El referéndum para la independencia de Escocia de 2014 fue el intento del Gobierno de entonces por separar el territorio del Reino Unido. Con gran parte de la población independentista, el movimiento cuenta con representación parlamentaria, principalmente a través del Partido Nacional Escocés (SNP), y busca la secesión de Escocia para convertirse en un Estado soberano, como lo fue hasta el siglo XVIII.
Del Acta de Unión al referéndum de independencia de Escocia
Escocia había sido un Estado independiente desde el siglo XIV hasta la firma del Acta de Unión de 1707, que constituyó con Inglaterra el Reino Unido de Gran Bretaña. El territorio ha conservado desde entonces su gobierno autónomo y su parlamento, pero muchos escoceses han abogado por la independencia total. Desde su fundación en 1934, el SNP ha sido el principal representante político del independentismo. Esta formación de centroizquierda llegó al poder por primera vez en 2007 bajo el liderazgo de Alex Salmond y prometió negociar con Londres la convocatoria de un referéndum para la independencia de Escocia.
Tras un acuerdo con el Gobierno central del Reino Unido del primer ministro David Cameron, la Administración escocesa anunció en 2013 que el referéndum, aprobado por el Parlamento, tendría lugar el 18 de septiembre de 2014. Sería un año simbólico, pues se conmemorarían setecientos años de la batalla de Bannockburn, decisiva en las guerras de independencia contra los ingleses en el siglo XIV.
El censo fue motivo de discordia entre los dirigentes durante la planificación del referéndum. Desde Westminster, algunos defendieron que todos los británicos debían votar. Por el contrario, Edimburgo pedía que el censo incluyera a los escoceses repartidos por el Reino Unido —un electorado de 700.000 personas— y que la edad mínima para votar bajara de los dieciocho a los dieciséis años. Finalmente, el censo comprendió solo a los residentes en Escocia mayores de dieciséis años y con nacionalidad británica o de algún país de la Unión Europea o la Commonwealth, unos 4.300.000 electores.
Durante la campaña, más allá de cuestiones como el patriotismo y el sentimiento escocés, los independentistas hicieron hincapié en las ventajas que tendría para una Escocia independiente la gestión total de sus recursos naturales, como las reservas energéticas de hidrocarburos y energías renovables. Por su parte, los partidarios de la permanencia defendieron la identidad británica y la conveniencia económica y política de seguir en el Reino Unido. Otro asunto económico fue la moneda: la intención de Alex Salmond, entonces ministro principal escocés, era conservar la libra esterlina, aunque también se meditó la creación de una nueva divisa o la incorporación al euro. Asimismo, Salmond aseguró que Escocia mantendría a la reina Isabel II como monarca, igual que otros países de la Commonwealth.
La participación en el referéndum de independencia de 2014, de un 84,6%, fue la más alta registrada para un plebiscito o elección en el Reino Unido desde las elecciones generales de 1910, previas al sufragio universal. El resultado se decantó del lado unionista, con un 55% en contra de la independencia y un 44% a favor, y fue bien recibido en Londres, así como en la mayoría de sectores de la Unión Europea y Gobiernos nacionales como el español. Los independentistas aceptaron la derrota, pero no se darían por vencidos.
Hacia un segundo referéndum
Desde la campaña para el referéndum de independencia de 2014 también se ha prestado atención a la relación con la Unión Europea de una Escocia independiente. La salida de la UE por parte del Reino Unido en 2020 obligó a Escocia a abandonar el bloque, pese a que la mayoría de los escoceses habían votado en contra del brexit en el referéndum de 2016. Así, para volver a formar parte de la Unión, Escocia primero debería independizarse del Reino Unido y después seguir el mismo proceso de adhesión que cualquier otro país candidato. Para lograr la independencia, sus partidarios saben que un referéndum unilateral sería inviable, pues perderían el apoyo internacional y pondrían en peligro su ingreso en la UE.
Con los resultados del brexit, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon —que renovó mandato tras las elecciones generales de 2019—, anunció que prepararía el terreno legal para un segundo referéndum de independencia y que trabajaría para mantener a Escocia en el bloque europeo. El Gobierno, aún de mayoría nacionalista, sigue presionando para que Londres les conceda la convocatoria de esa nueva consulta, para algunos inevitable, pese a la insistente negativa de Londres.
