Un atentado el pasado mes de abril dejó veinte muertos en una carretera del Cauca, cerca de la costa pacífica colombiana. Fue el peor ataque contra civiles en años, pero no el único: durante la campaña para las elecciones presidenciales que concluyeron este 21 de junio, Colombia sufrió un repunte de episodios violentos, incluido el asesinato de un precandidato presidencial en 2025 y una ola de más de veinte ataques en dos días en abril. Un recordatorio del conflicto armado que sigue sufriendo Colombia desde mediados del siglo XX y casi diez años después del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Como resultado, Colombia vive la peor situación humanitaria en una década, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El recrudecimiento del conflicto se debe sobre todo a la atomización y extensión territorial de los grupos armados ilegales, que inició durante el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) y se agravó bajo el de Gustavo Petro (2022-2026). La apuesta del presidente izquierdista y su candidato, Iván Cepeda, por negociar en simultáneo con todos los grupos no ha traído la paz. Tampoco lo hará la mano dura, sin diálogos hasta que no haya rendición, que propugna el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador en el preconteo de votos. En el fondo seguirá pesando la capacidad institucional del Estado, motores económicos como el narcotráfico y factores estructurales como la pobreza y el desigual reparto de la tierra.
El conflicto en Colombia ha mutado y se ha atomizado
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