El 11 de septiembre de 2001, miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones y llevaron a cabo ataques suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York y la base del Pentágono en Washington D.C. Los atentados mataron a casi 3.000 personas y sumieron a la sociedad estadounidense en la conmoción. El 11S aceleró el curso de la historia, ya que hizo que Estados Unidos reconfigurara tanto su política exterior como la interior y, con ellas, las relaciones internacionales en su conjunto.
En respuesta al ataque, la Administración de George W. Bush declaró la guerra contra el terror, por la que señaló a varios países de Oriente Próximo como “patrocinadores del terrorismo”. El mismo año de los ataques Estados Unidos invadió Afganistán y en 2003 Irak, dos decisiones con secuelas visibles veinte años después. En cuanto a la política interna, evitar otro ataque terrorista se convirtió en la preocupación principal del Ejecutivo, por lo que la seguridad nacional pasó a ser prioritaria. Así nació la ley USA Patriot, que el Gobierno de Bush impulsó con urgencia pocas semanas después de los atentados.
Una ley para vigilarlos a todos
Con el objetivo de reforzar las capacidades de las agencias gubernamentales para luchar contra el terrorismo, Bush promulgó el 26 de octubre de 2001 la ley USA Patriot, acrónimo en inglés de ‘Ley para unir y fortalecer Estados Unidos proveyendo las herramientas apropiadas para interceptar y obstaculizar el terrorismo’, también conocida como Patriot Act. La ley se aprobó con una amplia mayoría tanto en la Cámara de Representantes (357 votos a favor, 66 en contra) como en el Senado (98 a favor, uno en contra). Sin embargo, muchos congresistas denunciaron presiones de la Administración Bush para sacar la ley adelante so pena de ser señalados como responsables en caso de otro ataque.
La ley se divide en secciones que tratan distintos frentes de la lucha antiterrorista, como la tipificación de nuevas amenazas, tecnologías, y crímenes, el espionaje de sospechosos o las condenas para terroristas. Entre sus provisiones más controvertidas está el acceso permitido de agencias como la CIA o la NSA a la propiedad privada y a datos personales de los investigados, sin notificarlo y sin supervisión de un tribunal. La ley USA Patriot también permite la detención indefinida sin juicio de extranjeros que puedan hacer peligrar la seguridad nacional. Para ello se creó el centro de detención de Guantánamo, en la isla de Cuba, por la que Estados Unidos ha recibido críticas por atentar contra los derechos humanos.
El resultado inmediato fue una mayor libertad de actuación para el Ejecutivo, eliminando trabas que retrasaban sus investigaciones y que entorpecían la cooperación entre sus agencias y otras instituciones. Sin embargo, también ha supuesto un recorte de los derechos de los investigados, sean estadounidenses o no, ya que los agentes pueden no justificar las acciones que tomen contra ellos si creen que están relacionados con el terrorismo. Todo ello constriñe derechos como la presunción de inocencia, el acceso a juicio justo o la intimidad, lo que ha llevado a cuestionar su constitucionalidad.
Snowden confirma las sospechas de espionaje multitudinario
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la ley USA Patriot ha servido para conocer en profundidad el terrorismo internacional, desmantelar sus redes de financiación y frenar planes de ataque. En el contexto de los atentados de 2001, muchos aceptaron la restricción de ciertas libertades como un mal menor, pero muchos de los aspectos provisionales de la ley se renovaron en 2005 y con el tiempo han levantado ampollas.
El caso más sonado fueron las revelaciones del excontratista de la NSA, Edward Snowden, en 2013, ya durante el segundo mandato de Barack Obama. Snowden desveló que el Gobierno estadounidense había espiado a millones de nacionales y extranjeros, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, y aportó documentos que probaban el registro y grabación de llamadas, así como la recopilación de listas de contactos con correos, chats, direcciones postales o números de teléfono.
El escándalo llevó a la Administración Obama a reformular la ley USA Patriot en 2015, dando lugar a la Freedom Act. Si bien aumentó la transparencia de la lucha antiterrorista, esta ley también mantuvo y reforzó muchas de las provisiones de la anterior. Por otro lado, algunos de sus contenidos más polémicos, como la sección 215, que permite requisar información confidencial a terceros, no lograron ser renovados en 2020, lo que también apunta a que algunas restricciones puedan desaparecer con el tiempo.
