Geopolítica América Latina y el Caribe

Los paramilitares colombianos, enemigos de la guerrilla

Los paramilitares colombianos, enemigos de la guerrilla
Autodefensas Unidos de Colombia. Fuente: topimages.com.

Los grupos paramilitares o “autodefensas” surgen en Colombia como un mecanismo de defensa privada de la propiedad frente a las guerrillas de extrema izquierda. Sin embargo, con el tiempo estos grupos establecen relaciones clientelares con las élites locales, las fuerzas armadas y las redes del narcotráfico que dan pie a un uso desmesurado de la violencia en defensa de sus intereses políticos y económicos. Actualmente, los grupos paramilitares siguen controlando aquellos territorios en los que el Estado colombiano no está presente y haciendo del terror un elemento del día a día en la sociedad colombiana.

Colombia se ha caracterizado desde los años sesenta por tener uno de los conflictos armados internos más largos de América Latina. Con más de ocho millones de víctimas registradas de  homicidios, secuestros, torturas, delitos sexuales, reclutamientos involuntarios y, especialmente, desplazamientos forzados, existen pocos colombianos que no hayan percibido las secuelas de la violencia política y social que se ha desarrollado en el país en los últimos 50 años.

La multiplicidad de actores, además de fragmentar y polarizar a la sociedad colombiana, ha dificultado las posibilidades de establecer acuerdos para construir la paz. Por un lado, se encuentran los grupos guerrilleros de extrema izquierda —entre los que destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, que emplean la violencia como mecanismo de insurgencia contra el Estado. Por el otro, están los grupos paramilitares —como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)—, que surgen en oposición a las guerrillas como una herramienta privada de defensa que emplea la violencia para preservar el statu quo y proteger los intereses de ciertos sectores de la población. A estos actores se suman las fuerzas de seguridad estatales, las redes de narcotráfico y las bandas criminales.

Número de víctimas del conflicto entre 1985 y 2013. Fuente: Semana

En un principio, las matanzas se llevaban a cabo en aquellas zonas en las que se concentraba la presencia de grupos guerrilleros, pero con el tiempo —gracias al acercamiento que tuvieron los paramilitares con las élites locales, ciertos sectores de las fuerzas armadas y las redes del narcotráfico— la violencia se trasladó a aquellas zonas en las que la presencia de civiles afectaba a los intereses económicos y políticos de estos actores. Las actuaciones de los paramilitares acabaron teniendo tantas o más víctimas civiles que las guerrillas.

Para ampliar: “Colombia: Tendencias Humanitarias (2015-2017)”, OCHA, 2018

A esto se suman las relaciones clientelares que establecen los grupos paramilitares con ciertos miembros de la clase política, que permitieron su infiltración en los Gobiernos locales, en una especie de para-Estado en el que los límites entre lo legal y lo ilegal se difuminan. Actualmente, a pesar de la desmovilización de las AUC en 2005, los grupos paramilitares siguen controlando aquellos territorios en los que el Estado colombiano no está presente y haciendo del terror un elemento cotidiano de la sociedad colombiana.

La violencia tras La Violencia

Suele atribuirse el inicio del conflicto armado al período que tuvo lugar entre los años 1948 y 1958, popularmente conocido como “La Violencia”. En este período se desarrolló una confrontación particularmente violenta entre grupos afiliados a los partidos Liberal y Conservador que dejó tras de sí un alto número de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados, entre otros. La Violencia terminó con una coalición entre conservadores y liberales conocida como Frente Nacional, por la cual ambas fuerzas políticas acordaron repartirse equitativamente los cargos públicos y alternar cada cuatro años la presidencia del Gobierno.

Sin embargo, con la formación del Frente Nacional no se dio solución a los problemas que aquejaban —entonces y hoy— a la sociedad colombiana. La gran desigualdad económica, las altas tasas de pobreza, los conflictos sobre la posesión de las tierras, los desplazamientos de miles de campesinos y la criminalización de los movimientos sociales siguieron siendo una constante. Estos factores, sumados al contexto internacional de la Guerra Fría y la Revolución cubana, fueron el caldo de cultivo para que los ciudadanos —mayoritariamente campesinos de las zonas rurales y estudiantes— se organizaran y formaran grupos guerrilleros de corte revolucionario, entre los que se encuentran las FARC, de ideología marxista-leninista clásica y vinculadas al Partido Comunista, y el ELN, formado por jóvenes estudiantes de ideología predominantemente castrista.

