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Periodismo, o cómo jugarse la vida por informar

Periodismo, o cómo jugarse la vida por informar
Periodista cubriendo la manifestaciones en la plaza del Maidan en Kiev (Ucrania). Fuente: Mstyslav Chernov / Wikimedia

Alrededor de 1.300 periodistas han sido asesinados desde los años 90 durante el ejercicio de su profesión. En la mayoría de los casos, se ha probado la planificación y la intencionalidad de dichos crímenes, pero los culpables nunca han sido identificados o juzgados. México, Afganistán y Siria encabezan la lista de los países más letales para los medios de comunicación, situando el periodismo como una de las profesiones más peligrosas del mundo.

Reporteros Sin Fronteras muestra cifras escalofriantes que evocan en nuestras mentes el nombre de Jamal Khashoggi, figura mártir de una catástrofe a nivel mundial: el asesinato indiscriminado de periodistas por el simple hecho de ejercer su profesión. En los últimos 20 años más de 1.300 periodistas han asesinados, y en 2018 la cifra aumentó un 8% con respecto al año anterior, con 348 encarcelados y otros 60 secuestrados en ese mismo año. En ciertos lugares del mundo mostrar los rincones más oscuros de la política o de los conflictos armados a través de la palabra, la imagen o el video es sinónimo de poner la vida en alto riesgo.

Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo: los periodistas siempre estuvieron en el punto de mira debido a la fuerte influencia que sus informaciones pueden tener en el escenario político de cada país. Como bien retrató el caso Watergate, los medios de comunicación han demostrado ser el cuarto poder y, frente a su trabajo al servicio de la sociedad, los menos escrupulosos no dudan en utilizar la violencia más extrema para acallarlos. ¿Es el periodismo un trabajo de alto riesgo? Contar la verdad nunca salió tan caro.

Víctimas de una cacería política

Sus nombres han aparecido en las portadas de los mismos medios a cuyas oficinas solían acudir cada mañana para comenzar un día más de trabajo. Véronique Robert nunca volvió de Mosul (Irak) para incorporarse a su equipo en France Télévisions a causa de sus heridas por una mina explosiva en 2017. Igor Padilla tampoco volvió a aparecer en pantalla tras ser abatido a tiros a plena luz del día, en la calle, mientras grababa un nuevo episodio en Honduras ese mismo año. Poco más tarde, en 2018, el canal Al Arab quedó huérfano cuando su director, Jamal Khashoggi, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul por miembros del propio Gobierno saudí. Este había huido de su país natal temiendo el fin de su vida por sus críticas a las políticas de Mohamed bin Salmán, quien en efecto había planeado acallar la voz de Khashoggi.

Para ampliar: “Khashoggi y la corona de Arabia Saudí en juego”, David Hernández en El Orden Mundial, 2018

Estas son solo algunas de las pérdidas más recientes de periodistas, pero no las únicas. Las cifras mostraban un leve descenso del 18% en 2017 respecto al año anterior —que había tenido 65 profesionales asesinados— pero 2018 no ha dado tregua. Alrededor de 80 vidas fueron arrebatadas de forma premeditada o intencional. Así los datos suman ya hasta 700 periodistas fallecidos en los últimos 10 años, quienes se encontraban en estado activo y ejercían el derecho a cumplir con su profesión. El motivo es simple: acallar la verdad. 

Esta violencia inédita llevó la cuestión a los titulares de la revista Time, quien dedicó su célebre título de “Persona del Año” a “los guardianes y la guerra por la verdad” en 2018. La mirada entrecerrada de Khashoggi permanecía vigilante en la portada de la revista, que elogiaba su labor al frente de la prensa crítica con el régimen autoritario de Riad. El periodista saudí comparte título con la directora del sitio web de noticias filipino Rappler, Maria Ressa, arrestada por orden de Rodrigo Duterte; así como los periodistas birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo, liberados recientemente de su encarcelamiento por sus investigaciones sobre las persecuciones de los rohingyas en Myanmar. 

Por último, Time rinde tributo a Capital Gazette, un periódico de Maryland (Estados Unidos) cuyo suceso consternó a la comunidad mediática. Su redacción no escapó tampoco al terror y se convirtió en la víctima del tiroteo más grave contra una redacción de los últimos años en el país, en el que perdieron la vida cinco periodistas y otros dos resultaron heridos. Esta portada histórica de Time centró la mirada del mundo en los crímenes contra las personas que trabajan para garantizar la libertad de expresión.

