder Judicial.

Este último es otro de los casos habituales de disputa política y con cuestionamiento de su independencia judicial por ser el órgano que controla la judicatura española. Aunque el objetivo inicial fuese dotar al órgano de profesionales experimentados y cualificados y evitar amiguismos entre los jueces, esas intenciones han sido sustituidas por un reparto de sillones desde los distintos partidos del Parlamento, lo que genera lealtades, clientelismos e imbricación de ambos poderes. Tal es la carencia que tiene España en este sentido que, de 20 países estudiados de la Unión Europea, España es, solo por delante de Polonia, el país que menos independencia tiene en este aspecto. El resto de los países analizados dejan la elección de órganos equivalentes en manos de los jueces.

La mayoría de los países comunitarios dejan en manos de los jueces la selección y elección de los que integran el máximo órgano de la judicatura. No es el caso de España o Polonia. Fuente: Comisión Europea

No son los únicos casos. El Tribunal Supremo está compuesto por los jueces designados por el Consejo, por lo que también está, de forma indirecta, bajo la influencia del Parlamento. Hasta la Audiencia Nacional, un tribunal orientado de forma especial a la lucha antiterrorista, contra el crimen organizado y la corrupción, entre otros delitos, ha sido instrumentalizada en los últimos tiempos para criminalizar discursos que algunos interpretan como “apología del terrorismo”. Tal es el nivel de esta paradoja que, desde el final de la actividad terrorista de ETA en España en 2011, los casos de apología se han quintuplicado.

Este sistema y actitudes tienen un claro impacto en la visión ciudadana de la justicia. Aunque la percepción en cuanto a la independencia judicial lleva una tendencia positiva, sigue siendo de las peores de la Unión Europea: menos de un 40% de la población española cree que es, al menos, buena. Esto, a su vez, está relacionado con el clima general de corrupción que percibe la ciudadanía española. La mejora puede deberse a que en los últimos años se han destapado e instruido numerosos casos de corrupción, con condenas de personajes relevantes de la política y el mundo empresarial español —incluido un miembro de la familia real—. Sin embargo, se sigue percibiendo que, especialmente, los políticos tienen una influencia excesiva en el sistema judicial y este, a su vez, los protege.

Para ampliar: “The 2018 EU Justicie Scoreboard”, Comisión Europea, 2018

Escasa transparencia y rendición de cuentas

 La adecuada rendición de cuentas de los cargos y recursos públicos es un requisito indispensable para una correcta gestión y de cara a reforzar la legitimidad y funcionamiento del sistema democrático. Y todo eso, en España, todavía está en pañales. A menudo se concibe la rendición de cuentas como una simple fiscalización y transparencia en el gasto público o, a lo sumo, la facilidad de acceso a ese tipo de información. Pero, en una concepción más amplia de la rendición de cuentas, aquella que responsabiliza a los gestores públicos —también políticos— de su labor, España presenta carencias importantes.

Es cierto que en este apartado España ha experimentado algunas mejoras en los últimos tiempos gracias a una mayor visibilización y condena social de la corrupción y a ciertas mejoras legislativas. La más importante fue la Ley de Transparencia, aprobada en 2013, que establecía unas bases para obligar a la Administración a hacer pública su gestión y otorgaba unas garantías mínimas a quienes solicitaban acceder a este tipo de información. Este sistema, no obstante, tiene carencias importantes desde su nacimiento, como han denunciado organizaciones como Transparencia Internacional. Estas carencias ralentizan la adaptación de las distintas Administraciones a una lógica por la que deben hacer pública su actividad, y todavía se observan trabas y negativas por parte de determinados organismos públicos.

Para ampliar: “The bumpy road to transparency in Spain”, José Javier Olivas y Fabrizio Scrollini, 2013

Si esta aplicación, para la que existen leyes e instituciones que se encargan de vigilarla, es laxa en el caso de las Administraciones, en actores que apenas tienen control o un castigo —legal, político o social— esto está todavía menos presente. El Tribunal de Cuentas se encarga de auditar, entre otras cosas, las cuentas de los partidos políticos. Las irregularidades que ha encontrado a lo largo de los últimos tiempos son numerosas y en prácticamente todas las formaciones políticas. Sin embargo, sus resoluciones se han llevado a cabo varios años después de producirse la supuesta irregularidad, por lo que apenas tienen consecuencias.

Tal es así que, en el apogeo de la crisis económica, se hizo habitual la broma de que “Dimitir no es un nombre ruso”. No es nada frecuente la dimisión en la política española, y esto genera una desafección importante en la ciudadanía al percibir que los responsables políticos no se hacen cargo de sus decisiones y errores. La lista de escándalos relacionados con políticos de todos los partidos que han conservado el cargo es mucho más extensa que la lista de responsables que han decidido abandonarlo al no verse legitimados para seguir en él. Esto, en el fondo, es la consecuencia de una cultura política deficiente.

