En 2015, el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) salió escogido por mayoría absoluta. En la actualidad, tanto el presidente Andrzej Duda, como el primer ministro Mateusz Morawiecki, pertenecen al PiS, así como la mayoría de diputados del legislativo. Desde entonces, las controvertidas medidas tomadas por su Gobierno han forjado una relación muy tensa con la Unión Europea.
El partido ultranacionalista se vio aupado al poder en parte gracias a varios temores: a perder sus valores por un lado, y a ceder soberanía a Bruselas por otro. La identidad polaca, muy ligada a la Iglesia católica y a la tradición, consideran que se ve puesta en riesgo por la afluencia de inmigrantes con culturas diferentes —y, sobre todo, con religiones diferentes—. La soberanía nacional, por su parte, se considera vulnerable a la interferencia europea, que perdió legitimidad desde que la crisis puso en duda los beneficios de pertenecer a la Unión.
De esta forma, la mayoría absoluta del PiS garantizó un Gobierno de Beata Szydlo de línea dura: rechazó los acuerdos establecidos por la Unión Europea sobre la acogida de inmigrantes que llegaban al continente y puso en marcha una senda política que ponía al poder judicial bajo el control gubernamental. Esto no fue bien recibido en la UE y la relación entre las instituciones comunitarias y la primera ministra se enfrió hasta límites insospechados. Tanto fue así que el propio partido Ley y Justicia decidió reemplazar a Szydlo al frente del Ejecutivo en 2017. En su lugar se asentó Mateusz Morawiecki, un perfil en principio más compatible con la política de Bruselas.
Sin embargo, la retórica ultranacionalista continuó y también lo hicieron las medidas que vulneraban el Estado de derecho de acuerdo a la Unión Europea, así como el acercamiento al líder húngaro Viktor Orbán. En este sentido, algunas de las principales medidas incluyen la reforma de los juzgados ordinarios, el tribunal nacional y el constitucional, poniendo en peligro la independencia de la rama judicial —lo cual ha sido criticado desde la UE, la ONU, el Consejo de Europa u ONG como Human Rights Watch—. Ante esto, la Comisión Europea llegó a advertir en tres ocasiones al Gobierno polaco y finalmente ejecutó el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que podría haber llevado a una suspensión del derecho de voto de Polonia en las instituciones europeas.
Para ampliar: “El imperio húngaro de Orbán”, Álex Maroño en El Orden Mundial, 2019
El hecho de haber comenzado un proceso de tal calibre —para el que no existían precedentes, y que fue poco después replicado contra Hungría, vecina y aliada de Polonia— es indicativo de la seriedad con que la Unión se toma las reformas iniciadas por Morawiecki. Finalmente, el Ejecutivo echó marcha atrás en sus reformas del Supremo en diciembre de 2018, después de que el Tribunal Europeo de Justicia dictaminara que, efectivamente, las reformas ponían en riesgo la independencia judicial. Pero la calma ha durado poco: coincidiendo con la llegada de la nueva legislatura europea a principios de octubre, la todavía activa Comisión de Juncker ha denunciado de nuevo a Polonia por nuevas reformas que se teme puedan recortar la libertad de los jueces del país, evidenciando que la nueva Comisión entrante heredará el problema polaco sin resolver.
La escalada del discurso nacionalista del PiS se convirtió en algo mundialmente preocupante cuando el alcalde de Gdansk, Paweł Adamowicz, fue asesinado públicamente en enero de 2019. Adamowicz estaba vinculado al principal partido opositor al Gobierno, la democristiana y europeísta Plataforma Cívica (PO, por sus siglas en polaco), y llevaba siendo alcalde de su ciudad natal desde 1998. Además se caracterizaba por su abierta postura en contra del PiS, su apertura a recibir inmigrantes y su defensa de los derechos LGBTI. Su asesinato, condenado por todos los partidos políticos, se liga de manera inevitable al clima de nacionalismo imperante, como demuestra el repunte de un partido de extrema derecha, la Confederación de la Libertad y la Independencia —de corte aún más beligerante que el PiS—, en las últimas elecciones legislativas, consiguiendo un 7% de votos.
En su campaña electoral, Ley y Justicia ha esgrimido alguna de sus propuestas más valoradas por la población polaca —entre la que el nacionalismo está a la alza—. Además de seguir con las reformas judiciales, el partido en el poder promueve también acabar con la inmunidad parlamentaria de los representantes de ambas cámaras, dejando al arbitrio del ministro de Justicia la decisión de si puede sometérseles a juicio. También buscarían implementar una ley para regular la actividad periodística, lo que ha levantado ampollas en el país, obligando al Gobierno a matizar que no se vulneraría la libertad de prensa en ningún caso, lo que no ha disipado las preocupaciones, en cualquier caso.
A esto se suma recuperar el control sobre las minas de carbón del país, competencia que actualmente está en manos de los Gobiernos locales. Esta apuesta por el carbón parece ir en contra de los intentos por abandonar esta fuente de energía tan contaminante impulsados desde Bruselas. No obstante, estas cuestionables propuestas son acompañadas de una de gran popularidad: el aumento de las prestaciones del Estado del bienestar, incluyendo el salario mínimo, las pensiones o la disminución de la carga fiscal sobre los jóvenes. Esto, ante las previsiones de una nueva crisis, cobra cada vez más relevancia para los votantes polacos. Esta campaña ha conseguido que la formación Ley y Justicia se granjeara un 43,8% del electorado polaco, lo que le otorga mayoría absoluta y no augura nada bueno en sus relaciones con la Unión Europea.
