Un apagón general en una de las islas energéticas de la Unión Europea. Uno de los mayores riesgos de la falta de interconexión eléctrica en el espacio comunitario se ha materializado en España y Portugal, donde millones de personas han perdido el suministro eléctrico durante horas. La península ibérica apenas se mantiene conectada al resto del sistema eléctrico europeo por los cuatro enlaces que mantiene con Francia, insuficientes para los niveles de intercambio energético que se registran en el resto del continente.
El sistema de interconexión eléctrica lleva tiempo siendo un instrumento vital en la estrategia energética de la Comisión Europea, que desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha redoblado los esfuerzos para lograr la ansiada autonomía energética de la región.
Y es que, además de facilitar la gestión de energías renovables de producción variable como la solar o la eólica, las interconexiones tienden a suavizar el precio de la electricidad al aumentar la competencia entre postores. También, y aquí está una de las partes más sensibles de la estrategia, disminuyen el riesgo de apagones eléctricos y aceleran una hipotética recuperación tras un “cero”.
Este es precisamente el caso del apagón general que se acaba de registrar en España, el peor de su historia. El corte ha llegado en un momento en el que su nivel de interconexión eléctrica —y por extensión el de Portugal— todavía se encuentra muy lejos de los objetivos marcados por los entes comunitarios y, aunque ha contado con la ayuda de Francia y Marruecos para restablecer la conexión, ha necesitado más de medio día para normalizar su red eléctrica.
Bruselas propuso alcanzar un nivel de interconexión del sistema eléctrico europeo del 10% para 2020, lo que significaba que los Estados miembros debían disponer para esa fecha de cables eléctricos que permitieran transportar al menos una décima parte de su producción eléctrica a los países vecinos. A comienzos de 2025, hasta 8 países —Rumanía, Italia, Francia, Portugal, Irlanda, España, Polonia y Chipre— no habían alcanzado todavía ese objetivo, que además se elevará hasta el 15% para 2030.
Así, el problema, una vez más, está en los altos niveles de desigualdad que registran los Estados miembros en materia de interconexión. Luxemburgo, por ejemplo, podría intercambiar con sus vecinos el doble de la electricidad que produce gracias a su privilegiada situación en el centro de Europa.
En el caso español, la peninsularidad de su territorio y su escaso nivel de interconexión —apenas del 6,5%— generan un problema añadido para los Gobiernos y Administraciones. Ese aislamiento reduce enormemente la cartera de postores que participan en el mercado ibérico de electricidad, y tanto las autoridades españolas como las portuguesas tienen menos margen de maniobra que en otras zonas del continente.
A esto se suma la reticencia histórica de Francia para facilitar la competencia peninsular, donde las renovables cogen fuerza y podrían competir con las exportaciones francesas —más caras— de energía nuclear.
En este sentido, Redeia, la antigua Red Eléctrica Española y gestora de la red de transporte de energía eléctrica del país, ya señaló en 2012 que “el fortalecimiento de las interconexiones con el resto de sistemas vecinos constituye la inversión más importante que debe realizarse en los próximos años”.
De hecho, en 2024 la inmensa mayoría de países de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-e, por sus siglas en inglés), formada por 35 Estados europeos, fueron importadores netos de electricidad, con Italia, Reino Unido y Alemania a la cabeza.
Por su parte, Francia protagonizó por sí sola el 20% de las exportaciones gracias a la constante producción de sus centrales nucleares. La consolidación de la energía renovable en toda la UE debería redibujar este esquema, aumentando la producción de electricidad a partir de recursos propios y, por tanto, la cantidad de energía que podría fluir a través de las interconexiones internacionales.
De esta forma, en caso de que el precio del gas volviera a descontrolarse —ya fuera por escasez como en la última crisis de suministros, por tensiones diplomáticas o por impuestos a la emisión de carbono—, Europa no tendría que competir con por ejemplo el mercado asiático para asegurar el suministro de electricidad a sus hogares, sino que podría acudir a la energía solar española, la nuclear francesa o la eólica danesa.
El país escandinavo es de hecho un claro ejemplo de los altos niveles de interconexión eléctrica que ya se registran la Unión Europea: aunque se trata del Estado que más uso hace de la energía eólica de todo el mundo —en 2023 basó hasta el 60% de su producción eléctrica en ella y para 2035 quiere elevar ese porcentaje hasta el 84%—, su plan cuenta con una debilidad estructural: el viento, en ocasiones, deja de soplar.
La solución más fácil sería volver a los combustibles fósiles y activar de forma intermitente antiguas centrales termoeléctricas. Sin embargo, las conexiones comunitarias permiten al país acceder a la red eléctrica de la vecina Noruega, que cuenta con una gran cantidad de energía hidroeléctrica.
De esta manera, cuando hay viento, ambos países funcionan con la energía eólica de Dinamarca, manteniendo los embalses de Noruega llenos, mientras que en los días más calmados en Oslo abren un poco más las compuertas de sus reservas para que el agua fluya más rápido y cubrir la demanda de sus vecinos.
