Por mucho que la Comisión Europea se esfuerce por dejarlo atrás, lo cierto es que el carbón está aún muy presente en el sistema energético de muchos países de la UE. De hecho, a raíz de la crisis energética que ha provocado la reactivación económica tras la pandemia de coronavirus, los Estados miembros han revertido la tendencia de los últimos años y han aumentado el uso del carbón para hacer frente a los desajustes del suministro de gas. Pese a esto, ya en 2019 los datos tampoco eran muy alentadores: el 17% de la energía generada en la Unión Europea aún procedía del carbón, según datos de Eurostat.
Se trata de un problema especialmente grave en Europa del Este: Polonia (74%), Estonia (70%), Chequia (45%) y Bulgaria (39%) son los países que más dependen del carbón, un combustible sin hueco en cualquier plan climático mínimamente ambicioso. La transición energética, en su caso, no es nada sencilla, ya que son miles los trabajadores que dependen de la industria del carbón —230.000, según cálculos de la Comisión Europea— y abandonar drásticamente su uso para producir energía implicaría destruir sus empleos. Por eso, piden tiempo y ayudas económicas para poder avanzar en la utilización de energías renovables.
Especialmente sorprendente es el dato de Alemania, donde un tercio de la energía aún se produce con carbón. Su dependencia llevó al Ejecutivo de Angela Merkel a retrasar el abandono de este combustible completo hasta 2038, la fecha más tardía de cualquier Estado miembros que se haya comprometido a desfasarlo, pero recientemente el nuevo Gobierno formado por socialdemócratas, liberales y verdes ha asegurado que la fecha se adelantará a 2030.
De esta forma, los países que ya se han desprendido del carbón en la UE son Bélgica, Letonia, Malta, Chipre, Luxemburgo, Austria, Suecia —en su caso, sigue usando turba—, Lituania y, desde este mes de noviembre, Portugal. Por su parte, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, España, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y Alemania han anunciado su compromiso de abandonarlo en los próximos años. A la cola, Bulgaria, Polonia, Chequia y Croacia todavía no se han decidido a hacerlo.
El caso de Estonia es más complicado. Si bien el país báltico ya se ha desprendido del carbón para generar energía, basa la mayoría de su producción en el esquisto bituminoso, una roca sedimentaria que se puede quemar para liberar energía. Estonia extrae el 80% de la producción mundial, ya que además de poseer vastas reservas cuenta con la ventaja de que la mayoría están muy cerca de la superficie, lo que facilita su explotación. Tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos construyeron varias plantas energéticas y enviaron a miles de trabajadores a la zona para trabajar en la industria del esquisto. Varias décadas después, Tallin continúa minándolo en cantidades ingentes.
Para persuadir a los países del Este, la Comisión Europea cuenta con dos instrumentos: los incentivos económicos y el mercado de derechos de emisión. Este último, creado en 2005, grava la contaminación de CO2 y otros gases de efecto invernadero a través de un régimen de compra-venta de permisos que, en última instancia, perjudica al carbón, la materia prima utilizada en la generación de energía más contaminante.
