A unos 500 kilómetros de la costa argentina y a casi 13.000 de Reino Unido, las islas Malvinas —Falkland para los británicos— son un rincón remoto del Atlántico Sur. En ellas viven unas 3.700 personas y cerca de un millón de pingüinos. El clima explica ese desequilibrio: llueve más de la mitad de los días del año, la temperatura media anual ronda los 5 °C y el viento sopla sin descanso.
Aun así, este archipiélago aislado y poco poblado es objeto de una de las disputas territoriales más persistentes de América Latina. Reino Unido lo administra desde 1833 sin que Argentina haya renunciado a su reclamación de soberanía.
Las islas custodian el acceso al estrecho de Magallanes y cabo de Hornos, en el extremo sur de América, albergan una base militar británica permanente y empezarán a producir petróleo previsiblemente en 2028. Pero la geopolítica no explica por sí sola las ambiciones territoriales de ambos países: Malvinas y Falklands constituyen dos relatos identitarios paralelos y al mismo tiempo irrenunciables para Buenos Aires y Londres.
Tras algo más de una década de relativa calma, la disputa ha regresado al primer plano este 2026. El pasado mes de julio, tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial de fútbol, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta con el lema “Las Malvinas son argentinas”. Y en agosto, Donald Trump dijo estar revisando la neutralidad estadounidense en el enclave.
En Reino Unido, el discurso soberanista del brexit ha recuperado las islas como emblema de una potencia con alcance global, el mismo papel que tuvieron en 1982 con Margaret Thatcher. En Argentina, la reivindicación es cotidiana: calcomanías en los autobuses, gorras azules con la silueta del archipiélago.
Una historia, dos relatos
Hasta mediados del siglo XVIII, el archipiélago estaba deshabitado y varias potencias se disputaban su descubrimiento. Reino Unido reclama el primer avistamiento en 1592 y el primer desembarco en 1690. El capitán John Strong bautizó el estrecho entre las dos islas principales en honor al vizconde de Falkland, y el nombre acabó extendiéndose a todo el archipiélago.
La historiografía argentina, por su parte, sostiene que una nave de la expedición de Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona de Castilla, avistó las islas ya en 1520.
Los primeros asentamientos llegaron en la década de 1760 y fueron rivales. Francia fundó Puerto Luis en 1764 en la isla Soledad, al este, y lo cedió a España tres años después. Entretanto, Gran Bretaña se había instalado en 1766 en Port Egmont, en el noroeste, aunque España expulsó a los británicos en 1770 y estos lo abandonaron en 1774. Para entonces, Londres ya había advertido el valor estratégico de las islas: en 1765, el conde de Egmont, responsable de la Marina británica, las describió como “la llave de todo el océano Pacífico”.
Argentina sostiene que, tras independizarse de España, tomó posesión de las islas en 1820 y que en 1829 creó allí una Comandancia Política y Militar. En enero de 1833, un buque de guerra británico exigió a la guarnición argentina que se retirara. Para Argentina fue una ocupación por la fuerza en tiempos de paz; para Reino Unido, la reafirmación de derechos anteriores, llevada a cabo sin violencia.
De ahí nacen dos posturas jurídicas. Argentina invoca el uti possidetis iuris, un principio del derecho internacional que establece que los nuevos Estados independientes deben conservar las fronteras de las divisiones administrativas coloniales de las que proceden. Bajo esa premisa, Argentina se considera heredera del Virreinato del Río de la Plata y defiende que en 1833 Reino Unido le arrebató por la fuerza un territorio que le pertenecía.
La postura británica, históricamente anclada en la justificación del descubrimiento previo, se ampara hoy en la voluntad de los isleños, los falklanders, en su mayoría descendientes de colonos británicos llegados después de 1833. En el referéndum de 2013, el 99,8% votó por seguir siendo territorio británico, con una participación superior al 90%.
La ONU tampoco zanja el asunto. Desde 1946 incluye las islas en su lista de territorios no autónomos, en la que hoy sólo quedan 17, con Reino Unido como potencia administradora, pero sin pronunciarse sobre su soberanía. La Resolución 2065 (1965) reconoció la disputa e invitó a ambos países a negociar atendiendo a los intereses de la población.
Argentina interpreta que eso obliga a respetar el bienestar de los isleños, no a dejar que decidan; Reino Unido, que sus intereses pasan por respetar su voluntad. El Comité de Descolonización trata el caso como una “situación colonial especial y particular” que deben resolver los dos Estados, y la Asamblea General no aprueba una resolución específica desde 1988.
En abril de 1982, la junta militar que gobernaba Argentina, encabezada entonces por Leopoldo Galtieri, invadió las islas. El régimen atravesaba un momento de baja popularidad y corría el riesgo de caer. El Gobierno de Margaret Thatcher respondió con la fuerza naval: la guerra duró 74 días y terminó con la rendición argentina. Murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños.