Frente al surgimiento de las guerrillas y la incapacidad estatal para proteger a la población, el Gobierno promulgó en 1965 el Decreto 3398, mediante el cual se autorizaba la movilización y defensa civil frente a las fuerzas subversivas. Con este decreto, el Estado renunció al monopolio legítimo de la violencia y generó un sistema privado de defensa en el que eran las autodefensas, formadas sobre todo por campesinos contratados por terratenientes, las que defendían la propiedad de las tierras de los grupos insurgentes. A esto se añade el Estatuto de Seguridad de 1978, que aprueba el entonces presidente Julio César Turbay y que da libertad casi total a las fuerzas de seguridad del Estado y a las autodefensas “para enfrentar al amigo interno”, es decir, a todos aquellos que representaran una amenaza al orden. De esta forma, los grupos paramilitares contaban con un respaldo institucional para sus actividades justificado en la preservación del orden interno.

Para ampliar: “De bandidos y señores: Historia general del paramilitarismo en Colombia”, Jhon Bayron Bedoya Sandoval, 2018

El narcoparamilitarismo

Durante los años sesenta y setenta, las guerrillas no contaban con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus planes revolucionarios, por lo que en este período el conflicto armado tuvo una baja intensidad. No fue hasta los años ochenta, con la entrada del capital del narcotráfico en el juego, cuando los enfrentamientos se tornaron más violentos y alcanzaron una mayor magnitud a lo largo del territorio colombiano.

Desde los inicios de la década de los ochenta, la presencia de los grupos revolucionarios resultó perjudicial para las redes narcotraficantes que entonces empezaban a consolidarse en el país. El cobro por las guerrillas a los narcos del denominado gramaje —un impuesto por cada kilo de cocaína producida en sus terrenos ocupados— significaba altos costes económicos, además de perjudicar su imagen y su capacidad de dominación en la zona. Por ello, los narcotraficantes no tardaron en formar alianzas con las autodefensas financiando sus actividades a cambio de la protección de sus intereses políticos y económicos. De esta forma, las autodefensas dejaron de ser tales y comenzaron a ser directamente grupos paramilitares.

No obstante, el nacimiento oficial de los grupos paramilitares ocurre en 1981, año en que Marta Ochoa, hermana de los poderosos narcotraficantes del cartel de Medellín, es secuestrada por el grupo guerrillero M-19 y el cartel decide crear un nuevo grupo paramilitar para enfrentarse a los guerrilleros: el movimiento Muerte a Secuestradores. A partir de entonces, empieza a propagarse el narcoparamilitarismo, el cual, además de confrontar las guerrillas, comienza a ejercer la violencia en las zonas en las que los narcotraficantes tenían algún tipo de interés, con el resultado de desplazamientos, amenazas, secuestros y asesinatos de civiles.

Al narcoparamilitarismo se suma otro factor: el acercamiento de los grupos paramilitares hacia la extrema derecha. Entre los años 1982 y 1986, el entonces presidente Belisario Betancur trata de acercarse a las FARC y el ELN para entablar un diálogo y acordar la paz entre las distintas partes del conflicto. Sin embargo, los sectores más radicales de las fuerzas armadas se opusieron a esta política, lo que los llevó a acercarse a los grupos paramilitares, que se presentaban como la única alternativa a las guerrillas. Esto generó una polarización ideológica en la población colombiana, atrapada entre los grupos armados de extrema izquierda y extrema derecha.

Las zonas con mayor actividad paramilitar coinciden con aquellas en las que se hay más plantaciones de cocaína.

A partir de entonces, los grupos paramilitares siguieron creciendo —aun cuando el Gobierno de Virgilio Bravo deroga el Decreto 3398 en 1989 y prohíbe el paramilitarismo— en una sociedad cada vez más militarizada. De hecho, entre 1996 y 1997 se crean las AUC, el grupo paramilitar más conocido del conflicto, a partir de la fusión de múltiples grupos paramilitares más pequeños como una estrategia de lucha contra las guerrillas.

Para ampliar: “El fenómeno paramilitar en Colombia”, Otty Patiño, 2003

La parapolítica

Además de la lucha contra las fuerzas guerrilleras de extrema izquierda, los vínculos con el narcotráfico y la radicalización hacia la extrema derecha, los grupos paramilitares comenzaron a relacionarse con otros sectores de la sociedad. Poco a poco, alimentados por la debilidad de las instituciones estatales y la descentralización política y administrativa, estos grupos se fueron infiltrando en las clases políticas, adquiriendo puestos de poder en los Gobiernos locales y regionales y consolidándose como un poder más en el territorio colombiano, apoyado por miembros de las élites del país. Este fenómeno de apropiación de los poderes políticos desarrolló un para-Estado en el que se ocupaban los vacíos que dejaba el Estado y se implementaban actuaciones fuera de los límites de la legalidad, lo que se plasma en una cita del líder paramilitar Rodrigo Tovar en 2006 afirmó: “Reemplazamos al Estado en sus funciones […], pues nuestra lucha política nos llevó a eso. Nos tocó reestablecer las funciones que el Estado debía cumplir y nunca hizo”.

