Según el último informe de INDEPAZ —instituto colombiano especializado en estudiar la paz en el país—, actualizado hasta el 26 de julio de 2019, desde que se firmaron los acuerdos de paz en noviembre 2016 han sido asesinados 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Si se toman los datos desde enero de 2016, esta cifra aumenta a 728. Eso sin tener en cuenta a los 137 exguerrilleros de las FARC ni a los 37 familiares de exguerrilleros asesinados en el mismo periodo. Todos ellos firmantes de los acuerdos de paz y en proceso de reincorporación en el marco de estos acuerdos.
La violencia no se da en zonas concretas, sino que se encuentra repartida a lo largo y ancho del territorio colombiano. Bien es cierto que se concentra más en unas regiones que otras. En 2018 solo ha habido cuatro departamentos en todo el país en los que no ha sido asesinado ningún líder social. Esto supone que más del 87% de los departamentos de Colombia han sufrido violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los ataques se concentran especialmente en la costa del Pacífico. Desde el 2016, los departamentos que encabezan la lista negra de homicidios de líderes son siempre los mismos: Cauca (156 asesinatos), Antioquía (102), Nariño (72) y Valle del Cauca (61 asesinados). Una lista de cadáveres que pesa sobre la totalidad de la sociedad colombiana y que ha puesto de manifiesto que la paz que se pretendía lograr con el acuerdo firmado bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos no es tan fácil de alcanzar.
Para ampliar: “La guerra de 50 años de las FARC”, Mar Romero en El Orden Mundial, 2019
Tras la paz viene la guerra
No existe una única causa que ayude a explicar este aumento de los asesinatos, pero todo tiene como punto central la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el año 2016. Un punto de partida que, sumado a los cambios políticos en el país con la llegada al Gobierno del conservador Iván Duque en agosto de 2018 —discípulo político del expresidente Álvaro Uribe, abiertamente contrario al acuerdo de paz—, han creado un efecto mariposa que hoy se siente en todo Colombia.
Dentro del marco de los acuerdos de paz se preveía un proceso de reincorporación de los exguerrilleros y de revitalización de comunidades y regiones vinculadas a la actividad guerrillera. Entre estos puntos estaba el inicio de proyectos de redistribución de la tierra y de reconversión de cultivos, además del propio desarme de la guerrilla. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz el país ha vivido un cambio en las dinámicas criminales: la desmovilización de las FARC ha generado un vacío de poder que otras organizaciones paramilitares, guerrilleras —especialmente el ELN— y criminales están dispuestas a llenar.
Hay dos elementos clave que mueven a estos grupos: el control de la tierra —que permite el cultivo de coca— y el de recursos como la minería ilegal, fundamentales para la actividad de estas organizaciones. Por esa razón, la violencia se concentra en regiones que tienen una mayor densidad de plantaciones de coca y las que han estado tradicionalmente bajo control de las FARC. Con su desmovilización se ha abierto una lucha por controlar esta gallina de los huevos de oro que el que fue el grupo guerrillero más importante de Colombia ha dejado huérfana.
Y en ese contexto de violencia, los líderes sociales y su búsqueda de la paz son un obstáculo para los grupos que quieren dominar estos territorios. Muchos de ellos, tras la firma de los acuerdos, iniciaron procesos para reorientar la actividad agraria de sus comunidades, con lo que asumieron la responsabilidad de coordinar estas tareas, convirtiéndose así en los principales objetivos de la violencia. Los grupos criminales no se pueden permitir el fin de los asentamientos cocaleros ni prescindir de los ingresos derivados de la minería ilegal. Así, el precio a pagar para muchos líderes y lideresas por trabajar para dejar atrás el pasado de violencia y crimen es la muerte.
La politización de la paz y la violencia
Sin embargo, el cambio político también ha afectado a la violencia que se ejerce contra los líderes sociales. La victoria de Iván Duque ha resucitado las tesis conservadoras de la presidencia de Álvaro Uribe en la década de los 2000. El actual presidente viene de los círculos del uribismo más duro, y eso se ha manifestado en su labor ejecutiva durante este primer año de mandato: con un Congreso dividido, las medidas que el Gobierno ha planteado han estado más centradas en el fomento de una retórica de lucha contra el narco y la guerrilla que en la consecución de los acuerdos de paz. Esta vuelta de la mano dura ha contribuido a polarizar todavía más a la sociedad colombiana, muy dividida en torno a conflicto que asoló el país durante décadas. Las acusaciones cruzadas entre los círculos uribistas y los grupos de izquierdas son constantes, y la paz ya es más una cuestión ideológica que un asunto de Estado.