Por el contrario, el principal partido de la oposición, la Plataforma Cívica fundada por Donald Tusk —ex-primer ministro de Polonia entre 2007 y 2014, y actual presidente del Consejo Europeo—, ha concurrido en una coalición, la Coalición Ciudadana (KO, por sus siglas en polaco), pero solo ha obtenido un 27,2% de los votos. Esto supone una importante pérdida respecto de los escaños logrados por los integrantes de la coalición por separado en 2015. Este descenso se explica por varias razones. Después de las dificultades que ya vivió la coalición en las elecciones europeas de mayo de 2019, han tenido que hacer frente al crecimiento económico y las prestaciones sociales que Ley y Justicia garantizó a la ciudadanía.
Además, Ley y Justicia logra encajar muy bien con las prioridades de los polacos: la nación y la tradición. Por otro lado, la escasa esperanza de que la actuación de la población tenga una incidencia real en las políticas del Gobierno, sumada a la baja valoración de la democracia, impide que otros partidos se hagan con el poder. Quizá la única buena noticia para la oposición es que, con todo, el PiS no ha logrado mantener su mayoría absoluta en el Senado, por lo que el resto de partidos podrían ralentizar la legislación producida por el Gobierno.
La coalición socialdemócrata Lewica, por su parte, ha logrado un gran repunte al lograr 12,5% del electorado, pasando de no tener ningún diputado en 2015 a contar con 47, en buena medida gracias al fracaso de la Coalición Cívica. Al mismo tiempo, la coalición de extrema derecha creada para las anteriores elecciones europeas —en las que no logró ningún escaño— se ha colado en la cámara baja con una decena de diputados.
Paradójicamente, Polonia fue uno de los países que más empeño puso en llevar a Ursula von der Leyen a presidir la Comisión Europea, si bien esto solo se explica como forma de evitar que el socialdemócrata neerlandés Frans Timmermans accediera al puesto. Timmermans ha sido hasta ahora el comisario para la protección del Estado de derecho, y por tanto responsable directo del señalamiento a Polonia y Hungría. Sin embargo, todo apunta a que Timmermans seguirá siendo la bestia negra de polacos y húngaros, pues se mantendrá en la Comisión en calidad de vicepresidente y encargado de la estrategia de transición ecológica; así lo sugieren sus movimientos recientes tratando de convencer al Parlamento Europeo de vincular los fondos europeos al respeto al Estado de derecho en los países miembros. De aprobarse, esta medida sería particularmente significativa para Polonia, que recibe un 2,67% de su PIB de la financiación europea a cambio de una contribución del 0,68%.
Para ampliar: “Macron gana, Merkel pierde: los nuevos cargos de la UE”, Astrid Portero en El Orden Mundial, 2019
La importancia de la financiación europea para la economía polaca explica en cierta medida la docilidad que ha mostrado recientemente, pues ni siquiera sus eurodiputados más combativos se han quejado del reparto de puestos de la nueva Comisión, que no ha otorgado la esperada compensación por su apoyo en forma de un cargo con cartera económica. En su lugar, el enviado por Varsovia, Janusz Wojciechowski, acabó por lograr el puesto de comisario de Agricultura. De hecho, el presupuesto europeo de los próximos cinco años se está negociando en estos mismos instantes en Bruselas, por lo que Polonia se beneficiaría de mantener las conversaciones en un tono constructivo. Esto se suma a la opinión pública sobre la pertenencia a la Unión Europea, que, según el eurobarómetro de 2018, en un 87% afirma que pertenecer a la organización resulta beneficioso. Además, se espera que la nueva Comisión sea más dialogante con Hungría y Polonia. La nueva comisaria para asuntos de Estado de derecho, la checa Vera Jourova, ya ha dado muestras de que se muestrará más dialogante con los países del grupo de Visegrado que su antecesor en el cargo.
Sin embargo, la próxima presidenta de la Comisión ya ha declarado que su intención es establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación del Estado de derecho en todos los países de la Unión. Otra de sus propuestas que entrarán en conflicto con la postura polaca será la renegociación de los acuerdos de migración. El Gobierno polaco se ha mostrado muy reticente a aceptar refugiados, por lo que lo más probable es que Polonia sea uno de los países que más obstáculos ponga en esta discusión. Del mismo modo, el discurso contra la “ideología de género” y la comunidad LGBTI sigue muy presente, por lo que también en el aspecto del respeto a las minorías habrá choques entre Bruselas y Varsovia. A esto cabe sumar de las últimas medidas del PiS, aún pendiente de aprobación: la expansión de la minería de carbón. Esto se opondría a la estrategia climática que la nueva Comisión busca implementar, lo que seguro hará surgir más chispas entre Bruselas y Varsovia, sobre todo teniendo en cuenta que el comisario encargado de la transición ecológica es Timmermans.
Está claro que Ley y Justicia, pese a todo, está forzado a mantener a Polonia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, también es evidente que Polonia va a la deriva del nacionalismo y las tendencias autoritarias dictadas por el PiS, lo que promete tensión en su relación con la UE. La magnitud de los enfrentamientos entre Bruselas y Varsovia dependerá, sobre todo, de los compromisos que se alcancen en la negociación de los presupuestos europeos. Y es que el cansancio de los polacos con los partidos de la oposición, la presión desde Bruselas e, incluso, la buena coyuntura económica polaca suponen un refrendo del PiS en el poder. Y eso es algo con lo que la Unión Europea tendrá que convivir al menos cuatro años más.
Para ampliar: “Polonia, la pesadilla del liberalismo”, Álex Maroño en El Orden Mundial, 2018