El Pacto de Ralito fue firmado en 2002 entre miembros de la clase política y de las AUC. Documento completo

Si bien las relaciones clientelares entre los actores políticos y los grupos paramilitares eran un secreto a voces, no fue hasta 2006, gracias al descubrimiento del Pacto de Ralito, cuando los medios de comunicación pusieron un nombre a este fenómeno: la parapolítica. Es en este momento en el que se hacen públicas dichas relaciones clientelistas entre las fuerzas paramilitares de las AUC y las autoridades colombianas, entre las que se encontraban gobernadores, alcaldes, organismos de seguridad, concejales, parlamentarios y  miembros del poder judicial. Se dio a saber que las acciones políticas de muchos actores estaban relacionadas con los paramilitares, según sus intereses políticos y económicos en la región, mediante contrataciones ilegales, negocios, financiación de campañas electorales, desvío de fondos públicos, etc.

Para ampliar: “Guía práctica para entender el escándalo de la para-política”, Élber Gutiérrez Roa en Semana, 2007

¿Realmente desmovilizados?

Si bien el Gobierno del presidente conservador Álvaro Uribe inició un proceso de desmovilización de las fuerzas parainstitucionales y de reincorporación de los paramilitares a la vida civil mediante la Ley 975 de 2005 —también conocida como la “Ley de Justicia y Paz”—, la realidad es que hasta la actualidad las fuerzas paramilitares continúan teniendo una gran presencia en las zonas rurales del Estado colombiano, ya sea por el surgimiento de nuevos grupos como por la permanencia de antiguos. Organismos internacionales como Naciones Unidas han criticado la aplicación de esta ley sosteniendo que permite la impunidad de los paramilitares tras cometer delitos graves y violaciones de derechos humanos y los dota de facilidades para el ejercicio político. Las críticas tuvieron más fuerza a partir de 2006, año en el que se desarrolla el fenómeno de la parapolítica, del que varios oficialistas formaban parte.

Para ampliar: “Claves para comprender nueva oleada paramilitar en Colombia”, Yesenia Polania Pascuas en SuRegión, 2016

Los informes que se han presentado sobre la presencia de grupos paramilitares reflejan que el paramilitarismo —o neoparamilitarismo después del proceso de desmovilización— sigue vigente —el número de municipios afectados por los grupos sucesores de los paramilitares era de 344 en 2016—. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han realizado denuncias tanto a nivel nacional como internacional sobre la presencia de estos grupos en el territorio colombiano. Sin embargo, actualmente los objetivos de la violencia no son las guerrillas, sino líderes sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras, afrodescendientes, indígenas, etc. Estas persecuciones tienen como objetivo evitar la propagación de las denuncias que estos actores realizan a escala nacional e internacional, detener la restitución de tierras e impedir la restauración de los Gobiernos locales en las zonas que controlan.

El control territorial que ejercen hoy en día los grupos paramilitares tiene como consecuencia principal la perpetuación del terror como un elemento que se ha consolidado y dado forma a las estructuras sociales colombianas. El miedo que se ha ido cultivando por el hostigamiento que ejercen estas organizaciones sobre la población ha implicado a largo plazo un descenso dramático en las tasas de participación política —tanto en términos nacionales como regionales y locales—, lo que se puede ver en la baja participación que hubo en el referéndum para la aprobación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Si bien en 2016 el Gobierno de Juan Manuel Santos logró por fin firmar el acuerdo con la mayor fuerza guerrillera del país, aún queda un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la desmovilización de los actores armados. No obstante, para esto hay que actuar sobre aquellos factores —sobre todo la corrupción de las instituciones y las clases políticas— que permiten la infiltración de los grupos armados en el ejercicio del poder político y su impunidad. El papel del nuevo presidente, Iván Duque, será determinante en este sentido; puede dar fin o continuidad a 50 años de conflicto.

Para ampliar: “¿En qué se diferencia el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC del que fue rechazado en el plebiscito?”, Natalio Cosoy en BBC Mundo, 2016

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