La ausencia de rendición de cuentas en España ha llevado, entre otros factores, a un descrédito importante de muchos actores e instituciones públicas y privadas. Fuente: Statista

Una vía de agua llamada corrupción

 La corrupción es, quizás, el gran problema actual de la democracia española. Buena parte de la crisis del sistema que se ha vivido en los últimos años tiene como origen la extendida corrupción estructural en España; la cifra que cuantifica este fenómeno puede ir desde 25.000 hasta 90.000 millones de euros al año. Además, la corrupción en España se ha desarrollado especialmente al calor de la burbuja inmobiliaria surgida a principios de siglo; buena parte de esos miles de millones han acabado en sobrecostes de obras públicas, que a su vez venían dados por sobornos a políticos y tráficos de influencias.

Por eso, cuando la burbuja explotó, el sistema de corrupción afloró y se generó una nueva bola de nieve: a medida que se iban destapando los primeros casos, la sociedad y los medios de comunicación se iban sensibilizando más acerca de los niveles delictivos que se habían alcanzado durante los años anteriores, lo que a su vez generaba la aparición de nuevos casos. Una década después de que comenzase la crisis, la ciudadanía española es una de las más intransigentes y concienciadas con la corrupción de toda la Unión Europea.

No obstante, se asiste a una paradoja llamativa en este tema: a pesar de que la sociedad española condena de manera firme la corrupción y percibe que esta se encuentra ampliamente extendida en el sistema, especialmente en el mundo político y económico, no se traduce en un castigo efectivo de sus responsables. En ese sentido, existe una condena nominal y una permisividad formal, ya que agrupaciones con importantes casos de corrupción a sus espaldas —PP, PSOE o la antigua Convergencia y Unión en Cataluña— mantienen cuotas de poder protagónicas.

Una radiografía —necesariamente limitada— de la corrupción en España evidencia que a lo largo de los años se han detraído miles de millones de fondos públicos y privados. Fuente: Bez

No conviene concluir tampoco que la corrupción ha salido gratis. Numerosos ministros, presidentes y consejeros autonómicos y otros cargos públicos han sido procesados por distintos delitos relacionados con la corrupción. Incluso la propia formación que hace bien poco ostentaba el Gobierno, el PP, ha sido condenada por financiación ilegal. Esto ha supuesto una clara erosión de su legitimidad y apoyo político. Que España haya pasado de un sistema bipartidista a cuatripartidista en pocos años es consecuencia directa de la corrupción.

Para ampliar: “El quiebre del sistema de partidos español”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2015

Sin embargo, sería muy extraño que existiese una élite política y económica altamente corrupta en una sociedad virtuosa. Al igual que España es uno de los países de Europa con una mayor percepción de la corrupción, es también uno de los países de la Unión Europea —exceptuando Europa del este— en los que una mayor proporción de la economía funciona de forma sumergida. Así, una parte importante del trabajo y la actividad económica permanece fuera del radar de la fiscalidad, lo que detrae recursos públicos y mina la confianza en el sistema. No en vano, se trata de un círculo vicioso: al no fiarse del sistema por corrupto, se intenta evitar aportar recursos para que no se malogren —al menos esa es la justificación—, por lo que el sistema, a su vez, carece de medios para luchar contra las malas prácticas.

La corrupción es sistémica en España, como en muchos otros países mediterráneos. No tan curiosamente, los países desarrollados que más corrupción perciben son aquellos con mayor porcentaje de su economía fuera del radar fiscal. Fuente: Statista

La Ley Mordaza o cómo atrincherarse en el sistema

Uno de los mayores peligros para la democracia es creer que supone un camino lineal, un lugar finito alcanzable, cuando lo cierto es que es —o debería ser— una forma de gestionar de forma justa y legítima los asuntos públicos de manera continua y sin ningún tipo de horizonte más allá de mejorar y pulir el propio sistema. Cuando la primera lógica se asienta, es relativamente fácil perder lo ganado una vez alcanzado el supuesto óptimo.

Ese retroceso se ha producido en los últimos años en España. En un intento por detener la creciente oleada de protestas y la organización de movimientos sociales que se venía dando desde el 15M y que amenazaba con hacerle pasar al PP una revolución similar a la que vivió el PSOE en 2011, el Partido Popular decidió legislar —aprovechando su mayoría absoluta en el Parlamento— a favor de una mayor criminalización de las protestas públicas, algo que fue criticado por distintas organizaciones e instituciones como un ataque directo a derechos fundamentales como los de reunión, manifestación o información.

