El 17 de enero se producía un ataque con coche bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá. Posteriormente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas activas más importantes del país, reconocía en un comunicado la autoría y lo justificaba amparándose en el supuesto hecho de que se encuentran en guerra. El presidente Iván Duque salía en una rueda de prensa para dejar claro que, de ahora en adelante, no habrá más negociación, que el Gobierno abandonaba la mesa de diálogo de paz porque el ELN había demostrado que “no tiene genuina voluntad de paz”.
Duque, saltándose los protocolos de negociación, emitía una orden de detención contra los miembros del ELN que participan en las negociaciones en la Habana, un gesto sin precedentes en las negociaciones de paz que ha dejado claro que el presidente no se va a andar con rodeos. La mano dura vuelve a Colombia.
El ELN ha demostrado ser incapaz de leer el contexto político en el que se encuentra el país. No solo ha dado fuerza al uribismo de Duque y el Centro Democrático, sino que ha dejado tan desconcertados a quienes apostaban por la paz que muchos empiezan a dudar si realmente hay una solución pacífica para el conflicto. Recordemos que el grupo guerrillero no ha dejado de llevar a cabo ataques y secuestros en las zonas que controla; el de la escuela de cadetes se suma a una larga lista.
Por otro lado, el ELN le ha dejado en bandeja a Duque y al Centro Democrático lo que llevaban tiempo esperando: terminar con el camino de la paz dialogada y volver al sendero de la seguridad democrática, una estrategia política desarrollada por el Gobierno de Álvaro Uribe basada en la lucha directa contra los grupos armados que ha sido muy criticada por el excesivo uso de la fuerza contra la insurgencia. El ataque sirvió a Duque como forma de movilizar a parte de la sociedad colombiana bajo el sentimiento de unidad nacional contra el terrorismo de las guerrillas. El Gobierno ha encontrado sin esperarlo el motivo perfecto para dejar atrás de una vez por todas la herencia de Santos y volver a la línea dura. La acción del ELN ha servido, por lo tanto, para que el Gobierno pueda, con más legitimidad, aplicar las medidas políticas necesarias para terminar —a su manera— con la insurgencia y los grupos criminales.
Las implicaciones
Las consecuencias del ataque del ELN no se quedan exclusivamente en los muertos por la bomba o las manifestaciones en las calles colombianas, sino que se empiezan a plasmar en el contexto político.
La aleatoriedad del ataque ha puesto a muchos pacifistas en contra de la guerrilla. Durante las marchas pudimos ver la polarización que el ataque ha generado, no solamente entre los que apoyan la mano dura y el plomo de Duque y los que defienden la paz, sino entre sectores no uribistas. Están quienes defienden la unidad nacional frente a la violencia y aquellos, como Gustavo Petro, que han advertido del peligro de que esa reivindicación de unidad acabe fagocitada por el nacionalismo del Centro Democrático de Duque y Uribe. Además, la estigmatización de aquellos que defienden el diálogo como forma de alcanzar la paz es cada vez mayor: o estás con Colombia o con la guerrilla, una polarización que tiene unos altos costes políticos y que no todo el mundo puede estar dispuesto a aceptar.
La decisión de aplicar mano dura en las relaciones con el ELN tiene unas consecuencias a largo plazo que Duque no parece estar previendo —o simplemente le da igual—. En este momento es tremendamente útil para la agenda política de Duque romper la negociación y saltarse los protocolos, pero deja en muy mal lugar la capacidad de compromiso de un presidente que ha demostrado no ser muy cumplidor con sus propuestas electorales. La idea central de este neouribismo es volver a aplicar la mano dura contra la guerrilla para debilitarla en el terreno y forzarla a sentarse de nuevo a la mesa de negociaciones. El Gobierno de Uribe y ahora el de Duque parten de la premisa de que en la lucha contra la guerrilla el Derecho internacional humanitario y los marcos jurídicos no son tan importantes. Este es uno de los grandes errores que está cometiendo el Gobierno colombiano: ha sorprendido que haya roto completamente los acuerdos y garantías con el fin de las negociaciones, pero, si lo pensamos, no está tan alejado de la estrategia y las prácticas contra la guerrilla del uribismo.
