No hay una definición exacta para golpe de Estado, cada uno tiene sus particularidades. Puede haber golpes de Estado contra dictaduras o contra democracias. Golpes de Estado que estén moralmente legitimados o que sean completamente ilegítimos. Pero todos tienen algo en común: suponen que el Gobierno es apartado del poder por la fuerza por actores estatales o no estatales, alterando la estabilidad gubernamental de un país de manera repentina.
En el caso de Bolivia —como han señalado diversos analistas— se han dado una amalgama de elementos que encajan en la definición. La renuncia de Evo Morales el 11 de noviembre se hizo después de que las Fuerzas Armadas forzaran a este a abandonar el poder el día anterior. Además de la injerencia de las Fuerzas Armadas y la policía, no se siguió un procedimiento de revocación parlamentaria o de inhabilitación a través de cauces previstos en la Constitución boliviana.
Del mismo modo, Evo Morales ha sobrepasado los límites democráticos en los últimos años. En 2016 celebró un referéndum, que perdió por un 51% de los votos, para cambiar la ley y poder presentarse a unas cuartas elecciones. Pese al rechazo popular, el Tribunal Constitucional boliviano, y posteriormente el Tribunal Supremo Electoral, permitieron al mandatario concurrir por cuarta vez consecutiva. Más recientemente, las pasadas elecciones del 20 de octubre quedaron manchadas por las sospechas de fraude cuando el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) quedó suspendido durante casi un día entero, tras lo que los observadores internacionales de la OEA han emitido conclusiones que apuntan a manipulación electoral y otras irregularidades. Todo ello generó el caldo de cultivo perfecto para que la oposición a Morales justifique el golpe. Para cuando Morales se decidió el día 10 de noviembre a convocar nuevas elecciones para responder a la presión social, ya era demasiado tarde: pocas horas más tarde los militares le invitaron a marcharse.
Así, que se haya producido un golpe de estado y que Morales haya adoptado una deriva más autocrática en los últimos años no son realidades excluyentes. De hecho, ambas se complementan y ayudan a entender por qué Bolivia está viviendo la mayor crisis política de las últimas décadas.
El fin del idilio
Evo Morales llegó al poder en 2005 canalizando el descontento de las comunidades indígenas y de las clases más desfavorecidas, tras décadas de Gobiernos conservadores marcadas por la corrupción y una desigualdad acuciante. Sindicalista y agricultor cocalero, Morales se convirtió en un icono de la lucha social e indígena en América Latina planteando una agenda de cambio estructural de la política y la sociedad bolivianas. Una de sus medidas estrella, la reforma constitucional de 2009, reconoció finalmente la pluralidad étnica y lingüística de Bolivia, y le aseguró el apoyo de la comunidad indígena, a la que pertenecen 6 de cada 10 bolivianos. Así, Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo) consiguieron refrendar su mandato con claridad en las elecciones de 2009 y 2014.
Pero 14 años en el poder desgastan a cualquier líder y, lo que es peor, lo convierten en una fuerza institucional que pierde capacidad de movilización social. En Bolivia hay toda una generación de bolivianos que solo ha conocido el Gobierno de Morales y que ha vivido sus intentos antidemocráticos de perpetuarse en el poder. En un país sin tradición de reelección de los candidatos, las acusaciones de manipulación electoral en los comicios del pasado 20 de octubre han sido la gota que ha colmado el vaso. Además, parte del éxito electoral de Morales se basó en una connivencia con las clases medias y la élite tradicional. Esta terminó a regañadientes por aceptar la llegada de Morales y las reformas que estaba aplicando. Es innegable que el Gobierno de Morales ha dado unos buenos resultados en materia económica, de lucha contra la pobreza y fomento de la educación. Y pese a no ser una democracia consolidada, la Bolivia de Morales tampoco podía considerarse un régimen autoritario: de acuerdo con el Índice de Democracia de The Economist de 2018, Bolivia está en el puesto 83, en un nivel similar a Montenegro y por encima de países como Turquía o Ucrania.
Sin embargo, ese equilibrio de fuerzas estaba centrado en un respeto de ambas partes en el plano político. En el momento en el que Morales intentó modificar la Constitución de 2009 para poder ser reelegido, las alarmas saltaron en los sectores conservadores. Porque ya no se trataba solamente de continuar con el proceso de cambio en Bolivia, sino de afianzar en el poder a Morales y a la nueva élite política que traía consigo, desplazando a los poderes tradicionales de sus espacios de influencia. Si a eso se le añaden los casos de corrupción que salpicaron en los últimos años a miembros de su partido, la imagen de Morales y su entorno se vio gravemente dañada entre unas clases medias urbanas que le toleraban, pero que no estaban dispuestas a cederle el poder indefinidamente.
El otro error que ha cometido el oficialismo, y que hoy está pagando Bolivia, es el personalismo que Morales ha impreso a su mandato. Uno de los grandes problemas que genera este personalismo es que todos los elementos de cambio terminan por asociarse a la figura del líder. De este modo, cuando las protestas estallaron tras las elecciones del 20 de octubre, los manifestantes no solo iban contra Evo Morales, sino contra todo lo que él representaba: en los últimos días se han visto imágenes de manifestantes quemando la whipala —la bandera indígena—, o de policías cortando estos símbolos de sus uniformes. La plurinacionalidad y el indigenismo se asocian directamente a Morales, y ahora están amenazados por quienes quieren purgar el Gobierno de sus símbolos.
