Lo que empezó como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero está desligándose del mineral que durante décadas calentó hogares, impulsó industrias y definió identidades regionales. La transición energética de la Unión Europea implica dejar atrás no sólo una fuente de energía, sino también un modo de vida arraigado en muchas regiones. En concreto, 31 territorios de once Estados miembros están cubiertos por la Iniciativa para las Regiones Carboníferas en Transición (CRiT), implantada en 2017 para ayudar a mitigar las consecuencias sociales de la transición hacia una economía verde.
El carbón genera casi el doble de CO₂ por unidad de energía que el gas natural, y es responsable del 40% de las emisiones globales. Pese al descenso progresivo, en la UE sigue generando el 13% de la electricidad. El objetivo es claro: ser el primer bloque cero emisiones del mundo para 2050, con una reducción de al menos el 55% para 2030.
Sin embargo, como en otros frentes, la situación entre países con el carbón es muy dispar. La mayoría de los Estados miembros cubiertos por la iniciativa de descarbonización se han comprometido a eliminar este mineral de su mix energético antes de 2030, entre ellos España. Pero hay tres rezagados: Alemania (2038), Bulgaria (2040) y Polonia, que no tiene fecha oficial definida. Además, hasta 208.000 puestos de trabajo en la UE están directamente relacionados con la actividad carbonífera, la mayoría de ellos en el sector minero, y por tanto se ven comprometidos por la transición verde.
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