Las tensiones entre Polonia y la Unión Europea se remontan a 2015, cuando el partido nacionalista y conservador Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco) llegó al poder, pero han aumentado especialmente por sus ataques a la independencia judicial polaca. Bruselas critica esta reforma judicial y ha abierto varios procedimientos de infracción contra Polonia. Además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegales algunas de las medidas que Varsovia trató de introducir y le ha impuesto una multa de un millón de euros diarios hasta que las revierta.
Hasta ahora estas medidas solo han logrado tímidos retrocesos del PiS o, en algunos casos, una absoluta indiferencia. Recientemente, el Tribunal Constitucional polaco ha sentenciado que algunos de los artículos de los tratados fundamentales de la UE contravienen la Constitución polaca, con lo que las leyes estatales debían primar sobre las comunitarias. Esto supone un desafío directo a la UE, pues la primacía de la ley europea sobre la nacional es uno de los pilares esenciales de su estructura legal y, por tanto, de su misma existencia.
Este fallo hace que Polonia se enfrente hoy a tres opciones: enmendar su Constitución, intentar modificar los tratados europeos o abandonar la Unión. La primera opción es poco probable, ya que el Gobierno polaco parece convencido de que el problema reside en la creciente intromisión de Bruselas y no en su ley fundamental. La modificación del acervo comunitario tampoco parece factible, pues las instituciones no recibirían de buen grado una propuesta de modificación tras los constantes desafíos que Polonia ha planteado a la Unión.
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