Para ampliar: “Cuando el ELN resucitó el uribismo en Colombia”, Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2019
Además, el nuevo rumbo marcado por Duque y Uribe también ha facilitado la impunidad de los crímenes contra los líderes sociales. En las regiones del Pacífico, la violencia se concentra especialmente en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas especialmente empobrecida. Al no contar con un apoyo central del Gobierno —que tiende a atribuir la muerte de estos líderes a la violencia derivada de conflictos entre grupos de narcos—, las víctimas se encuentran abandonadas y expuestas. Y si ya de por sí es difícil encontrar a los autores de los asesinatos, si no se cuenta con apoyo institucional es prácticamente imposible. En el 85% de los asesinatos no se conoce quién es el autor. Por si fuera poco, los homicidios representan solamente el 30% de las agresiones que sufren los líderes sociales. No solo se trata de homicidios: también es acoso.
El Gobierno también ha intentando quitarse responsabilidades abriendo una guerra de datos y argumentando que, en realidad, la cifra de líderes asesinados ha disminuído. Sin embargo, esa afirmación es cuestionable dada la dificultad que existe para verificar algunos de los casos, además de que no existe un criterio consensuado entre organismos a la hora de definir qué es exactamente un líder social, y por lo tanto cuántos asesinados de este tipo deben contabilizarse como tales.
No es una lucha de partidos sino de Estado
El asesinato de los líderes sociales se ha convertido en una metáfora del conflicto que vive Colombia. El rechazo de muchos actores políticos y armados a avanzar hacia la paz se materializa en un inmovilismo que acaba con las vidas de aquellos que sí luchan por cambiar la realidad colombiana. Desde las guerrillas y grupos armados que luchan por ampliar su poder en el narcotráfico, pasando por los paramilitares y las compañías mineras que se disputan el territorio, hasta la propia la clase política y el Gobierno mismo. Al no asumir que la diversidad étnica y social en el país está profundamente marcada por la desigualdad y que solo se avanzará protegiendo a quienes luchan por estas comunidades, se expone y condena a los líderes. Y como cabezas de los movimientos sociales, su asesinato desarticula a la comunidad completa.
Para ampliar: “Los paramilitares colombianos, enemigos de la guerrilla”, Victoria Ontiveros en El Orden Mundial, 2018
La desmovilización de las FARC en 2016 contribuyó decisivamente a que las comunidades rurales pudieran desarrollar sus proyectos. Pero para que esa senda se mantenga es necesario que el Gobierno complemente el proceso con políticas de protección, toma de control y restablecimiento del orden nacional. Sin embargo, los líderes han quedado abandonados, sin amparo ante los intereses de los distintos grupos armados. La inclusión de las víctimas y de la sociedad civil en los acuerdos de paz fue algo histórico, pero si no se asegura que estos podrán ser parte de la construcción de la paz, el esfuerzo será en vano. Es necesario un plan nacional para frenar la violencia, asumiendo que estos líderes sociales son asesinados por su condición. Recientemente, Duque ha dado algunos tímidos pasos en esa línea, instado a su Gobierno a proteger más a los líderes, pero este giro parece más motivado por la proximidad de las elecciones municipales —que se celebrarán el 27 de octubre— que por un interés honesto en avanzar hacia la paz.
Colombia corre así el riesgo de volver a la situación de violencia previa a la firma del acuerdo, cuando en ciertas regiones las guerrillas ocupaban el vacío institucional que el Estado no podía llenar. La violencia contra los líderes sociales y la inacción del Gobierno están consiguiendo que las comunidades cedan ante los grupos armados a cambio de protección, permitiendo así que las redes criminales vuelvan a asentarse en esas regiones del país. Y es que los líderes sociales no solo luchan por defender su propia tierra, sino por toda la tierra colombiana; cuando se asesina a uno de ellos se está callando a un defensor de derechos humanos, y las organizaciones criminales ganan terreno para sus actividades ilícitas. Las balas y la violencia siguen frenando una paz que Colombia lleva décadas buscando.
Para ampliar:“Colombia, la paz que nunca llega”, Mar Romero en El Orden Mundial, 2019
