En el año 2000, cuando el mundo vivía el espejismo del fin de la historia y la paz parecía una conquista irreversible, Naciones Unidas aprobó la resolución 1325, piedra fundacional de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que por primera vez reconoció el impacto diferencial de los conflictos armados sobre las mujeres. Aquel impulso culminó en 2009 con la creación de la figura del representante especial sobre Violencia Sexual en los Conflictos, una iniciativa impulsada por los Estados Unidos de George W. Bush.
Paradójicamente, Estados Unidos ya bajo la presidencia de Donald Trump se retiró en enero de 66 organizaciones y agencias internacionales consideradas contrarias a sus intereses nacionales. Entre ellas, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la propia oficina encargada de documentar y denunciar la violencia sexual en conflictos. Sin embargo, la necesidad de esos mecanismos es hoy más evidente que nunca. Veintiséis años después de la Resolución 1325, y en un contexto marcado por las guerras en Gaza, Ucrania o Sudán, la violencia sexual sigue usándose como arma de guerra.
Pramila Patten (1958) es desde 2017 secretaria general adjunta de la ONU y representante especial sobre Violencia Sexual en los Conflictos y habla con El Orden Mundial desde un despacho del Ministerio de Asuntos Exteriores. De gesto sereno y mirada amable, nada en su presencia anticipa que sea ella quien reporte al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sobre algunos de los actos más atroces que se siguen cometiendo sobre los cuerpos de mujeres y niñas en zonas de conflicto. Nacida en Mauricio y formada como jurista en Inglaterra, lleva toda una vida en esto. Antes de asumir su cargo, pasó más de una década en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y formó parte del grupo asesor que en 2015 evaluó los avances de esa primera Resolución 1325.
Ese año, cuenta emocionada, estaba convencida de que en 2025 habría llegado el momento de la plena implementación de esa agenda. “Fui, sin lugar a dudas, de las personas más decepcionadas”, admite. Ha venido a Madrid para la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, una cita que ha reunido esta semana a diplomáticos, ministros y altos cargos bajo el título Paz y Democracia. Dos palabras que, a la luz del último informe anual del secretario general sobre la violencia sexual en conflictos, publicado el pasado 29 de mayo, suenan casi a programa de máximos.
PREGUNTA – Por primera vez, el informe anual del secretario general sobre la violencia sexual en conflictos incluye a las fuerzas armadas de Rusia e Israel entre los actores responsables. ¿Qué implica esta inclusión?
RESPUESTA – Se trata de actores que, con base en información verificada por Naciones Unidas, han sido considerados sospechosos de haber cometido o de ser responsables de prácticas sistemáticas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Ambos, Rusia e Israel, fueron advertidos de su posible inclusión en la lista mediante una carta del secretario general el pasado agosto, que detallaba además las medidas preventivas que debían aplicar para evitar ser incluidos en el informe anual.
En todo un año, la Federación Rusa no se ha puesto en contacto con mi oficina ni ha implementado ninguna de las medidas. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia conoce perfectamente estas medidas, que incluyen el cese de todas las violaciones, pero también el acceso sin trabas a los observadores de derechos humanos de la ONU, algo que hasta ahora no se ha producido.
La misma lógica se aplica al Gobierno de Israel. Pese a haber colaborado con mi oficina, compartiendo información sobre leyes, políticas, directivas y protocolos para prevenir la violencia sexual, y sobre actividades de formación dentro de sus fuerzas de seguridad, no ha adoptado ninguna medida preventiva establecida en la carta del secretario general. De hecho, ha rechazado su sección del informe de este año.
En cualquier caso, estas leyes son insuficientes. Primero, porque los patrones de violaciones continúan; y segundo, y más importante, porque no se están adoptando medidas serias para investigar y enjuiciar a los perpetradores de estas violaciones y garantizar la justicia y la rendición de cuentas. Nosotros evaluamos la aplicación real, no la mera existencia de leyes sobre el papel.
Su oficina ha documentado y analizado la violencia sexual ejercida en la guerra en Gaza, tanto durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 como luego por parte del Ejército israelí. ¿La violencia sexual en los conflictos es ejercida de la misma manera por actores estatales y no estatales? ¿Existen diferencias?
