Evo, Bolivia y el golpe al Ícaro de los Andes

No hay una definición exacta para golpe de Estado, cada uno tiene sus particularidades. Puede haber golpes de Estado contra dictaduras o contra democracias. Golpes de Estado que estén moralmente legitimados o que sean completamente ilegítimos. Pero todos tienen algo en común: suponen que el Gobierno es apartado del poder por la fuerza por actores estatales o no estatales, alterando la estabilidad gubernamental de un país de manera repentina. 
En el caso de Bolivia —como han señalado diversos analistas— se han dado una amalgama de elementos que encajan en la definición. La renuncia de Evo Morales el 11 de noviembre se hizo después de que las Fuerzas Armadas forzaran a este a abandonar el poder el día anterior. Además de la injerencia de las Fuerzas Armadas y la policía, no se siguió un procedimiento de revocación parlamentaria o de inhabilitación a través de cauces previstos en la Constitución boliviana. 
Del mismo modo, Evo Morales ha sobrepasado los límites democráticos en los últimos años. En 2016 celebró un referéndum, que perdió por un 51% de los votos, para cambiar la ley y poder presentarse a unas cuartas elecciones. Pese al rechazo popular, el Tribunal Constitucional boliviano, y posteriormente el Tribunal Supremo Electoral, permitieron al mandatario concurrir por cuarta vez consecutiva.  Más recientemente, las pasadas elecciones del 20 de octubre quedaron manchadas por las sospechas de fraude cuando el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) quedó suspendido durante casi un día entero, tras lo que los observadores internacionales de la OEA han emitido conclusiones que apuntan a manipulación electoral y otras irregularidades. Todo ello generó el caldo de cultivo perfecto para que la oposición a Morales justifique el golpe. Para cuando Morales se decidió el día 10 de noviembre a convocar nuevas elecciones para responder a la presión social, ya era demasiado tarde: pocas horas más tarde los militares le invitaron a marchar...