Desde que Nayib Bukele tomó posesión de la presidencia de El Salvador en junio de 2019, este pequeño país centroamericano ha aparecido mucho en la prensa internacional. Gracias al tono irreverente y descarado de Bukele, sus tuits y discursos se se viralizan. Bukele se presentó como la única solución a la corrupción y la violencia endémica que asola el país, y prometió una alternativa alejada de la política tradicional. Capitalizó el hartazgo de la población, que le dio su respaldo abrumador como un cheque en blanco.
Para ampliar: “Nayib “Bukele o cómo gobernar El Salvador a través de Twitter” María Canora en El Orden Mundial, 2019
Bukele comenzó su mandato con golpes de efecto: despidió funcionarios, dio órdenes y decretó leyes y vetos presidenciales a través de Twitter. Estos gestos fueron crispando la relación con el resto de poderes del Estado. Bukele contaba con una amplia aprobación de la población, el respaldo de la comunidad internacional y el apoyo incondicional del Ejército, pero le faltaba el control de la Asamblea Legislativa. Con tan solo once de los 84 diputados de la cámara a su favor, las decisiones de Bukele pasaban necesariamente por llegar a acuerdos con el resto de partidos, algo que no estaba dispuesto a hacer.
La tensión estalló en febrero de 2020. La Asamblea Legislativa no autorizó un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la compra de armamento militar y aumentar el despliegue del Ejército en labores de seguridad pública, rechazando la medida por falta de transparencia. Como respuesta, el presidente convocó una sesión extraordinaria e invitó al pueblo a manifestarse frente a la Asamblea, llamando a la insurrección popular. Acto seguido, Bukele irrumpió en el parlamento con militares y policías armados, rezó una oración y dio un enfurecido discurso a la multitud congregada a las puertas: “Dios, tú me pediste paciencia, pero esos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo”. Con la amenaza de un autogolpe de Bukele en el aire, la tensión entre los poderes públicos se convirtió en un conflicto abierto, y no tardaron en llegar nuevos choques entre la Asamblea y el Ejecutivo. Pero un acontecimiento cambió todo, dando un terreno fértil a las tendencias autoritarias de Bukele: el coronavirus.
La pandemia, una oportunidad para Bukele
Nayib Bukele fue uno de los primeros presidentes de América Latina en reaccionar a la pandemia. Con todavía ningún contagio confirmado, a principios de marzo Bukele decretó el estado de emergencia, impuso una cuarentena, cerró las fronteras y puso todas las carteras del Estado a disposición del Ministerio de Salud. Sus primeras medidas se hicieron virales en redes sociales y fueron aplaudidas a nivel internacional: suspensión del pago de servicios básicos de agua, luz e internet, así como del alquiler, hipotecas y deudas por un periodo de tres meses para toda la población. El Gobierno también extendió un bono de trescientos dólares para un millón y medio de familias en situación vulnerable.
Sin embargo, estas medidas fueron acompañadas de otras mucho menos amables: detención a quienes incumplieran la cuarentena e incautación de vehículos, impuestas por la fuerza si es necesario. Las detenciones ilegales, los abusos policiales y las malas condiciones de los centros de detención, que sufren de hacinamiento e insalubridad, hicieron saltar las alarmas de las organizaciones de derechos humanos.
La situación se volvió excepcionalmente grave cuando se descubrió que la policía había torturado y asesinado a un joven y se lo había entregado a su familia diciéndoles que había muerto por coronavirus. Tras varias denuncias, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto que autorizaba las privaciones de libertad y las detenciones a los que incumplieran la cuarentena. Bukele respondió acusando a la Corte de estar del lado del virus y anunciando que no acataría la resolución. Esta sería solo el primero de los múltiples enfrentamientos del presidente con la Corte Suprema y la Asamblea.
Acuerdo entre las maras
El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, a pesar de que en los últimos tres años la tendencia se ha mantenido a la baja. La impunidad favorece los asesinatos de las pandillas, el narco y las fuerzas militares y paramilitares del Gobierno. Nayib Bukele hizo de la lucha contra la violencia un elemento central de su campaña electoral, proponiendo militarizar la seguridad pública y romper la cadena de mando de las maras desde las cárceles. Esta estrategia, similar a las aplicadas en otros países de Centroamérica en los últimos años, ha demostrado no solo no ser efectiva, sino exacerbar aún más la violencia.
Sorprendentemente, Bukele consiguió reducir los homicidios, aunque quizás solo en apariencia: en parte, la caída en el registro de homicidios se explica por la modificación en la forma de contar los asesinatos que Bukele instauró nada más llegar al poder. Desde agosto de 2019, los datos sobre homicidios excluyen las muertes a consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y a los cuerpos encontrados en fosas. Por otro lado, la disminución de homicidios también responde a una estrategia temporal de las pandillas para evitar una mayor presencia policial en los barrios y así mantener su capacidad económica, dependiente de la extorsión.
Para ampliar: “Entre maras: inseguridad y violencia en Centroamérica” María Canora en El Orden Mundial, 2018
Pero la violencia aumentó con más de noventa asesinatos en una semana entre el 24 y el 30 de abril, en pleno confinamiento, poniendo en duda el alardeado éxito del presidente. La respuesta de Bukele fue fulminante: avaló el uso de la fuerza letal contra pandilleros y declaró el estado de emergencia en las cárceles. En cuestión de horas se mezcló a los presos de diferentes pandillas, las celdas se sellaron con planchas de metal y se puso en marcha una política de aislamiento total.
