El pasado 12 de junio, mientras los cubanos tenían dos horas de electricidad al día, la Asamblea Nacional aprobó el paquete de medidas económicas más impactante de la historia en la isla. Se trata de 176 cambios que proponen un giro del modelo económico de planificación socialista a una economía liberal de mercado. El Legislativo cubano, de la mano del Partido Comunista, aprobaba en una sesión extraordinaria de apenas unas horas las reformas que había dilatado durante años y que hace unas décadas parecían inconcebibles.
Una semana atrás, el presidente Miguel Díaz-Canel había pedido en total sigilo la comparecencia de un equipo poco común de economistas. Varios de ellos no sólo no pertenecen a los círculos oficiales, sino que publican en medios criminalizados por el Estado con posturas a favor de la apertura de Cuba al mercado. A este equipo se le pidió proponer un paquete de medidas sin censura que pudiese salvar la economía cubana.
Las nuevas regulaciones no sólo amplían el espacio para la propiedad privada y el capital extranjero. También abarcan que personas nacionales y extranjeras puedan adquirir acciones en empresas estatales, la venta de determinados activos estatales, autorizan que una persona posea varias empresas, eliminan límites al crecimiento de las mipymes, y expanden las oportunidades de inversión extranjera. Además, proponen la apertura a la banca privada, la creación de casas de cambio no estatales, un acceso a divisas más flexible y la posibilidad de que empresas privadas y cooperativas exporten e importen directamente.
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