La diferencia principal es que Israel nunca ha permitido el acceso a la ONU. Tras los ataques del 7 de octubre, el informe de 2023 no podría haber incluido nada sobre esos eventos porque la información no procedía de fuentes verificadas por la ONU. Por eso viajé a Israel en febrero de 2024. No tengo mandato de investigación, pero era imperativo que aquellos ataques quedaran reflejados en el informe. Me reuní con testigos y rehenes liberados y encontré información creíble de que habían sufrido violencia sexual, así como motivos suficientes para creer que esta continuaba entre quienes seguían en cautiverio.
También reuní información circunstancial —fotografías y vídeos— sobre incidentes de violencia sexual en seis o siete lugares distintos, incluido el recinto del festival Nova. De aquí salió un informe que se centra en el 7 de octubre y sus consecuencias. Quedó claro que los ataques fueron coordinados por Hamás, con la participación de múltiples grupos, y que fueron planificados con equipamiento de tipo militar. Respecto a la violencia sexual, no profundicé en la atribución, aunque la responsabilidad de Hamás es evidente.
En cuanto a las Fuerzas de Defensa de Israel, los patrones documentados se refieren principalmente a contextos de detención, aunque algunos casos ocurrieron fuera de esos ámbitos, durante redadas militares o en puestos de control. La naturaleza es diferente, pero todas estas violaciones entran en la definición de violencia sexual en conflictos que establece nuestro mandato.
Los activistas de la Global Sumud Flotilla han denunciado abuso sexual por parte de las fuerzas israelíes y van a presentar el caso ante la Corte Penal Internacional. Israel ha negado estos abusos. ¿Los activistas y trabajadores humanitarios son también un objetivo? ¿Se han documentado casos en otros conflictos?
Se han dado casos de trabajadoras humanitarias que han sido violadas en otros escenarios de conflicto, por ejemplo, en Sudán del Sur, donde [en 2018] se llevó a cabo un juicio por uno de esos casos. Los hechos habían ocurrido en un hotel dónde se encontraban los trabajadores humanitarios.
He seguido de cerca el incidente de la flotilla, pero todavía no he visto ningún informe de Naciones Unidas al respecto. Espero que la ONU tenga la oportunidad de verificar este incidente para que pueda quedar recogido en el próximo informe.
“La violencia sexual en conflictos abarca la violación, la violación en grupo, la esclavitud sexual, el secuestro, el embarazo forzado, la prostitución forzada, la trata forzada y cualquier otra violación de gravedad comparable”
Para el caso ruso, el informe señala que esta violencia se ejerce sobre todo contra prisioneros de guerra. ¿Hasta qué punto es un uso distinto de la violencia sexual en conflicto?
La violencia sexual contra los prisioneros de guerra entra dentro de la definición de violencia sexual en conflictos, que abarca la violación, la violación en grupo, la esclavitud sexual, el secuestro, el embarazo forzado, la prostitución forzada, la trata forzada y cualquier otra violación de gravedad comparable. Los casos documentados por la ONU contra la Federación Rusa conciernen principalmente a prisioneros de guerra, pero también a detenidos civiles y a otros civiles fuera de contextos de detención.
En general, la violencia sexual es una realidad que rara vez se denuncia. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de las barreras habituales que suponen la vergüenza y el estigma, existe un miedo mayor a las represalias, tanto para las propias víctimas como para sus familias. Cuando la guerra termine conoceremos la verdadera escala de la violencia sexual que se ha cometido.
El último informe anual advierte de un aumento de estos crímenes. La ONU ha verificado casi 9.800 casos en 2025, más del doble que el año anterior. ¿Qué explica este aumento?
Se debe al que hoy estamos viviendo un número récord de conflictos mortíferos y violentos que se están intensificando y que se prolongan en el tiempo. La República Democrática del Congo sigue siendo, año tras año, el país con el mayor número de casos, en un contexto marcado por la reanudación de las hostilidades con el M23. Sin embargo, estos datos representan sólo la punta del iceberg. Los observadores de derechos humanos de la ONU enfrentan graves dificultades de seguridad a la hora de documentar y verificar los casos. Hay zonas a las que nadie puede acceder, ni siquiera los proveedores de servicios.
Además de los retos de seguridad, existen dificultades de acceso en lugares como la Federación Rusa y en los territorios ocupados temporalmente, o en Israel. A todo esto se suma que las capacidades son limitadas. En teoría, la resolución 1960 del Consejo de Seguridad establece que se deben desplegar asesores para la protección de las mujeres en todos los escenarios de conflicto. Mi informe abarca veintiún escenarios de conflicto, pero sólo contamos con estos asesores en cinco de ellos. Esto reduce gravemente nuestra capacidad de supervisión y verificación.
