Según el último informe de INDEPAZ —instituto colombiano especializado en estudiar la paz en el país—, actualizado hasta el 26 de julio de 2019, desde que se firmaron los acuerdos de paz en noviembre 2016 han sido asesinados 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Si se toman los datos desde enero de 2016, esta cifra aumenta a 728. Eso sin tener en cuenta a los 137 exguerrilleros de las FARC ni a los 37 familiares de exguerrilleros asesinados en el mismo periodo. Todos ellos firmantes de los acuerdos de paz y en proceso de reincorporación en el marco de estos acuerdos.
La violencia no se da en zonas concretas, sino que se encuentra repartida a lo largo y ancho del territorio colombiano. Bien es cierto que se concentra más en unas regiones que otras. En 2018 solo ha habido cuatro departamentos en todo el país en los que no ha sido asesinado ningún líder social. Esto supone que más del 87% de los departamentos de Colombia han sufrido violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los ataques se concentran especialmente en la costa del Pacífico. Desde el 2016, los departamentos que encabezan la lista negra de homicidios de líderes son siempre los mismos: Cauca (156 asesinatos), Antioquía (102), Nariño (72) y Valle del Cauca (61 asesinados). Una lista de cadáveres que pesa sobre la totalidad de la sociedad colombiana y que ha puesto de manifiesto que la paz que se pretendía lograr con el acuerdo firmado bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos no es tan fácil de alcanzar.
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