Un salvoconducto es un documento de carácter temporal que permite a una persona transitar o permanecer sin riesgo en el territorio de un país. Desde el derecho internacional público se considera que emitirlo es competencia de la respectiva autoridad estatal. No obstante, hay salvoconductos que pueden ser expedidos por diferentes entidades, como aquellos durante la pandemia de la covid-19 para poder salir de casa por motivos de fuerza mayor.
Los salvoconductos pueden emplearse en diversos contextos a nivel nacional e internacional. Si una persona pierde su pasaporte en el extranjero, tiene derecho a solicitar un salvoconducto para regresar a su país. También son útiles para asegurar el traslado de testigos y presos que deben prestar testimonio en otro Estado, y son frecuentes en conflictos bélicos. Por ejemplo, ante una ciudad sitiada, suelen usarse salvoconductos para negociar, entregarse o evacuar civiles. Además, se conceden a individuos neutrales, como periodistas o cooperantes, para facilitar la libre circulación y el envío de ayudas sin riesgos.
Salvoconductos para el refugio y asilo
El salvoconducto es una figura clave en la protección internacional de las personas desde la Edad Media. Su origen está en los antiguos egipcios que recibían pases especiales para cruzar fronteras, y se normalizó con los príncipes y reyes que los concedían a sus enviados o vasallos para garantizar su movilidad sin que otros señores feudales les detuviesen. Con el tiempo se desligó de la figura del pasaporte.
En la actualidad, cuando un Estado asume la protección de un extranjero puede expedirle un salvoconducto temporal que le permita trasladarse para presentar su solicitud de refugio, así como permanecer en el país hasta que se tramite la solicitud. España, por ejemplo, los tramita a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares tras la autorización de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior.
Pero conseguir un salvoconducto se complica para el asilo diplomático. Este consiste en la protección de un Estado en sus embajadas a una persona perseguida por motivos ideológicos o políticos frente a terceros Estados. Si ese primer Estado concede el asilo político también en su territorio, la persona necesitará un salvoconducto por parte del otro para ser evacuado sin arriesgarse a ser detenido. La expedición, no obstante, depende de cada país y no tanto del derecho internacional, pues solo la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 de la Organización de los Estados Americanos la recoge como obligación.
Aun así, los salvoconductos ni siquiera están asegurados en los países americanos, ya que no todos han ratificado la Convención. Bolivia, por ejemplo, solo la ha firmado, así que no la considera vinculante. Por ello, cuando los miembros del Gobierno de Evo Morales recibieron asilo en la Embajada de México tras el Golpe de Estado de 2019, el nuevo Ejecutivo les negó los salvoconductos necesarios para salir del país.
Determinantes, pero no garantizados
Algunos juristas consideran que expedir un salvoconducto a una persona para que llegue hasta el Estado que le concede asilo es parte del derecho consuetudinario. Es decir que su uso se ha repetido hasta convertirse en una costumbre o norma generalizada. Además, están relacionados con la protección de los derechos humanos, pero no siempre se garantizan, lo que ha desatado tensiones diplomáticas.
Un caso conocido es el de Julian Assange. Ecuador le concedió asilo diplomático en su Embajada de Londres en 2012 por estar perseguido por Estados Unidos después de que su organización, WikiLeaks, revelase informes clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán. Ante la negativa del Reino Unido de concederle el salvoconducto, permaneció recluido hasta 2019, cuando el nuevo Gobierno de Ecuador le retiró el asilo y facilitó su detención. Desde entonces ha estado encarcelado en una prisión británica de máxima seguridad. Finalmente, la justicia del Reino Unido autorizó su extradición a Estados Unidos en diciembre de 2021 y la firmó en junio de 2022, y Assange la apeló en julio.
