Con Simón Bolívar, Manuel Tirofijo —el fundador de las FARC— y el lema histórico del grupo de fondo, Iván Márquez —antiguo número dos de la guerrilla— anunció al mundo el pasado miércoles 29 de agosto la decisión de una parte de los exguerrilleros de retomar la lucha armada. Márquez hizo el anuncio fusil en mano, vistiendo indumentaria militar y acompañado de otros líderes de peso como Hernán Darío Velásquez El Paisa, Henry Castellanos Romaña y Jesús Santrich, entre otros, y justificó su decisión con estas palabras: “El Estado ha sido secuestrado por los forajidos y la mafia de la corrupción y la impunidad. Rescatarlo y liberarlo está en manos de la nación en masa, del pueblo unido”.
Pese al manifiesto, conviene aclarar que las FARC como tal no vuelven a la lucha armada. Como se ha encargado de señalar Rodrigo Londoño Timochenko, el presidente del partido FARC —Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre que adoptó la guerrilla con su incorporación a la vida política— más del 90% de los exguerrilleros siguen comprometidos con el proceso de paz. Timochenko también ha recalcado la importancia de mantener lo acordado en la firma de la paz de La Habana y de “no engañar a la gente”. Sin embargo, pese al distanciamiento que el líder del partido FARC quiera mostrar con los que hasta hace nada eran sus compañeros de armas, la decisión de volver a la lucha armada no es una novedad. Desde la firma de los acuerdos en 2016 más de 2.300 exmiembros de las FARC han vuelto a tomar las armas.
El descontento entre las filas exguerrilleras no es casual. El proceso de paz que surgió de los acuerdos de La Habana no ha resultado ser tan exitoso como se esperaba: la reincorporación de los exguerrilleros, los programas de sustitución de cultivos de coca y la desmilitarización de las zonas guerrilleras avanzan a un ritmo excesivamente lento. Este fracaso viene motivado por los cambios políticos que se han vivido en Colombia, ya que, con la llegada de Iván Duque al poder en julio de 2018, el país ha vivido una creciente polarización en torno a la cuestión de la paz. Las políticas gubernamentales han estado muy centradas en reforzar el peso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, y la criticada Estrategia de Seguridad del Gobierno de Duque no dejaba lugar a la interpretación: la mano dura había regresado a la política colombiana. La presión de las corrientes más conservadoras del Centro Democrático —el partido del presidente Iván Duque y de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe— y el uso de los acuerdos como herramienta partidista han favorecido un escenario de estancamiento y violencia.
La consecuente inseguridad que viven muchos exguerrilleros y defensores de la paz tampoco ha ayudado a evitar esta situación. Desde la firma de los acuerdos más de 630 líderes sociales han sido asesinados, sin contar a los más de 137 exguerrilleros y 40 familiares de exguerrilleros. El propio Márquez, durante la lectura de su manifiesto, ha hecho referencia a la responsabilidad que tiene su grupo de proteger al pueblo y de no permanecer impasible ante el abuso y la violencia de la “oligarquía uribista”.
Para ampliar: “Mientras los líderes sociales sigan muriendo no habrá paz en Colombia”, Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2019
A esto hay que sumarle las divisiones internas que se han ido fraguando en las FARC durante la negociación y firma de la paz, y las dificultades para mantener la cohesión del nuevo partido político. Márquez es conocido por su oposición a los acuerdos firmados en La Habana y por haber disputado el poder a Rodrigo Londoño en el primer congreso del partido en 2017. Además, el escaso éxito político que el partido tuvo en las elecciones legislativas de 2018 —donde recibió poco más de 55.000 votos y consiguió representación solo porque los acuerdos se la garantizaban—, ha sembrado aún más dudas sobre si el camino elegido es el correcto. Tal perspectiva de futuro hace difícil que se cree una cohesión interna y que no acaben surgiendo disidencias como la de Márquez, u otros que han optado por retomar las armas estos meses.
Por último, desde hace meses se viene advirtiendo un intento de los líderes de las disidencias de las FARC por reconstruir una fuerza guerrillera a nivel nacional. Uno de los más conocidos es el comandante conocido como Gentil Duarte, que en 2016 se mostró contrario a la firma de los acuerdos, nunca llegó a abandonar las armas, y a quien se señala como la cabeza detrás de este proyecto de reconstrucción. Disidentes de las FARC como Duarte continuaron su actividad vinculados a economías ilegales, y en los últimos tiempos su número ha aumentado. Junto al avance en las antiguas zonas controladas por las FARC de otros grupos como el ELN, este aumento de las disidencias ha favorecido el fortalecimiento del discurso favorable a la recomposición de la guerrilla.
Además, la situación regional favorece el resurgimiento de la lucha armada de la guerrilla. La inestabilidad que vive la vecina Venezuela y el enfrentamiento entre los Gobiernos de Caracas y Bogotá hace que la cuestión guerrillera se convierta en una herramienta geopolítica. El Gobierno de Maduro, haciendo la vista gorda ante la actividad guerrillera colombiana dentro de sus fronteras, ayuda indirectamente a los grupos armados y presiona a Colombia. Por su lado, las corrientes conservadoras colombianas y el Gobierno de Duque utilizan la amenaza bolivariana como una forma de ganar apoyo popular.