Y en el contexto actual de recortes presupuestarios, los primeros puestos que se eliminan son los de asesores en materia de género, expertos en género y asesores para la protección de las mujeres, lo que afecta aún más a nuestras operaciones sobre el terreno.
Ha hablado de Gaza, de la guerra de Ucrania o de la República Democrática del Congo. ¿Hay otros lugares donde la violencia sexual sea realmente prevalente y que sin embargo permanezcan a menudo fuera del foco mediático?
Sin duda. No debemos olvidar a las mujeres de Sudán. Esa guerra se está librando sobre los cuerpos de mujeres y niñas, y las cifras son escalofriantes. El informe de la Comisión de Investigación de 2023 abordó la escala y la gravedad de la violencia sexual: las mujeres están sufriendo violaciones grupales, y hay una dimensión étnica; sabemos qué grupos de mujeres están siendo objetivo. Sin embargo, esto está fuera del radar.
Las mujeres de Haití también están sufriendo en silencio. Las violaciones en grupo ocurren a plena luz del día, en público, y aún así reciben poca atención.
La semana pasada, una superviviente de Sudán me escribió para preguntarme si el informe sólo hablaba de dos países, porque la cobertura mediática que vio se centraba exclusivamente en la inclusión de Israel y Rusia en la lista. Me pidió que transmitiera, en mis encuentros con los medios, que no debemos olvidar a las mujeres y niñas de Sudán. Quiero hacer eco de ese mensaje, y llamar la atención sobre la situación de las mujeres en la RDC, Haití, Somalia, Sudán del Sur y Myanmar. No debemos olvidar a nadie.
“Los grupos armados usan la violencia sexual ya sea para tomar el control de territorios con recursos minerales lucrativos, controlar a la población, financiar la guerra o incentivar el reclutamiento de combatientes”
Antes ocurría en Bosnia o en Ruanda. Ahora es Rusia, Gaza, Sudán o la RDC. ¿Ha cambiado la naturaleza de esta violencia en los últimos treinta años?
El mandato fue creado en 2009 y la oficina se estableció inmediatamente después. Creo que la violencia sexual como herramienta ha evolucionado. A lo largo de la historia, siempre ha sido una táctica de guerra, pero la violencia sexual se usa cada vez más como táctica de terror, de tortura, de terrorismo y de represión política. Es un arma barata y eficaz. No cuesta nada. Los agresores saben que las víctimas no denunciarán los hechos y que ellos saldrán impunes.
Y es eficaz porque los grupos armados usan la violencia sexual en forma de trata, esclavitud sexual, secuestro y rapto para alcanzar objetivos estratégicos, ya sea para tomar el control de territorios con recursos minerales lucrativos, para controlar a la población como en Colombia o Haití, para financiar la economía política de la guerra, o para incentivar el reclutamiento de combatientes. Las redes criminales y los grupos armados la utilizan con distintos fines militares y estratégicos. En ese sentido, sí percibo un deterioro en la forma en que se emplea la violencia sexual.
A esto se añade otro factor, y es que las guerras actuales las libran una gran variedad de actores —milicias, grupos proxy, empresas de seguridad privadas, mercenarios…—, lo que hace que la atribución de responsabilidades y la rendición de cuentas sean cada vez más difíciles.
La proliferación de armas pequeñas y ligeras facilita aún más la violencia sexual. En Sudán y Haití, por ejemplo, sabemos de dónde proceden las armas. En Sudán, creo que hay más armas que alimentos.
¿La violencia sexual es mas prominente en casos de genocidio? Pienso en Ruanda, Bosnia…
El genocidio no es mi ámbito, pero cualquier acto de violencia sexual puede constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un elemento constitutivo del genocidio. El contexto donde esto quedó quizás más claro desde una perspectiva jurídica fue Myanmar, donde hay un caso pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, y donde los elementos del genocidio quedaron claramente establecidos.
“La violencia sexual tiene como objetivo desgarrar el tejido mismo de la sociedad”
Los cuerpos de las mujeres se han convertido en otro territorio de conquista. ¿Hemos aceptado, como sociedad, la violación como parte de la guerra?
Espero que ese día no llegue nunca. Este es uno de los crímenes más atroces que existen. Este mandato fue creado precisamente para ponerle fin a través de la prevención y la respuesta. La violencia sexual es una de las formas más devastadoras de violencia, infligida con el propósito de dañar no sólo a la víctima individual, sino a la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Tiene como objetivo desgarrar el tejido mismo de la sociedad.
