El poder no siempre se apaga cuando un presidente o primer ministro termina su mandato. Un antiguo mandatario puede perder el poder ejecutivo, pero conserva algo menos visible: la memoria interna del Estado, la agenda de quienes mandan y el prestigio de haber ocupado la cima de la política. Esa influencia ya no se ejerce desde el despacho oficial, pero puede seguir operando en reuniones privadas, consejos de administración, fundaciones, conferencias o plataformas de asesoría internacional.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ha vuelto a poner el foco sobre esa segunda vida del poder. Su vinculación con Gate Center, una asociación investigada por presunto lavado de dinero, junto a las investigaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, han reabierto el debate sobre por qué tantos antiguos mandatarios convierten su experiencia pública en influencia privada. La respuesta combina dinero, estatus, continuidad política, proyección ideológica y capacidad de seguir influyendo cerca de los centros de decisión. Todo ello favorecido por una regulación laxa donde proliferan conflictos de intereses.
No es una anomalía española ni un fenómeno nuevo. Casos como el de Zapatero, José María Aznar, el ex primer ministro británico Tony Blair o el excanciller alemán Gerhard Schröder son ejemplos de una red mucho más amplia. Según un estudio del politólogo Fortunato Musella, de 441 líderes democráticos en 78 países entre 1989 y 2012, el 21,4% terminó en actividades de negocio o consultoría.
El valor económico de haber gobernado
Para algunos expresidentes, el fin del mandato abre una oportunidad económica difícil de igualar en cualquier otra etapa de su carrera. Años de gestión pública les dejan un activo muy cotizado: prestigio, contactos y acceso a los principales centros de decisión. Ahí es donde se activan las puertas giratorias, es decir, el paso de antiguos altos cargos desde las instituciones públicas hacia empresas o plataformas privadas que pueden beneficiarse de su experiencia, sus contactos o su conocimiento interno del Estado.
Ese capital puede transformarse en contratos de asesoría o puestos en consejos de administración muy cotizados. Dos años después de dejar la presidencia del Gobierno, Jose María Aznar fichó en 2006 por News Corp, del magnate Rupert Murdoch, donde cobró 4,1 millones de dólares. Ya en 2011 fichó como asesor para Endesa, compañía privatizada durante su mandato, con una retribución cercana a los 200.000 euros anuales. Es mismo año fue contratado como miembro del consejo asesor de la minera australiana Barrick Gold Corporation, la mayor extractora de oro del mundo, junto con el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. Por su parte, el también expresidente del Gobierno, Felipe González, se incorporó en 2010 al consejo de Gas Natural (hoy Naturgy) cobrando 126.000 euros al año.
Las empresas, especialmente aquellas más reguladas como las de energía, defensa o finanzas, están dispuestas a pagar cantidades considerables. En estos casos la rentabilidad no depende sólo de vender más, sino también de obtener licencias, acceder a contratos públicos, anticipar cambios normativos o moverse con ventaja ante decisiones del Estado. La influencia acumulada en la política se convierte así en una fuente potencial de ingresos y en una motivación para exmandatarios a ingresar en lobbies y empresas.
Políticos para siempre
La capacidad de seguir influyendo en la política y de proyectar su ideología es otra motivación detrás de los exmandatarios lobbistas y que atraviesan puertas giratorias. De esta forma, convierten su capital político no sólo en ingresos sino en influencia para seguir cerca de los centro de decisión sin ocupar ya un cargo público. Además, muchas veces el lobby adquiere dimensión geopolítica, mediante el apoyo a regímenes autoritarios donde el beneficio económico resulta mayor que la posible pérdida reputacional.
Tras dejar la política institucional, Aznar pasó a presidir la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank y lobby vinculado al Partido Popular, desde donde continúa su proyecto ideológico. Ya en 2010 puso en marcha la plataforma proisraelí Friends of Israel Initiative. También presidió hasta 2021 el Instituto Bussola, un lobby que contribuye al lavado de cara de Emiratos en Bruselas, tratando de proyectar a los gobernantes autocráticos como fuerzas estabilizadoras en el Golfo.
Zapatero, por su parte, está acusado de usar Gate Center, una entidad presentada como un think tank sin ánimo de lucro al que las investigaciones policiales y periodísticas apuntan a estar operando como un lobby de Pekín. Este lobby estaría dirigido a estrechar lazos con la izquierda latinoamericana y el Grupo de Puebla. Está bajo investigación policial la red de contactos chinos del expresidente, por su posible uso para intermediar la venta de petróleo venezolano a corporaciones controladas por el Gobierno chino.
