Suecia lleva una década viviendo un aumento de la violencia por parte de bandas criminales que han crecido a raíz de las desigualdades socioeconómicas y la proliferación del narcotráfico. Desde 2013 se ha duplicado el número de víctimas mortales en tiroteos, con un pico de 63 víctimas en 2022, y desde 2019 las autoridades han empezado a contabilizar las muertes por arma blanca. En 2022 Suecia también fue el tercer país europeo con más muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes. Asimismo, 2023 fue el año con más atentados con explosivos en el país, con 149.
El último tiroteo, el pasado 3 de febrero, dejó diez muertos y varios heridos en una escuela para adultos a doscientos kilómetros de Estocolmo. Esta violencia contradice la visión pacífica que se tiene de Suecia. Sin embargo, ha aumentado la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Además, el impacto de las bandas suecas se está expandiendo a países vecinos como Noruega o Dinamarca.
Desigualdad y narcotráfico
Con el objetivo de investigar y controlar la violencia, la Policía de Suecia ha clasificado una serie de utsatta o áreas vulnerables. Estas zonas están caracterizadas por altas tasas de criminalidad y exclusión social derivadas de un alto desempleo y riesgo de pobreza. La situación socioeconómica de quienes residen en estas áreas es el principal factor de riesgo para acabar en las pandillas y bandas criminales.
La desigualdad económica en Suecia ha alcanzado sus cifras más elevadas desde hace cuatro décadas. Este aumento viene debido a factores como la diferencia en la distribución de la riqueza y la reducción de los beneficios sociales y de los ingresos de los autónomos. Cuanto mayor es la diferencia en ingresos, educación y sanidad, mayor es la probabilidad de que las oportunidades difieran dependiendo de la zona.
La mayoría de los sospechosos de estos crímenes en Suecia son jóvenes de entre quince y veinte años. En 2022 superaron el 45%, en un país donde más del 20% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social. Los encargos suelen estar relacionados con el tráfico de drogas y, con el tiempo, evolucionan a delitos más graves como el homicidio, por el cual pueden recibir hasta 80.000 euros.
A su vez, muchos jóvenes de estas zonas son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Suecia llegó a ser en la década pasada el país de Europa que acogió más migrantes per cápita, pero la falta de integración relegó a muchos a barrios marginales. Estas barreras para integrarse más la segregación aumenta las probabilidades de pobreza, y los jóvenes son más vulnerables. Al mismo tiempo, en estas zonas hay menos control del Estado. Con todo ello, las pandillas y bandas criminales tienen más facilidad para reclutar.
El aumento de la violencia en Suecia también se debe al incremento del narcotráfico y los crímenes relacionados. Para evitar la vigilancia de las rutas principales, que llegan a países como España o Bélgica, las mafias internacionales están introduciendo drogas en Europa a través de otros como Suecia. En las utsatta, al ser zonas marginales y empobrecidas, la vinculación de las bandas criminales al lucrativo tráfico de sustancias genera dependencias económicas y distintos tipos de violencia. Esto les sirve a los grupos violentos para reclutar y mantener dentro a los jóvenes mientras se financian con las drogas.
El impacto político de la violencia en Suecia
El aumento de la violencia en Suecia también ha tenido impacto político. En las elecciones de 2022, el partido ultraderechista Demócratas de Suecia consiguió ser la segunda fuerza más votada, propiciando un Gobierno de derechas que prometió acabar con la violencia ligada al narcotráfico. Asimismo, en enero de 2023, una red de crimen organizado se infiltró entre los funcionarios y el Partido Socialdemócrata del municipio de Botkyrka, cerca de Estocolmo, porque la alcaldesa había cerrado unos centros para talleres juveniles que se convirtieron en lugar de operaciones del narco. Finalmente, consiguieron echarla.
El actual Gobierno sueco ha acusado el aumento de la violencia a la laxitud de las políticas proinmigración que hubo hasta 2016, unido al crimen organizado y el tráfico de drogas. Para solucionarlo, la coalición de derechas consiguió eliminar en 2022 las excepciones para delincuentes de entre dieciocho y veintiún años, y pretende tomar otras medidas como duplicar las penas de prisión por delitos con armas de fuego y explosivos. Además, en línea con el programa de otros partidos de ultraderecha en el continente, busca complicar el acceso a las ayudas sociales para los inmigrantes no europeos, así como obligar a los padres extranjeros a que sus hijos acudan a preescolar. Por el contrario, hay quienes defienden soluciones más a largo plazo: la reducción de la pobreza y la desigualdad y el fin de la discriminación y la segregación.
