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Las maras son organizaciones criminales que operan en países de Centroamérica, principalmente El Salvador. En sus inicios, el término “mara” procedía de “marabunta”, que se refería de forma coloquial a un conjunto de personas o amigos. Sin embargo, su uso se extendió a estos grupos, que operan como pandillas urbanas. Las maras están formadas por menores y adultos que controlan territorios a través de células descentralizadas denominadas “clicas”, y se financian con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Sus integrantes tienen tatuajes, un código de conducta y un lenguaje de señas propios. Las más conocidas son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dividida en Revolucionarios y Sureños.
De los barrios de California a los de Centroamérica
Las maras surgieron en los barrios marginales de las grandes ciudades de California en los años ochenta. Durante esa década, decenas de miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos como consecuencia de la guerra civil que había estallado en 1979 entre el Gobierno conservador y la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una parte de esos jóvenes inmigrantes se integraron en las pandillas californianas. Con el final del conflicto en 1992, Estados Unidos endureció sus políticas migratorias para deportar a los exconvictos nacidos en el extranjero. Como resultado, miles de pandilleros centroamericanos retornaron a sus países de origen y establecieron sus células en Centroamérica.
Las pandillas aprovecharon el contexto político de estos países para expandirse por sus territorios. Se beneficiaron de la corrupción, la debilidad de los Estados, del tráfico de armas y de la pobreza para penetrar especialmente en las áreas urbanas. A finales de los años noventa, el crecimiento de las pandillas provocó que los Gobiernos adoptaran las primeras estrategias para contenerlas. Los planes de Mano Dura en El Salvador, el plan Escoba en Guatemala y el plan Cero Tolerancia en Honduras se basaban en reforzar la presencia policial en las calles y en las encarcelaciones masivas de los pandilleros.
Lejos de frenar a las maras, estas iniciativas facilitaron que sus miembros se concentraran y reorganizaran en cárceles que terminaron sobrepobladas. De igual modo, las maras pasaron del mero control de sus barrios a buscar nuevos negocios, como la extorsión. Las disputas entre pandillas también se recrudecieron, e incluso Barrio 18 se dividió en 2005 entre Revolucionarios y Sureños. El fracaso de estas políticas impulsó un cambio de estrategia en la región. En El Salvador, el nuevo Ejecutivo del FMLN negoció con los líderes mareros, prometiendo beneficios económicos y penitenciarios a cambio de un alto al fuego.
La tregua inicial contribuyó a que la tasa de asesinatos descendiera más de la mitad, pero el fracaso de las negociaciones disparó de nuevo las disputas territoriales entre pandillas. De esta manera, El Salvador se convirtió en el país más violento del planeta. En pleno repunte de la violencia, el nuevo Gobierno del FMLN abandonó la vía conciliadora y lanzó una nueva ofensiva contra las maras. La estrategia de remilitarización logró detener el incremento de los homicidios, pero no acabó con la crisis de inseguridad.
Medidas extremas y poder absoluto: el éxito de Bukele contra las maras
El descontento con los partidos tradicionales y el poder de las maras en El Salvador propiciaron la victoria de Nayib Bukele en las elecciones de 2019. En sus inicios, el presidente salvadoreño mantuvo el descenso de los homicidios. Sin embargo, el diario El Faro reveló que funcionarios clave habían negociado con los líderes mareros para reducir la criminalidad a cambio de beneficios penitenciarios. Ante la ruptura del pacto en marzo de 2022, la Mara Salvatrucha lo confirmó asesinando en un fin de semana a 87 personas.
La respuesta del Gobierno fue declarar el estado de excepción e iniciar la guerra contra las maras. Su estrategia se centró en el uso de medidas legales extremas, una interpretación más laxa de las leyes de mano dura y la concentración del poder político. El mandatario salvadoreño ha aprovechado los poderes extraordinarios del régimen de excepción y su control del poder legislativo y judicial para realizar detenciones sin orden previa o basándose en denuncias anónimas. Estas facultades le permitieron a la policía desarrollar una guerra relámpago en la que ha detenido a más de 75.000 personas. Con estas medidas, Bukele ha logrado desarticular las estructuras de las pandillas y debilitar su control territorial.