En Argentina, la derrota precipitó la caída de la dictadura y la vuelta a la democracia en 1983, pero no debilitó la causa. La Constitución de 1994 consagró la recuperación de las islas como un “objetivo permanente e irrenunciable”, y el 2 de abril, fecha del desembarco, es hoy festivo nacional en homenaje a los veteranos y caídos.
Pero el nacionalismo que dejó la guerra no fue sólo argentino. El conflicto consolidó la imagen de Thatcher como líder y reforzó un relato de recuperación nacional. Esa dimensión identitaria no ha desaparecido: el brexit revivió parte de la retórica de soberanía y devolvió las islas al nacionalismo británico. Pero ese sentimiento no es homogéneo: según encuestas recientes, sólo el 9% de los jóvenes de 18 a 24 años considera “muy importante” que las Falklands sigan siendo británicas.
La economía del calamar
Las Malvinas o Falklands están formadas por 778 islas e islotes, con dos islas principales: la Soledad (East Falkland) y la Gran Malvina (West Falkland). Y aunque flanquean la puerta de entrada al pasaje de Drake, que comunica América con la Antártida, están lejos de ser un nodo del comercio mundial.
Por el Atlántico Sur circula poco comercio, y la ruta hacia el Pacífico por el extremo sur de América tiene una importancia más potencial que actual: gana peso cuando el canal de Panamá sufre restricciones o se satura. El puerto de la capital Stanley, al este, reabastece a buques científicos y turísticos que siguen rumbo a la Antártida y, junto con las islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, el archipiélago integra la red británica del borde antártico.
La base de Mount Pleasant, con entre 1.000 y 2.000 militares, el puerto militar de Mare Harbour y el puente aéreo vía Ascensión, territorio británico de ultramar, dan a Reino Unido una capacidad de proyección militar permanente, aunque depende de una línea logística costosa.
El petróleo es la apuesta de futuro. El proyecto clave es Sea Lion, un yacimiento submarino descubierto en 2010 que prevé producir 50.000 barriles diarios a partir de 2028, modesto a escala mundial, pero relevante para los 3.700 habitantes.
Así, lo que sostiene hoy la economía local no es el petróleo, sino el mar. La pesca, sobre todo a través de las licencias que el Gobierno isleño vende a flotas extranjeras, aporta cerca del 60% del PIB isleño. El calamar representa cerca del 75% de las capturas.
La pesca es también fuente de tensión. La Comisión de Pesca del Atlántico Sur, creada por Argentina y Reino Unido en 1990, funcionó hasta 2005, cuando quedó paralizada tras la retirada argentina, en parte por desacuerdos sobre la gestión del calamar y la presencia de buques con licencia británica. Argentina sostiene que no puede aceptar un esquema que legitime la jurisdicción británica sobre aguas que reclama como propias, mientras que Reino Unido gestiona la pesca mediante licencias emitidas por el Gobierno de las Falklands.
Arenas movedizas
La geopolítica de las islas desborda la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido. Sobre ellas convergen intereses de seguridad, capital, vecindad y legitimidad diplomática, con alineamientos que no siempre siguen la lógica esperada.
Washington es quien más puede alterar ese equilibrio. Respaldó a Londres en 1982 y desde entonces reconoce la administración británica de facto sin pronunciarse sobre la soberanía. Hasta que, a finales de agosto de 2026, Trump dijo que estaba revisando esa posición y puso en duda días después que Reino Unido pudiera defender las islas. La razón de esa amenaza es forzar a Londres a aumentar el gasto en defensa y castigar su falta de apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán.
A ello se suma la llamada “doctrina Donroe”, con la que Trump busca más control sobre los recursos del hemisferio.
El petróleo añade otra capa. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% de Sea Lion y la británica Rockhopper Exploration, el 35% restante. Como el proyecto opera en aguas que Argentina reclama como propias, en septiembre el presidente Javier Milei anunció sanciones contra ambas empresas, sus accionistas y sus proveedores. La medida coloca a Milei ante una paradoja, porque es uno de los aliados más firmes de Israel.
En Latinoamérica, el apoyo a Argentina es amplio. Chile, que en 1982 colaboró con Londres, respalda hoy la reclamación argentina en la ONU, aunque pesa también en la logística de las islas: el vuelo semanal de la aerolínea chilena LATAM vía Punta Arenas es su única conexión regular con el continente. Hubo otra, entre São Paulo y Mount Pleasant con escala mensual en Córdoba, pero sólo funcionó unos meses: se suspendió en 2020 por la pandemia y nunca se restableció.
Brasil apoya históricamente la reclamación argentina en foros como la Organización de los Estados Americanos y Mercosur. Fuera de la región, China, con intereses pesqueros y antárticos en el Atlántico Sur, también respalda la posición argentina y aboga por negociar.
