Un ecocidio es un daño grave y masivo a la naturaleza, de forma generalizada o a largo plazo, que conlleva una destrucción de los ecosistemas. En la mayoría de los casos supone un deterioro irreversible que pone en riesgo la vida del lugar. La solución está en la prevención y la protección de la biodiversidad, pero no hay un sistema eficaz que lo garantice.
Aunque distintos países tienen leyes medioambientales o incluso tipifican daños como el ecocidio, a nivel internacional este implica sobre todo sanciones económicas que las empresas responsables ya contemplan. No obstante, la plataforma internacional Stop Ecocidio ha impulsado un movimiento en la última década para que la Corte Penal Internacional lo reconozca como crimen contra la humanidad, que llevaría a juzgarlo penalmente.
No es un término nuevo
El concepto de ecocidio, acuñado por el biólogo estadounidense Arthur Galston, se extendió en los años setenta, al final de la guerra de Vietnam, para denunciar los daños que causaba el llamado Agente Naranja sobre la población y la naturaleza. Estos herbicidas eran armas químicas que Estados Unidos había usado para destruir los bosques donde se ocultaban las guerrillas vietnamitas. En 1972, el primer ministro sueco Olof Palme fue el primero en acusar a Estados Unidos de haber cometido allí un ecocidio.
El debate en torno al ecocidio permaneció en las organizaciones internacionales hasta la redacción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los años noventa, cuando fue descartado a petición de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Países Bajos. Desde 2008, la abogada británica Polly Higgins trató de reavivar el debate para incorporarlo en la agenda política, y para ello fundó Stop Ecocidio junto con la activista Jojo Mehta. Diez años después, la ONU aprobó la resolución Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente para avanzar en el derecho internacional.
Diversas voces han apoyado tipificar el ecocidio como crimen en los últimos años. Van desde el papa Francisco hasta nuevas plataformas, como Ecocide Alliance, que consiguió que el Parlamento Europeo también se sumase. El último gran paso fue la elaboración en 2021 de una definición jurídica del concepto por un grupo de expertos de Stop Ecocidio, cuya incorporación al Estatuto de Roma podrá ser propuesta por cualquier país de la Corte Penal Internacional. El Parlamento belga fue el primero en comprometerse a ello, aunque su aprobación requiere una mayoría de al menos dos tercios de los Estados parte.
La Amazonia, el Mar Menor… ¿Qué puede considerarse ecocidio?
El ecocidio contempla diversas actividades industriales que han dañado el medioambiente, contribuyendo al cambio climático. La mayor amenaza es la deforestación, ya que destruye la biodiversidad y repercute en el clima. Provocada por la industria maderera, para la ganadería intensiva, la explotación minera y los cultivos de soja y aceite de palma, está acelerando la pérdida de pulmones como la selva amazónica.
Por otro lado, la contaminación también alberga numerosos ecocidios. La más famosa es la polución del aire tanto por la quema de combustibles fósiles como por los desastres químicos y nucleares. Es el caso de accidentes como los de Chernóbil o Bhopal, y de las pruebas de armas no convencionales. La tierra y el agua también son contaminadas por residuos industriales, la minería, el fracking, la producción de plásticos que se acumulan en islas y los vertidos de petróleo por accidentes.
En España, por ejemplo, están los casos del Mar Menor y la ría de Huelva. El primero está siendo afectado por la construcción de pozos y viviendas ilegales, junto con los vertidos tóxicos. Por otra parte, desde el franquismo las marismas de Huelva han sido contaminadas por fosfoyesos. Estos residuos radiactivos, además de destruir la biodiversidad del lugar, han aumentado los casos de cáncer en la región, pues los ecocidios también afectan a la salud de la vida humana.
A falta de leyes específicas contra el ecocidio, el concepto ha ganado peso del derecho ambiental nacional para juzgar estos desastres. Por ejemplo, en España se piden penas de cárcel para los responsables de la degradación del Mar Menor, y en Guatemala un tribunal condenó a una empresa africana por delito de ecocidio en el río Pasión. En ese sentido, algunos países postsoviéticos han tipificado el ecocidio o la destrucción de la naturaleza, mientras que Ecuador o Bolivia reconocen derechos a la naturaleza entendida como Madre Tierra.
