Según Naciones Unidas, cada año desaparecen cerca de 2,6 billones de dólares en el mundo a causa de la corrupción y se pagan sobornos por valor de un billón de dólares. Todo esto representa en torno al 5% del PIB global anual, una cifra que genera enormes costes sociales, políticos, económicos y medioambientales en multitud de países.
La corrupción es un abuso del poder público con el objetivo de obtener beneficios privados. En mayor o menor medida, es un problema que se extiende por todo el mundo, aunque las diferencias entre los países y regiones son muy amplias. En 2024 el país del mundo con menos corrupción percibida fue Dinamarca, con 90 puntos, seguido de Finlandia con 88 y Singapur con un total de 84. En el extremo contrario se encuentran Sudán del Sur, con 8 puntos, Somalia con 9 y Venezuela con 10.
El índice, publicado desde 1995 por Transparencia Internacional, una ONG centrada en combatir el abuso de poder, usa como fuentes el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. Mide y clasifica el desempeño de 180 países y territorios de todo el mundo basándose en la percepción que tienen distintos expertos y empresarios sobre su sector público. La medida se basa en la percepción ya que la corrupción implica actividades ilegales que se ocultan y solo en ocasiones salen a la luz mediante procesos judiciales, lo que complica el cálculo de su impacto real.
Los resultados aportan un valor entre cero y cien a cada uno de los territorios estudiados, siendo cero muy corrupto y cien completamente limpio. Esta medida, aunque incluye diversas formas de corrupción como el soborno o la malversación de fondos públicos, no refleja otras actividades ilegales como el blanqueo de dinero o el fraude fiscal.
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En el caso de España, el país cuenta con un índice de 56 puntos, lo que sitúa al país en el puesto 46 de 180, por encima de la media global (43 puntos). Sin embargo, con estos resultados España baja cuatro puntos y diez puestos en comparación a sus datos de 2023, obteniendo su peor clasificación desde 1996. Según Transparencia Internacional, estos resultados se deben a un estancamiento a nivel nacional que está limitando los esfuerzos de las políticas anticorrupción, y pone el foco en el «importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico», como en Baleares o Valencia.
A nivel global, el último índice publicado por la organización advierte que 32 países han reducido sus niveles de corrupción desde 2012. Sin embargo, los restantes 148 se han mantenido en un nivel similar o, incluso, han empeorado. Esto ha hecho que más de dos tercios de los territorios estudiados se encuentren por debajo de los 50 puntos.
En cuanto a las regiones, la Unión Europea, a pesar de haber aumentado su nivel de percepción de la corrupción, es la zona del mundo con mejores resultados. De forma contraria, la región de África Subsahariana está en la peor situación debido a las presiones que sufre por los conflictos y las consecuencias del cambio climático. Oriente Próximo y el norte de África han mejorado, aunque de forma muy limitada y si quieren continuar en la misma dirección deben de hacer frente a la violencia y los autoritarismos. Además, tanto en Asia-Pacífico como en América la percepción de la corrupción ha empeorado.
La corrupción tiene efectos muy nocivos en muchos sectores económicos y afecta al desarrollo de los países y la protección de los derechos humanos. Además, la pérdida de confianza de los ciudadanos ante su Gobierno y su sector público debilitan las bases democráticas. En la actualidad, también supone un importante obstáculo ante la lucha contra el cambio climático ya que la corrupción vinculada a los combustibles fósiles limita la implementación efectiva de medidas climáticas.
A pesar de que la corrupción es un fenómeno transnacional, las personas más pobres y vulnerables sufren sus consecuencias de manera desproporcionada. Esto se debe a que son personas más dependientes de los servicios públicos, los cuales se ven debilitados por los procesos de corrupción. Su situación socioeconómica les impide acceder a servicios privados alternativos, por lo que la corrupción reduce aún más la calidad de vida de estas personas.