El problema real de la posición que está adoptando Duque es que dinamita cualquier opción de diálogo mientras él esté en el Gobierno. No solo el ELN no se va a fiar de alguien que no ha respetado los acuerdos; pocos países van a acompañar en la búsqueda de la paz a un Gobierno que, si las cosas se ponen tensas, les va a pedir que no respeten los acuerdos que aceptaron para con el ELN. La tensión con Noruega y Cuba —que, como países mediadores, ven con recelo la petición de saltarse los protocolos de negociación de la paz— y las advertencias de NN. UU. dejan claro a Duque que no es tan sencillo saltarse los acuerdos: no se puede traicionar la voluntad de diálogo de otros Estados y pedir que apliquen la mano dura sin consecuencias.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la nueva estrategia del Gobierno colombiano es que el ELN no son las FARC. La lógica de lucha militar que movía la seguridad democrática de la época de Uribe no se puede aplicar a la lucha contra el ELN por su composición y menor centralización de la estructura de mando. Los Gobiernos anteriores y las Fuerzas Armadas estuvieron centrados en la lucha contra las FARC sin prestar atención a un ELN que, con la desmovilización de estas, ha ido ocupando parte del territorio que las FARC controlaban.
Para ampliar: “La guerra de 50 años de las FARC”, Mar Romero en El Orden Mundial, 2019
Además, el ELN está mucho más descentralizado: hay frentes que no obedecen al núcleo de la guerrilla y que se entremezclan con grupos criminales y de narcotráfico. A esto hay que añadirle que el ELN no tiene una estructura de combatientes como las FARC. Duque está cometiendo un error terrible al pensar que a este grupo se lo puede ganar únicamente con plomo. Su peso social en las regiones en las que está hace que la legitimidad del Estado frente al grupo sea la llave para la victoria. Con la mano dura se erosiona la legitimidad del Estado frente a la guerrilla como un actor garante de la paz y la seguridad.
Por último, si bien es cierto que la lucha contra la guerrilla y los grupos insurgentes no había desaparecido del debate político, los diálogos de paz habían dado espacio mediático a otros problemas de fondo que afectan a la sociedad y economía colombianas. El ataque del ELN, junto con la reacción de Duque y el resurgir del nacionalismo del Centro Democrático, han vuelto a poner el foco en la lucha armada y lo han quitado de asuntos más profundos
que merecen atención. La visibilidad que han ganado las protestas estudiantiles y los escándalos de corrupción pueden verse eclipsados —de nuevo— por el discurso belicoso de las élites castrenses. Uno de los mejores ejemplos es el del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en el centro de las críticas por su relación con el caso Odebrecht y que ha visto cómo el ataque del ELN lo ha puesto en el foco como el héroe encargado de perseguir a los criminales.
¿Qué esperar?
La reacción del Gobierno de Duque no va a quedarse en una mera declaración de intenciones. Supone un punto de inflexión que nos puede llevar a dos estadios diametralmente opuestos.
Uno de ellos es aquel en el que el tirón de orejas de NN. UU. y la crisis diplomática abierta con Noruega y Cuba hagan que Duque se replantee su posición. La posibilidad de perder la legitimidad del diálogo de cara al exterior puede convertirse en una razón de peso para volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Sin embargo, esto depende a su vez de la intención que tenga el ELN; no sería sorprender que se negara al ver la volatilidad del Gobierno colombiano. Este escenario es probable siempre que haya una posición internacional de presión y las fuerzas sociales y políticas de oposición planten cara a la mano dura de Duque.
Sin embargo, si el Gobierno y las fuerzas del Centro Democrático consiguen articular un discurso favorable, estaremos en el segundo —y cada vez más probable— escenario. Uno en el que Duque encuentra justificación en su postura hacia el ELN y el contexto regional favorece su posición. La decisión de enfrentarse al Gobierno de Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela responde a una agenda exterior que tiene su origen en la política interna que está desplegando el líder colombiano. La oposición a Venezuela es una oposición a todo lo que representa el Gobierno de Maduro y la herencia de Hugo Chávez. No es una novedad que el ELN ha encontrado refugio en numerosas ocasiones en el país vecino; de hecho, actualmente tiene presencia en 12 estados venezolanos. En este contexto, la política regional se presenta favorable para Duque: la lucha contra la guerrilla y el Gobierno de Maduro tapan la mala gestión y los escándalos que están salpicando al Gobierno y sus instituciones. El discurso se construye en torno a un nosotros, representado por el Centro Democrático, y un ellos: la guerrilla que ha vivido al amparo de la izquierda nacional y del régimen venezolano.
