El 3 de febrero de 1962, tres años después del triunfo de la Revolución cubana, el presidente John F. Kennedy firmó la Proclamación Presidencial 3447 que impuso "un embargo a todo comercio con Cuba". Lo que comenzó como una respuesta a la "alineación con las potencias comunistas" en el contexto de la Guerra Fría, terminó por convertirse en uno de los regímenes de sanciones más complejos, duraderos y debatidos del mundo.
Fidel Castro lo llamó en su momento "un ovillo enredado". Era una descripción precisa, porque no se trata, en rigor, de una ley: es un entramado legislativo dinámico, acumulado durante más de seis décadas, que combina órdenes ejecutivas, regulaciones administrativas y leyes del Congreso.
Washington lo llama "embargo"; La Habana, "bloqueo". La diferencia no es solo retórica: Cuba insiste en que sus efectos se extienden más allá de la relación bilateral de los dos países para alcanzar a terceros Estados, empresas, organizaciones extranjeras y personas privadas que nada tienen que ver con el diferendo político entre ambos gobiernos. Ese alcance extraterritorial es el argumento central que distingue un bloqueo de un embargo convencional.
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