En un contexto como este son muchos los exguerrilleros que se han visto forzados a elegir entre dos opciones. Por un lado, mantenerse en el camino y el marco de los acuerdos de paz; un proceso que, como ha quedado demostrado, no progresa al ritmo que debe y en el que muchos ven amenazadas a diario sus vidas y las de sus familiares. La otra opción, elegida por Márquez y algunos otros, es la de retomar las armas. Los disidentes justifican esta decisión en la indefensión y la violencia que enfrentan ellos y la totalidad del pueblo colombiano. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que tanto Márquez como Santrich están acusados de narcotráfico por el Gobierno estadounidense y que la vuelta a las armas también supone una vuelta a las actividades ilegales.
En el plano político, la decisión de resucitar a la guerrilla de las FARC puede tener una víctima colateral: la izquierda colombiana. Hay una enorme contradicción argumentativa en la imagen que la nueva guerrilla quiere proyectar y en el fondo de su decisión. Márquez ha defendido la necesidad de retomar la lucha armada amparándose en que esta es la única vía para poder ejercer presión al Gobierno y proteger al pueblo. Sin embargo, después de un conflicto que ha costado la vida a cerca de un millón de colombianos y que ha provocado el desplazamiento de más de 7 millones, esta decisión puede no ser muy bien recibida por la sociedad colombiana. Querer justificar la paz retomando a las armas no tiene cabida en la Colombia post-acuerdos de 2016.
Para ampliar: “La guerra de 50 años de las FARC”, Mar Romero en El Orden Mundial, 2019
De hecho, no pasó mucho tiempo desde el anuncio hasta que las corrientes de izquierdas favorables a la paz y el partido FARC mostraran su rechazo a la decisión de Márquez. El surgimiento de una nueva guerrilla de las FARC pone en aprietos a los defensores de la paz, no solamente porque revela las fracturas internas que existen en el movimiento, sino porque les obliga a enfrentarse directamente a los que fueran sus compañeros en este camino y da la razón indirectamente a algunos argumentos de las corrientes conservadoras uribistas.
Es precisamente a estos sectores conservadores a los que mejor le viene la decisión de Márquez. El senador Álvaro Uribe —considerado verdadero líder a la sombra de Duque— no tardó en hacer unas declaraciones públicas contra el manifiesto de Márquez y contra el proceso de paz en su conjunto, llegando incluso a acusar al expresidente Juan Manuel Santos —responsable de la negociación y la firma de los acuerdos— de haber fomentado la impunidad de los exguerrilleros y de ser prácticamente el causante de la situación actual que vive el país.
En una línea similar se ha manifestado el presidente Duque. Pese a que en su declaración oficial mantuvo la formalidad que corresponde a su cargo, de los alrededor de cinco minutos que duró su discurso solamente dedicó unos escasos treinta segundos a recalcar la necesidad de trabajar y apoyar a los que continúan en el camino de la paz. El resto estuvo marcado por una retórica combativa por la cual el Gobierno considera que se enfrenta a “una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro”. El presidente ha reiterado este mensaje durante todas las declaraciones y discursos que ha dado en los días sucesivos. Así, la vuelta a las armas de las FARC ha sido gasolina para el conservadurismo colombiano, dándole legitimidad a su discurso y políticas de seguridad. También aumenta el riesgo de que se extienda aún más la impunidad de crímenes contra líderes sociales, regresen los temidos falsos positivos o prolifere la actividad de los grupos paramilitares.
Entre los guerrilleros, la presencia de líderes históricos como Márquez o Santrich puede tener cierto calado y atraer a otros disidentes, mandos intermedios cercanos u otros frentes guerrilleros con mayor nivel de coordinación, como los que se encuentran bajo la influencia de Duarte. Sin embargo, la resurrección de las FARC como grupo guerrillero no va a suponer mayor inestabilidad para el país a corto plazo, ya que los disidentes no tienen la capacidad ni la organización que poseían años antes de la desmovilización, y por lo tanto no se va a volver a la violencia que Colombia sufría hace dos décadas.
Sin embargo, sí que se corre el riesgo de debilitar aún más el proceso de paz y de dar un mayor empuje al revanchismo que ha venido dominando la política nacional desde la llegada del gobierno de Iván Duque. Y a la presión que el uribismo ejerce al Gobierno en la aplicación de los acuerdos se le añade la que ahora llevarán a cabo los disidentes y esta nuevas FARC. Dos extremos de un conflicto histórico que se nutren del odio entre colombianos y que se retroalimentan. Los defensores de la paz deberán unirse para evitar que la historia de traición, violencia y revancha vuelva a gobernar Colombia.
Para ampliar: “Colombia, la paz que nunca llega”, Elena Jiménez en El Orden Mundial, 2019