Para ampliar: “Evo Morales y el poder en Bolivia”, David Hernández en El Orden Mundial, 2019
El fantasma del bolivarianismo
La oposición política, que en los últimos años había estado desactivada ante el éxito electoral de Morales, no ha perdido oportunidad esta vez, movilizando a la calle contra la “élite” que Evo representaba y que había que echar del poder. Además, la histórica cercanía de Morales con el movimiento bolivariano de Venezuela se ha convertido en un arma arrojadiza de la oposición, que ha espoleado el miedo de los bolivianos a que su país viva una crisis parecida a la de la Venezuela de Maduro. No solo se ha manifestado así la nueva presidenta interina, sino que entre los manifestantes se han llegado a escuchar cánticos de “Bolivia se respeta, no somos Cuba ni Venezuela”.
Una de las figuras que mejor ha servido explotar esta realidad es el principal opositor detrás de las protestas: Luis Fernando Camacho. Perteneciente a la élite tradicional de Santa Cruz y conocido por dar sus mítines acompañado de una biblia y un rosario, Camacho ha sabido articular un discurso de alternativa a Evo Morales y de crítica a las élites tradicionales que no han sabido poner límites a las políticas de MAS.
La oposición, liderada por Camacho y por Carlos Mesa —el candidato que se enfrentó a Morales en las elecciones fraudulentas del 20 de octubre— ha conseguido no solo canalizar el descontento de las élites urbanas, sino también el de zonas indígenas. Desde algunas de estas regiones, como Potosí, las clases más humildes sienten que, pese a que los datos dicen que la gestión de Morales es buena, su realidad no cambia. Una desafección que la oposición no ha tardado en usar en su favor y que ha llevado a escenas como las de Camacho siendo aclamado por los cocaleros en Potosí. Así, la oposición ha logrado aunar los descontentos de algunas comunidades rurales, con la frustración de las élites tradicionales y la desafección de los jóvenes urbanos.
Para ampliar: “La utopía de una transición democrática en Venezuela”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2019
También hay Ícaros en los Andes
Evo Morales abandonó Bolivia el pasado martes 12 de noviembre y se refugió en México —cuyo Gobierno le ofreció asilo político—, mientras las protestas y enfrentamientos en las calles se han intensificado. En esta situación de vacío de poder, la Constitución establece que la presidencia se asigne al vicepresidente o, ante la falta de este, a otros cargos en orden de sucesión. El problema está en que tanto el vicepresidente Álvaro García Linera como la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Medinaceli, dimitieron en cascada coincidiendo con la renuncia de Morales. Esta renuncia en masa dejaba a la vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, como la siguiente en la línea de sucesión de la presidencia de Bolivia.
Siguiendo esta lógica, Áñez pretendió asumir primero el cargo de presidenta del Senado y acto seguido la de presidenta de Bolivia. Sin embargo, los diputados y senadores de MAS intentaron bloquear el nombramiento negándose a acudir a la sesión de investidura de Ánez como presidenta del Senado, lo que hizo inviable el quórum necesario. La oposición ha respondido excavado en la jurisprudencia boliviana y, amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, Áñez se ha autoproclamado presidenta. Esta sentencia especifica que, en defensa del principio de continuidad y a fin de evitar un vacío de poder fruto de cualquier bloqueo, el primer cargo en la línea de sucesión que esté disponible asume inmediatamente la presidencia; esta postura ha sido avalada por el mismo Tribunal Constitucional que en su momento permitió a Morales presentarse una cuarta vez a las elecciones.
Tras su nombramiento, Jeanine Áñez entró en el palacio de presidencial al grito de “la biblia vuelve a palacio”, pese a que la Constitución aclara que Bolivia es un Estado laico, lo que pone de manifiesto sus credenciales conservadoras. Áñez también ha declarado que no es una presidencia interina, sino que que se ha producido una sucesión constitucional y que por tanto está dispuesta a agotar su mandato. La autoproclamada presidenta no ha tardado mucho en conformar su gabinete, compuesto por perfiles de ideología conservadora y antibolivariana, que ha recibido el respaldo claro de las Fuerzas Armadas. La estrategia de “pacificación” del país que va a llegar a cabo el nuevo Gobierno ya genera dudas a causa de declaraciones como las del nuevo ministro de Gobierno (el equivalente a un ministro del Interior), Arturo Murillo, asegurando que perseguirá a Morales e irá “en su caza” porque es “un animal que está matando gente”.
En tan solo una semana el proyecto político de Evo Morales ha saltado por los aires. Su gran error fue pensar que, tras 14 años en el poder, él controlaba el sistema y lo podía cambiar a su antojo. Un error que no solo generó descontento entre sus seguidores, sino que le puso en bandeja de plata la oportunidad a sus enemigos para echarlo del poder.
El reto al que se enfrenta el país actualmente es encarrilar su sistema político para devolverlo a los marcos democráticos. Sin embargo, eso va a ser difícil de llevar a cabo si continúan sucediéndose violaciones de las normas democráticas en la lucha por el poder. Está por ver si finalmente se convocan nuevas elecciones y cuál será la reacción de los seguidores de Morales tras la proclamación de la nueva presidenta. El otro desafío a futuro está en saber evitar que el enfrentamiento entre seguidores y detractores de Morales acabe por convertirse en una persecución de los símbolos indígenas y del espíritu plurinacional que se ha construído en estos años. Morales ha dominado Bolivia durante 14 años; ahora el país tiene que decidir cómo quiere avanzar sin él sin rechazar los aspectos positivos que su mandato le ha legado.
Para ampliar: “Desigualdad y descontento: lo que tienen en común las protestas en América Latina”, Elena Jiménez en El Orden Mundial, 2019
Fe de erratas: en una versión anterior de este artículo se decía que Evo Morales salió de Bolivia el 12 de octubre, cuando lo hizo el 12 de noviembre.