Nadie debería aceptar jamás la violación como un producto inevitable de la guerra ni como un fenómeno cultural. No lo es. Nunca debería aceptarse.
Está usted en Madrid para la V Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista, titulada Paz y Democracia. ¿Qué importancia tiene la presencia de mujeres en posiciones de poder y responsabilidad para combatir la violencia sexual en conflictos?
La presencia de mujeres en las actividades de consolidación de la paz ha demostrado favorecer una paz más duradera. Además, disponemos de evidencia empírica que demuestra la diferencia que supone su presencia en las fuerzas armadas. Al igual que contar con mujeres en la mesa de negociaciones fortalece y consolida la construcción de paz, la presencia de mujeres en las operaciones de mantenimiento de paz es muy importante, especialmente para la prevención de la violencia sexual relacionada con conflictos.
Ha comentado antes los recortes en la financiación. ¿Cómo han afectado a los esfuerzos para combatir la violencia sexual en conflictos?
ONU Mujeres, por ejemplo, es una de las organizaciones que ya no recibe financiación de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y mi mandato, a pesar de haber sido impulsado en 2009 por Estados Unidos, también figura en la lista de 66 organizaciones internacionales consideradas contrarias a los intereses de Washington.
Desde el año pasado hemos visto recortes en la financiación. En términos concretos, hablamos de 1,75 millones de dólares anuales aportados por Estados Unidos, que cubren ocho puestos de trabajo en mi oficina, aproximadamente un tercio de la plantilla. Si no logro sustituir esa cantidad antes de final de año, podría verme obligada a prescindir de ocho personas, lo que sería devastador para el trabajo de la oficina.
Y no es sólo de Estados Unidos. Otros donantes tradicionales también están reduciendo su financiación debido al aumento del gasto militar. Lo más preocupante es que estos recortes afectan directamente a las supervivientes: a las personas a las que ya no podemos proporcionar los servicios integrales que llevamos años reivindicando. Cuando las víctimas no reciben asistencia, no denuncian los casos. El acceso a los servicios es siempre el punto de entrada a la denuncia. Al no poder prestarlos, corremos el riesgo de que estos crímenes se vuelvan aún más invisibles.
Y la impunidad ha sido la norma en este crimen; la justicia, la rara excepción. Sin embargo, el trabajo de mi equipo de expertos en Estado de derecho ha demostrado durante diecisiete años que es posible avanzar en materia de justicia si se dispone de los recursos adecuados. Hoy, pese a los logros concretos alcanzados en más de una docena de países, nos vemos obligados a hiperpriorizar y a elegir qué países dejar atrás. Esto supone un retroceso para todos nuestros esfuerzos en materia de justicia y rendición de cuentas.
¿En qué medida están vinculados los discursos que deslegitiman el feminismo y el auge global de la extrema derecha con estos recortes en políticas y financiación relacionadas con el género?
Formé parte del CEDAW —el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— durante dieciséis años, y fui testigo de los avances logrados. Dejé el comité en 2016, pero ver el retroceso en materia de igualdad de género que estamos presenciando hoy en día es desalentador.
Yo insto a los Estados miembros a resistir ante este retroceso. Contamos con una sólida alianza de países. Una minoría está impulsando la reacción contraria, pero la mayoría está del lado de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Necesitamos movilizar a esa mayoría y, al final, la mayoría debe ganar, porque estamos del lado correcto de la historia.
Más de dos décadas después de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, ¿cómo valora su implementación? ¿Qué queda todavía por hacer?
Formé parte del grupo asesor de alto nivel que llevó a cabo la revisión de los quince años de la resolución 1325 en 2015, y aguardaba con verdadero optimismo al año 2025, convencida de que habíamos trazado una hoja de ruta clara para su plena implementación… Pero fui de las personas más decepcionadas cuando vi el retroceso.
Dicho esto, hemos avanzado mucho desde el año 2000. El camino hacia la plena implementación de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad sigue siendo largo, pero contamos con una base sólida. Cuando observo el Grupo de Amigos de la resolución 1325, no pierdo la esperanza. Debemos continuar avanzando con determinación y energía renovada, junto a la sociedad civil y las organizaciones de mujeres. Hoy sabemos qué hay que hacer; y debemos seguir avanzando en la dirección correcta.
