Rusia sufrió ayer su peor ataque terrorista en veinte años. Al menos 133 personas fueron asesinadas por un grupo de atacantes que asaltó una sala de conciertos en Krasnogorsk, a 25 kilómetros de Moscú. Dáesh reivindicó su autoría horas después. Sin embargo, las autoridades rusas acusan a Ucrania de estar implicada en la matanza. Kiev ha descartado cualquier vinculación y ha asegurado que los ataques fueron orquestados por el Kremlin en una presunta operación de falsa bandera.
Pese al cruce de acusaciones, la mayoría de indicios apuntan a que los autores del atentado son yihadistas. En concreto, el Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K por sus siglas en inglés), una filial de Dáesh que opera en Afganistán, Pakistán, el este de Irán y Asia central. Fue fundada en 2015 por disidentes de los talibanes afganos y pakistaníes, aunque también cuenta con milicianos de Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. De hecho, cuatro arrestados tenían pasaporte tayiko. El ISIS-K se ha convertido en una de las facciones más activas de Dáesh tras el ascenso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021.
Rusia siempre ha sido un objetivo del yihadismo
Rusia estaba en el punto de mira de Dáesh. Los yihadistas consideran que Moscú tiene las manos manchadas de sangre musulmana desde la intervención militar de la Unión Soviética en Afganistán en 1979, que desencadenó un conflicto de diez años entre el Ejército soviético y la insurgencia afgana. La animadversión contra Rusia se intensificó tras las dos guerras de Chechenia, una república rusa de mayoría musulmana, en los años noventa y 2000. A ello se suma que Rusia es una pieza clave en la lucha contra Dáesh en Siria y en el Sahel.
La enemistad entre el ISIS-K y Rusia se ha agravado por el acercamiento del Kremlin a los talibanes. Los yihadistas acusan al Gobierno talibán de priorizar los intereses tribales y nacionales sobre los religiosos; sobre todo, tras negociar con Estados Unidos la retirada de sus tropas de Afganistán. Como consecuencia, el ISIS-K ha incrementado sus acciones para desestabilizar al régimen. Dáesh se atribuyó los atentados en el aeropuerto de Kabul de 2021, en los que murieron más de un centenar de personas, incluidos trece soldados estadounidenses. Un año más tarde, el ISIS-K perpetró un ataque suicida contra la embajada rusa en la capital afgana que dejó seis fallecidos. A Dáesh tampoco le agrada la presencia de combatientes musulmanes en la guerra de Ucrania. Sostienen que los chechenos y los tártaros que pelean allí para Rusia son apóstatas por luchar en un conflicto entre países no islámicos.
Otro elemento importante son las relaciones de Rusia con Tayikistán. Este país es el más pobre de Asia central y uno de los focos de radicalización islamista en la región. Desde el colapso de la URSS, las antiguas élites comunistas tayikas han dependido de Moscú para garantizar su estabilidad y contener a la oposición islamista. La prohibición del principal partido opositor —al que Rusia considera una organización terrorista— ha alimentado la radicalización islamista y el odio hacia Moscú.
El sentimiento de agravio se acrecenta entre los inmigrantes tayikos. En 2022, Rusia tenía más de dos millones de tayikos en su territorio, lo que representa un quinto de la población de Tayikistán. La mayoría vive en los suburbios más pobres y sufren los abusos de las fuerzas policiales rusas. El Kremlin ha aprovechado esta situación para reclutar a miles de trabajadores migrantes para luchar en Ucrania a cambio de mejores salarios y la nacionalidad rusa.
Implicaciones del atentado: acusar a Ucrania y endurecer la represión
El atentado en Krasnogorsk ha evidenciado los fallos en la seguridad de Rusia. El Kremlin ha concentrado sus recursos de inteligencia en la guerra de Ucrania y en perseguir a la oposición. Esto ha reducido las capacidades del Estado para contrarrestar las amenazas internas. Por si fuera poco, la desconfianza hacia Occidente ha hecho que Moscú no valorara la magnitud de la amenaza yihadista. Estados Unidos alertó hace solo dos semanas del riesgo de un ataque inminente en Rusia, pero Putin ignoró las advertencias: las calificó de “chantaje”. Días antes, la inteligencia rusa había desarticulado una presunta célula de Dáesh que pretendía atentar contra una sinagoga en Moscú y otra en la región de Ingusetia
Esta matanza se ha producido justo en la semana en la que Putin festejaba el décimo aniversario de la anexión de Crimea y su reelección en unas elecciones presidenciales fraudulentas. La reacción de las autoridades rusas hasta ahora ha sido acusar al Gobierno ucraniano del ataque. Esta narrativa servirá de pretexto al Kremlin para intensificar sus esfuerzos contra Ucrania e impulsar nuevas medidas bélicas como el aumento de impuestos y una nueva movilización de reclutas. El clima de inseguridad también permitirá a Putin endurecer la represión interna, quizá recuperando la práctica de la pena de muerte.