A su vez, Zapatero ha justificado su papel como “mediador internacional” entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, llegando a viajar a Venezuela hasta 58 veces. También ha admitido su amistad con la actual presidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que preside la Asamblea Nacional. Esa posición ha llevado a analistas y opositores a denunciar una labor de legitimación y lobby en favor del chavismo.
Tony Blair supone un ejemplo más amplio que mezcla proyección ideológica, interés económico y dimensión geopolítica: un antiguo gobernante reconvertido en consultor global. Tras dejar Downing Street en 2007, Blair trabajó para J. P. Morgan y Zurich Financial Services. También creó Tony Blair Associates en 2008, desde donde asesoró a los Gobiernos de Kazajistán, Kuwait o Arabia Saudí, mientras ejercía como enviado internacional para el proceso de paz entre israelíes y palestinos. En 2016 cerró esa consultora y canalizó buena parte de su red a través del Tony Blair Institute for Global Change, el cual en 2025 trabajó con Donald Trump para desarrollar el plan de reconstrucción de la Franja de Gaza.
Gerhard Schröder también combina las motivaciones de un ex primer ministro para continuar su actividad privada: dinero, estatus y continuidad política. Poco antes de dejar la Cancillería alemana en 2005, su Gobierno respaldó el Nord Stream, el gasoducto que conectaba Rusia y Alemania con el mar Báltico argumentando que el proyecto aseguraría la energía alemana del futuro. Tras abandonar el poder, Schröder pasó a presidir el comité de supervisión del Nord Stream 2, vinculado a la empresa rusa Gazprom. Ya en 2017 se incorporó a la cúpula de Rosneft, la petrolera estatal rusa, donde cobraba 350.000 euros anuales. Tras la invasión rusa de Ucrania, su actividad privada se convirtió en un problema para Alemania. Su amistad con el presidente ruso Vladímir Putin y sus vínculos con las energéticas rusas fueron cuestionados, renunció a Rosneft y el Bundestag le retiró la oficina y el personal asignados como excanciller.
La zona gris de la regulación
En el fondo, la falta de regulación facilita que los lobbies proliferen y que en la opinión pública no se distinga entre las organizaciones llevan a cabo abiertamente esa labor de decidir en decisiones políticas y otras que promueven intereses de manera opaca o que ejercen de destino a las puertas giratorias. En 2021, por ejemplo, la defensora del pueblo europeo abrió una investigación por la contratación del diplomático español Jorge Domecq, antiguo director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, por Airbus Defence and Space. Aunque la Agencia aprobó el movimiento con restricciones, la defensora concluyó que había existido mala administración. Basándose en el Estatuto de los Funcionarios de la UE, consideró que las medidas no eran suficientes para evitar el conflicto de intereses y que el traslado debería haberse prohibido.
La legislación europea regula la actividad de los lobbies y los conflictos de intereses a través de un registro para grupos y organizaciones que intentan influir en las políticas europeas. También existen códigos de conducta para altos cargos de la UE, que les obligan a notificar sobre su actividad a la Comisión, y a los eurodiputados se les impuso un periodo sin actividad privada de sólo seis meses tras el estallido del Qatargate en 2022. Aunque en abril de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una directiva para armonizar la lucha contra la corrupción, sigue sin haber una ley europea que regule los lobbies en todo el territorio.
La situación española dista de los estándares de transparencia en otros países occidentales. Un informe de la OCDE publicado en 2026 indicó que España cumple con el 40% de los criterios de regulación de los lobbies pero con un 0% de efectividad práctica, frente a una media del 43% y del 38%, respectivamente. Los mecanismos de control también han tenido impacto limitado: pese a las normas de incompatibilidades para altos cargos de la Ley 3/2015, la Oficina de Conflictos de Interés depende del Ejecutivo y aprueba casi sistemáticamente los saltos de ex altos cargos al sector privado. Asimismo, Cataluña o el Ayuntamiento de Madrid tienen registros propios de lobbies. Sin embargo, en el caso madrileño, un estudio detectó que entre 2018 y 2023, de 6.863 reuniones reales de influencia, sólo 2.494 fueron declaradas en el registro.
El resultado es un sistema fragmentado y con amplias zonas opacas, especialmente comparando con Francia, Canadá o Estados Unidos, donde existen registros nacionales obligatorios, mayores exigencias de transparencia y organismos de supervisión más robustos. En este contexto, el proyecto de ley sobre grupos de interés impulsado en 2025 pretende avanzar en esa dirección mediante un registro obligatorio y nuevas restricciones para antiguos altos cargos. La cuestión no es impedir que un expresidente trabaje después de dejar el cargo, sino saber para quién lo hace, con qué intereses y bajo qué reglas.