Esta ley sigue vigente. Aunque el nuevo Gobierno socialista prometió derogarla, su tramitación se ha quedado atascada en el Parlamento, desplazada por asuntos que ocupan la agenda política del momento, como la crisis en Cataluña, las reformas económicas o la batería de elecciones que se perfilan en el horizonte de 2019.

Carencias en la cultura política

 Muchas de las disfuncionalidades estructurales o institucionales en un país tienen parte de su origen en la sociedad. Las que afectan a España se basan en una cultura política deficiente en muchos aspectos y que además parece estar empeorando en algunos aspectos relevantes. No es fácil hacer un diagnóstico cristalino; la cultura política de un lugar no deja de ser unas generalizaciones que se entrelazan con dinámicas políticas, económicas e históricas. Todo ello acaba reproduciéndose en forma de actitudes y prácticas nocivas para el sistema en general.

En primer lugar, existe una tendencia preocupante a la patrimonialización de las instituciones, tanto en el discurso como en la práctica. El máximo exponente de lo primero es el PP, que de forma recurrente mantiene argumentos cuyo fondo denota una autolegitimación de su derecho natural a gobernar. Propuestas como la reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada es un puenteo a la lógica parlamentaria vigente en España, así como los frecuentes ataques a otros partidos por formar coaliciones de gobierno. La normalización de este tipo de argumentos degrada la lógica democrática al asumir que la alternancia en el poder o el mero juego político es negativo, ya que una formación tiene un derecho por encima del resto a estar en el poder y las reglas de juego han de adaptarse para favorecer esa situación.

Esta lógica, en la práctica, se ha materializado en numerosas ocasiones. No es infrecuente la instrumentalización de los medios de comunicación públicos —estatales o autonómicos— en favor del partido en el Gobierno a tales niveles que incluso desde la Unión Europea se ha llamado la atención. De hecho, es habitual que con cada cambio de Gobierno se releven también las directivas de empresas públicas, algo que podría ser defendible desde el punto de vista de la gestión, pero no del simple relevo por afinidad.

En el caso de la derecha española, esta postura tiene parte de su origen en la herencia posfranquista que se integró en Alianza Popular —un partido reconvertido después en el actual PP— después de la dictadura. Estos sectores, que todavía mantienen una firme fe en que el Estado es suyo, han irradiado esta visión a buena parte del partido y la sociedad. No es el único asunto al que llega esta herencia: la lógica de la Transición en España —útil en su momento— imposibilitó un proceso de justicia transicional, habitual en otros países que han pasado de regímenes dictatoriales a democráticos, lo que permitió a estos sectores reconvertidos mantener sus cuotas de poder y la legitimidad de su discurso. Esto ha marcado la agenda política desde entonces y cualquier intento legal, político o histórico —como la “memoria histórica”— de reparar aquel proceso ha sido atacado por estos sectores.

Para ampliar: “Maniobrar la revuelta: de la Transición española a la estabilización democrática”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2015

Pero no se trata tanto de actitudes atribuibles a sectores o formaciones concretas como dinámicas naturalizadas en la sociedad y que acaban cristalizando de una forma u otra, adaptándose a distintas realidades. Como la identidad nacional. A pesar de ser un Estado moderno desde el siglo XV —con los Reyes Católicos— y una nación desde el siglo XVIII, España es incapaz hoy de encontrar una identidad nacional integradora y respetuosa con la complejidad nacional que alberga. El intento de apropiación de la identidad nacional española por parte de los sectores más a la derecha ha generado un rechazo por parte de la izquierda y nacionalidades periféricas, que, lejos de plantear otra identidad y disputarla, la han cedido y simplemente plantean una confrontación.

España no es el único país de Europa que mantiene cuestiones identitarias abiertas con distintas regiones o naciones en su seno, pero sí que es de los países a los que más les está costando darles un encaje que satisfaga a todos. Fuente: Le Monde diplomatique

Pero también en lo tangible existen debilidades importantes. De las 19 “democracias plenas”, España es de los países que peor desempeño tienen en materia de distribución de ingresos —solo por delante de Nueva Zelanda—, población en situación de pobreza y desempleo. Si un sistema es incapaz de garantizar o proveer de cierto bienestar a la población, unido a las cifras de corrupción que se manejan en el país, no cabe esperar sino una mayor incidencia de la corrupción y desafección con el sistema, lo que redunda en un deterioro democrático.

Todo esto no debe dar pie a pensar que el país bascula entre la democracia y el autoritarismo o que se encuentra en estándares de hace medio siglo, porque no sería cierto. De hecho, España tiene una situación envidiable en numerosas áreas respecto a otros Estados desarrollados. Simplemente, si se quiere mejorar en algo tan relevante como la calidad democrática, primero se deben detectar los errores. Y España no es perfecta.

2 comentarios

  1. Excelente resumen.

  2. Difiero en algunos puntos de vista pero es una excelente radiografía de nuestra situación