El 3 de febrero de 1962, tres años después del triunfo de la Revolución cubana, el presidente John F. Kennedy firmó la Proclamación Presidencial 3447 que impuso "un embargo a todo comercio con Cuba". Lo que comenzó como una respuesta a la "alineación con las potencias comunistas" en el contexto de la Guerra Fría, terminó por convertirse en uno de los regímenes de sanciones más complejos, duraderos y debatidos del mundo.
Fidel Castro lo llamó en su momento "un ovillo enredado". Era una descripción precisa, porque no se trata, en rigor, de una ley: es un entramado legislativo dinámico, acumulado durante más de seis décadas, que combina órdenes ejecutivas, regulaciones administrativas y leyes del Congreso.
Washington lo llama "embargo"; La Habana, "bloqueo". La diferencia no es solo retórica: Cuba insiste en que sus efectos se extienden más allá de la relación bilateral de los dos países para alcanzar a terceros Estados, empresas, organizaciones extranjeras y personas privadas que nada tienen que ver con el diferendo político entre ambos gobiernos. Ese alcance extraterritorial es el argumento central que distingue un bloqueo de un embargo convencional.
Más allá del debate semántico, lo que sí ha quedado claro sesenta años después es que, mientras transformaban profundamente la política, la economía y la identidad del país, las sanciones no han conseguido su objetivo, mientras que el Gobierno cubano lo ha usado para su propia legitimación.
La arquitectura de las sanciones
Durante las primeras tres décadas desde la Revolución de 1959, la alianza con el bloque soviético le dio oxígeno a Cuba y de cierta forma amortiguó los efectos del bloqueo. Fue en los años noventa, después del colapso de la URSS y la caída del Muro de Berlín, cuando llegaron dos leyes que resultaron determinantes dentro de la maraña de normas que han ido dando forma a las sanciones.
Por un lado, la Ley Torricelli de 1992 o Ley para la Democracia en Cuba prohibió a las subsidiarias de...
