Estados Unidos está influyendo en el movimiento separatista de Alberta aprovechando el deterioro de sus relaciones con Canadá. Las recientes reuniones entre la Administración Trump y el grupo independentista Alberta Prosperity Project evidencian un interés en amplificar el malestar provincial. Aunque la secesión enfrenta obstáculos legales y carece de apoyo popular sólido, el debate ya es parte de la estrategia de la Casa Blanca para someter a Canadá a sus intereses y del pulso entre Washington y Ottawa.
Alberta, el descontento que mira a Estados Unidos
La provincia de Alberta, en el oeste canadiense y fronteriza con Estados Unidos, ha sido junto con Quebec uno de los principales focos de tensión territorial en Canadá. La base del malestar secesionista es la percepción de lejanía política del Gobierno federal y de injusticia fiscal y las políticas federales que limitan la expansión del sector petrolero. Alberta es una de las provincias más ricas de Canadá: concentra en torno al 90% del petróleo nacional y cuenta con importantes reservas de tierras raras.
Esta riqueza energética refuerza sus vínculos con Estados Unidos, principal destino de sus exportaciones de crudo. En 2024, Estados Unidos importó unos 121.000 millones de dólares en petróleo de Alberta, por delante del resto de provincias canadienses. Además, Canadá es el principal proveedor extranjero de petróleo de Estados Unidos, muy por delante de otros países. Esta conexión económica hace que el debate soberanista tenga eco en Washington por su posible impacto en el suministro energético estadounidense.
A ello se suma la creciente relevancia de Canadá en la cadena de valor de las tierras raras, un sector dominado por China. La reciente puesta en marcha de una planta de refinamiento en la provincia de Saskatchewan, al este de Alberta, refuerza el papel del país en el suministro de materiales críticos para la industria tecnológica y la defensa. En un contexto de rivalidad con Pekín, Washington puede buscar en Canadá reducir esa dependencia de China.
El Alberta Prosperity Project (APP) es un grupo independentista de ultraderecha creado entre 2021 y 2022 que promueve un referéndum sobre la salida de Alberta de Canadá. Defiende que la provincia estaría mejor si controlara sus recursos, impuestos y políticas. Para activar el referéndum necesita cerca de 177.000 firmas, un 10% de los votantes registrados en las últimas elecciones. Este umbral para consultas sobre cuestiones constitucionales se redujo del 20% al 10% desde la aprobación de la Ley 54 en mayo de 2025, impulsada por el Gobierno de la conservadora Danielle Smith. El Partido Conservador Unido de Alberta no apoya formalmente la iniciativa, pero Smith ha defendido el derecho de la ciudadanía a pronunciarse.
El interés estratégico de Washington
En ese contexto, el Financial Times reveló el pasado 28 de enero que altos cargos de la Administración Trump habían mantenido tres reuniones con representantes del APP desde abril de 2025. Estos encuentros tuvieron lugar en un momento de creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, marcado por las tensiones entre Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney. A raíz de estas reuniones, el APP plantearía este mes a la Casa Blanca crear una línea de crédito de 500.000 millones de dólares para respaldar a la provincia si se aprueba un referéndum de independencia, aún no convocado.
El respaldo de Washington al APP forma parte de su presión sobre el Gobierno canadiense. Desde que volvió al poder hace un año, Trump ha repetido la idea de que Canadá se convierta en el “estado 51”, e impuso aranceles de hasta el 35% sobre la mayoría de importaciones canadienses y del 10% sobre productos energéticos como el petróleo. La Cámara de Representantes ha votado recientemente a favor de revocar estos aranceles, pero la medida requiere la aprobación del Senado y Trump podría vetarla. Además, el presidente estadounidense ha amenazado con tasas del 50% a aviones canadienses y del 100% si Ottawa firma un acuerdo de libre comercio con China. Este último punto también contempla la revisión del tratado comercial T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México, prevista para julio de este año.
En el Gobierno canadiense crece la inquietud de que Washington pueda usar los movimientos secesionistas para influir en los asuntos internos del país. Danielle Smith fue la única jefa de Gobierno provincial que asistió a la toma de posesión de Trump en enero de 2025. La primera ministra de Alberta ha expresado su cercanía ideológica con el mandatario republicano, se ha negado a condenar las negociaciones entre el APP y el Gobierno estadounidense y ha sido acusada de favorecer el auge del separatismo. El presidente del sindicato Federación Laboral de Alberta, Gil McGowan, afirmó en el Financial Times que existen indicios de interferencia extranjera, mencionando campañas publicitarias, uso de bots y participación de influencers del movimiento MAGA. En esa línea, medios como CTV Newshan informado sobre la circulación de contenidos engañosos y campañas digitales que aumentan la visibilidad del discurso soberanista.
En ese clima de tensión, algunos miembros de la Administración estadounidense también han alimentado el debate. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó en el medio trumpista Real America’s Voice la “identidad independiente” de Alberta y mencionó los rumores sobre un posible referéndum, insinuando que parte de la población toma a Estados Unidos como referente.
La secesión es complicada
Alberta podría celebrar un referéndum a finales de año si el APP reúne las 177.000 firmas, pero es difícil que obtenga una mayoría. Las encuestas de Ipsos de enero sitúan el apoyo a la secesión en torno al 34%, y cae al 15% cuando se plantean las consecuencias económicas y políticas de la ruptura, aunque Research Co. señala un respaldo del 42% de los albertanos entre dieciocho y 34 años. Además, una campaña contraria llamada Alberta Forever Canada recibió más de 438.000 firmas para finales de diciembre pasado.
Incluso si el referéndum prosperara, no sería vinculante. La Ley de Claridad Federal, creada a raíz del ajustado referéndum independentista de Quebec en 1995, permite a la Cámara de los Comunes decidir si la pregunta es clara y si el resultado supone una “mayoría clara”, sin fijar un umbral concreto. En consecuencia, una mayoría simple podría no ser suficiente para abrir negociaciones. Además, cualquier negociación debería incluir al Gobierno federal, las demás provincias y las naciones indígenas. En última instancia, la salida de Alberta requeriría una reforma constitucional que necesita la mayoría de ambas cámaras y el respaldo de al menos siete provincias que representen el 50% de la población canadiense.
Llegado el caso, ¿podría Alberta unirse a Estados Unidos? El artículo 4 de la Constitución estadounidense establece que la admisión de un nuevo estado requiere la aprobación del Congreso y la firma del presidente. No existe precedente de una provincia extranjera convertida directamente en estado federal, e incorporar un nuevo territorio alteraría el equilibrio político en el Colegio Electoral y en el Senado. En la práctica, es un escenario improbable. Sin embargo, la Casa Blanca continuará instrumentalizando el separatismo de Alberta de la mano con la presión económica para someter a Canadá a sus intereses.
