“A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas; destrozan sus cuerpos, las desaparecen; no olvide sus nombres, por favor, señor presidente”. Así reza una estrofa de Vivir sin miedo, una canción que la cantautora mexicana Vivir Quintana sacó en 2020 con motivo del 8M y que ya se ha convertido en himno feminista. En México, los datos avalan sus versos: entre enero y abril de este año se cometieron 1.244 feminicidios, de los cuales 311 se reconocen como tal y 933 como homicidios dolosos contra mujeres. Marzo fue el mes más “letal y violento” desde que se tienen registros, con once feminicidios al día de media, un 35% más respecto al mes anterior. En mayo los datos no han mejorado: se han registrado un 25% más feminicidios que en abril, lo que confirma la gravedad del problema que tiene el país respecto a la protección a las mujeres.
La exposición de las mujeres mexicanas a la violencia se ha mantenido en niveles alarmantes durante la pandemia. En 2020 hubo más de 3.700 asesinatos de carácter doloso asociados a cuestiones de género, es decir, un feminicidio cada dos horas y media. De fondo, el problema se enmarca en una desigualdad estructural y patriarcal en la que las mujeres, en especial las más vulnerables —campesinas, indígenas, afromexicanas…—, sufren exclusión social e impunidad. Por si fuera poco, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico a mediados de la década del 2000, se agravó la desprotección a las mujeres, que han llegado a ser armas de guerra entre facciones criminales.
El problema no ha dejado de crecer desde entonces. Según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaboró en 2016, seis de cada diez mexicanas aseguran haber sufrido algún tipo de violencia. Además, de acuerdo con otra encuesta asociada al INEGI publicada a finales de 2020, más del 80% se sienten inseguras, cerca del 50% no se sienten protegidas en su centro de estudios, el 36% están inseguras en su trabajo y un cuarto de las encuestadas afirma no sentirse a salvo en su propia casa.
Los feminicidios, la forma más alarmante de violencia contra las mujeres, han aumentado un 137% en el último lustro, sin contar la gran cantidad que no se denuncian. Según los datos de 2019 del Observatorio para la Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), adscrito a la ONU, México es el segundo país de América Latina donde más feminicidios se reportan, por detrás de Brasil.
El Estado no protege a las mujeres
Desde 2007, México tiene un instrumento jurídico para prevenir y erradicar la violencia machista: Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este texto define el feminicidio como el “asesinato resultante de la violencia ejercida contra las mujeres en razón de su condición de género”. No obstante, ni esta norma ni su tipificación como delito en el Código Penal Federal han logrado garantizar los derechos de las víctimas porque en México cada estado puede adaptar la tipificación. La falta de regulaciones comunes contribuye a infradimensionar los casos reales respecto a las estadísticas oficiales y pone de manifiesto los límites de los sistemas judiciales mexicanos, con protocolos que incluso favorecen la impunidad.
El Código Penal Federal establece siete causales para tipificar un feminicidio: que haya signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, una relación entre la víctima y el victimario, amenazas o agresiones previas al asesinato, incomunicación de la víctima o que el cuerpo haya sido exhibido en un lugar público. Sin embargo, dado que los estados son libres de trasponer o no la norma, solo once de los 32 la han transferido a su legislación, por lo que dos estados pueden tener distintas interpretaciones del mismo crimen.
El fiscal general Alejandro Gertz Maner echó más leña al fuego en febrero de 2020 cuando sugirió eliminar el tipo penal de feminicidio para tratarlo como homicidio agravado. Alegó que complicaba “inútilmente la judicialización”, pero las presiones del movimiento feminista y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo público autónomo, lo llevaron a rectificar. Para ahuyentar las críticas, meses después, en agosto, Gertz Manero impulsó una modesta reforma según la cual se deben investigar como feminicidios todos los casos que cumplan con al menos una causal prevista en el Código Penal Federal.
Pero la impunidad también impide la protección de las mujeres en México. Además de que los estados son libres para aplicar el delito, la falta de perspectiva de género y la negligencia institucional lastran el empeño por juzgar estos crímenes. Según una auditoría de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2019, un 46 % de los feminicidios se tipifican como “homicidios dolosos” para moderar las estadísticas. Esto dificulta su tratamiento penal y dispara una impunidad que alcanza entre el 97% y el 99%. Es decir, México no garantiza la protección de las víctimas ni les asegura la reparación de los daños morales.
El movimiento feminista impulsa el cambio
El feminismo mexicano se ha consolidado en los últimos años en medio de esta escalada violenta. El movimiento surgió entre 2018 y 2019 en el ámbito universitario y desde entonces ha canalizado las demandas de las mujeres en grandes movilizaciones contra la desigualdad, la falta de compromiso del Gobierno y la actitud del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que atribuye la violencia machista al “neoliberalismo”. Después de que se dieran a conocer los últimos datos de feminicidios, López Obrador afirmó que hay un “lamentable” aumento de la violencia contra las mujeres, pero solventó el asunto señalando que desde el Gobierno están “ocupándose de eso”. Las concentraciones del pasado 8 de marzo en el Zócalo, centro neurálgico de Ciudad de México, para exigir memoria para las víctimas y las desaparecidas, o las protestas de noviembre de 2020 en Cancún contra el aumento de los crímenes machistas, se saldaron con represión policial y detenciones, pero han demostrado la fuerza de este movimiento.
Algunos logros del feminismo mexicano se han dado en materia legislativa. La Ley Olimpia, aprobada en noviembre de 2020, tipificó la violencia digital contra las mujeres gracias al impulso de Olimpia Coral, quien había iniciado una lucha en 2018 después de que su expareja publicara fotos íntimas de ella en redes sociales. En 2020 también se aprobó la Ley Ingrid, que penaliza a funcionarios públicos que difundan información sobre las víctimas, después del feminicidio de Ingrid Escamilla y de que la policía filtrara fotos de su cuerpo a los medios. Y el año pasado se aprobó otra ley que obliga a las formaciones políticas a llevar candidaturas paritarias en sus listas y que ya se ha aplicado en las elecciones federales del pasado 6 de junio.
México, bajo el mandato del Gobierno más paritario de su historia, todavía está lejos de trasladar una imagen de compromiso con la erradicación de las violencias contra las mujeres. Pese a las reformas, la desprotección jurídica y la impunidad aún ponen en situación de vulnerabilidad a más del 50% de la población. López Obrador, con un programa escueto en materia de igualdad, rechaza los diálogos con el feminismo, que le exige reconocer que los feminicidios son un problema de Estado. La ONU también le pide que escuche a las mujeres. Con la violencia machista desatada durante la pandemia, el presidente ha solicitado a las Fiscalías estatales un mayor compromiso con las investigaciones que, sin embargo, todavía no arrojan datos positivos.