El fin de la segregación por pandillas, juntando a grupos que se odian a muerte, hizo temer un baño de sangre en las prisiones. Las imágenes difundidas por el Gobierno, de una gran dureza, mostraban a los pandilleros semidesnudos hacinados en los patios, contraviniendo cualquier medida de distanciamiento. Sin embargo, el baño de sangre no llegó a producirse. Desde entonces, la situación ha permanecido en una extraña calma, tanto dentro como fuera de las prisiones. Todo indica que las maras han pactado una tregua.
Este acuerdo podría traer consecuencias inesperadas. Si las pandillas superan sus diferencias, reformulan su estructura carcelaria y cooperan contra al Gobierno, su poder se verá fortalecido y Bukele podría sufrir un efecto boomerang. Hasta ahora, las maras colaboraban para mantener la cuarentena, pero su apoyo podría revertirse. Y el incremento abrupto de los homicidios demuestra que las pandillas siguen teniendo la capacidad de aumentar y disminuir los asesinatos obedeciendo a sus intereses estratégicos.
El horizonte de 2021
Los exabruptos autoritarios de Bukele le han valido perder apoyo internacional. La Unión Europea ha expresado su preocupación por los ataques al estado de derecho, mientras que organizaciones como Human Rights Watch han denunciado la deriva antidemocrática del presidente. No obstante, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el presidente de EE. UU. le han mantenido su respaldo. Trump entiende la política exterior desde una lógica transaccional: no se meterá en asuntos ajenos mientras estos no afecten de manera directa a sus intereses. En este caso, Trump no se pronunciará en contra de Bukele mientras este mantenga la migración controlada, una de las prioridades de Estados Unidos en Centroamérica.
Para ampliar: “El éxodo centroamericano y la caravana de la desesperanza” María Canora en El Orden Mundial, 2018
Sin embargo, la crisis económica que se avecina bien podría ser el detonante de una nueva oleada migratoria. El Salvador sufrirá especialmente: su economía es muy dependiente del exterior y arrastra una deuda pública entre las más elevadas de América Latina, del 65% del PIB. La caída de las remesas exteriores de un 19,7% este año, según el Banco Mundial, el hundimiento de la demanda de café, la crisis el sector turístico y las altas tasas de empleo informal apuntan a un desplome de la economía y a un aumento en la pobreza y la desigualdad. El estrecho margen de maniobra fiscal con el que cuenta Bukele le obligará a implementar fuertes recortes para evitar una crisis de deuda, aunque de momento las autoridades salvadoreñas no han desvelado ningún plan económico de salida a la crisis.
2021 es un año clave para El Salvador: en febrero se celebrarán elecciones municipales y legislativas, la esperada oportunidad de Bukele para aumentar su poder. Si Nuevas Ideas, su partido, se posiciona como primera fuerza en la Asamblea Legislativa, Bukele no tendrá contrapesos que le frenen. El último bastión al que tendría que hacer frente sería a la Corte Suprema de Justicia, pero una vez dominando el parlamento, el presidente podría sustituir a los jueces por otros más afines. Cuatro de los quince magistrados de la corte tendrán que ser renovados o sustituidos en 2021, y su presidente deberá abandonar el cargo en 2023.
Para ampliar: “La crisis económica del coronavirus y la vuelta de la intervención estatal”, Fernando Rey en El Orden Mundial, 2020
El futuro de Bukele
Pese a su autoritarismo, Bukele mantiene el respaldo de la mayoría de los salvadoreños, y las encuestas lo sitúan como el dirigente latinoamericano mejor valorado en su gestión de la pandemia. Los golpes de Bukele siempre van sucedidos de flores: tras violar los derechos humanos en las cárceles, puso a disposición de los sanitarios trescientas camas en la residencia presidencial; tras ignorar la resolución de la Corte Suprema hizo que los ministros donasen sus sueldos para la gestión de la crisis. La población salvadoreña lleva el autoritarismo en su cultura política y tolerará los desmanes de Bukele mientras él dé soluciones a sus problemas más inmediatos.
Con todo, el enorme apoyo político del presidente podría tambalearse si no controla varios factores, empezando por la corrupción y el nepotismo. Bukele dice luchar contra esas lacras, pero el Gobierno ha mostrado falta de transparencia en el uso de los fondos de emergencia durante la pandemia. Otro asunto delicado es el hermano del presidente, Karim Bukele, que dirige las negociaciones con los diputados sin tener un cargo electo ni un puesto oficial en el Ejecutivo. Por último, el partido con el que Bukele concurrió a las presidenciales, la alianza GANA, está señalado de tener vínculos con el narcotráfico. Todo ello podría dañar la credibilidad del presidente.
Los otros dos factores determinantes son la economía y la seguridad. Hasta ahora, el Gobierno no ha abordado las causas estructurales, y no parece que Bukele vaya a acometer las medidas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional hasta después de las elecciones para no perder popularidad. En el terreno de la seguridad, aunque Bukele parece haber contenido la violencia, nada asegura que la calma se vaya a mantener siempre, y militarizar la respuesta podrían conducir a otra escalada de tensión. Además, las maras tienen también influencia en política, y pueden movilizar un gran caudal de votos contra el presidente.
Con los partidos de la oposición sumidos en el descrédito e incapaces de construir alternativas, hay pocas barreras que impidan que Bukele siga amasando poder. La sociedad salvadoreña busca seguridad y atención, pero está por ver si el presidente será capaz de dar respuesta a las demandas sociales sin llevarse a la democracia por delante.
Para ampliar: “La tortuosa relación de América Latina con el FMI”, Fernando Rey en El Orden Mundial, 2020