Los trapos sucios de Nixon

Mientras que la violencia y la censura se han ido recrudeciendo con el paso del tiempo, los periodistas han demostrado ser “el cuarto poder” a lo largo de la historia. Pronunciado por el conservador Edmund Burke ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, el término plasma la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y equipara su alcance junto con los tres poderes tradicionales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

Uno de los ejemplos más conocidos que demuestra a la perfección este concepto es el llamado caso Watergate, por el que dos periodistas de The Washington Post causaron la dimisión de Richard Nixon —entonces presidente de Estados Unidos— en 1974. Los nombres de Bob Woodward y Carl Berstein, jóvenes veinteañeros, se convirtieron en una leyenda por conseguir lo que nunca otro periodista había logrado: destapar un escándalo de tal calibre como para provocar la primera y única renuncia de un presidente estadounidense hasta la fecha. Lo que empezó con unas simples conjeturas durante el proceso judicial a cinco ladrones cazados in fraganti en la sede del Partido Demócrata terminó en la gran pantalla en la película Todos los hombres del presidente

Woodward y Berstein arriesgaron el futuro de su carrera, pero revelaron al mundo la estrategia de espionaje del Partido Republicano —capitaneado por Nixon— cuyo objetivo se centraba en desacreditar a los demócratas en las próximas elecciones. El Gobierno no escatimó en esfuerzos para tratar de controlar la avalancha de noticias con repetidos intentos de intimidación e incluso obstaculizó la financiación del periódico. Aun así, The Washington Post se mantuvo firme hasta el fin y apoyó a sus reporteros, quienes terminaron por demostrar la corrupción del Ejecutivo de Nixon. Así vio la luz el periodismo de investigación, una profesión que se enfrentaba a las represalias del poder con el bolígrafo y la grabadora como armas. 

Para ampliar: “De la guerra al periódico: las cartas del corresponsal”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2017

Libertad de prensa en el mundo en 2019. Fuente: RSF

Con todo, los reporteros no quedan exentos de obstáculos que superar: censura, amenazas, restricciones, intentos de soborno, obstaculización, tortura y, por último, asesinato. Así se silencia la verdad. Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea son los países con menos libertad de prensa en 2019, donde los medios de comunicación están completamente a merced del Gobierno y son un instrumento más de propaganda para el régimen autoritario. Sin embargo, no son los más violentos. México, Afganistán y Siria son considerados la “zona cero” del periodismo, donde informar puede costar la vida. 

México, donde la censura se mide en vidas humanas

La prensa, la televisión, la radio y los blogs viven momentos oscuros en México. Mientras que en el estado de México y en las regiones centrales como Guadalajara los periodistas gozan de una relativa calma en diarios reputados como Reforma o Excélsior, el interior del país vive una situación de peligro constante que incluye homicidios, violencia y amenazas diarias.

Los alrededor de 140 periodistas asesinados y 25 desaparecidos en los últimos dieciocho años son las cifras que convierten a México en el país más peligroso para ejercer dicha profesión. Rubén Espinosa —investigó la relación entre el narcotráfico y el Gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz— o Javier Valdez —experto en crimen organizado— son algunos de los nombres más célebres que aparecieron en las esquelas y cuyos asesinatos quedaron impunes. De hecho, el 89% de los casos siguen sin ser resueltos, unos por falta de pruebas y otros tantos por obstrucciones a la justicia.

La motivación que subyace a asesinatos y desapariciones termina por ser la misma: el narcotráfico. Sin piedad y con una frialdad escabrosa, los cárteles arrasan con todo aquel que se les opone. Aunque los ataques contra los reporteros se suceden desde finales del siglo XIX, desde 2006 el recrudecimiento de la guerra por el comercio ilegal de la droga en México coincide con el aumento de asesinatos de periodistas. Durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) llegó a producirse una agresión contra un profesional de la información cada 48 horas y en el mandato de su sucesor Peña Nieto (2012-2018) la situación empeoró a un intervalo de 26 horas entre cada ataque de media.

La detención y posterior encarcelamiento de Joaquín Chapo Guzmán en 2016 dejó huérfano al todopoderoso Cártel de Sinaloa, que domina la costa del Pacífico en estados como Durango, Sonora, Baja California, Chihuahua, así como en la región de la que toman su nombre, Sinaloa. Su hegemonía se vio cuestionada por el surgimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización joven y extremadamente violenta que ha sembrado el pánico en Guerrero, Oaxaca o Michoacán, entre otros. Sus tácticas varían desde la extorsión hasta el secuestro o el asesinato a plena luz del día en ciudades tan peligrosas como Culiacán o Ciudad Juárez, y sus objetivos no son solo las instituciones públicas, sino también los medios de comunicación. 

Áreas de principal influencia de los carteles mexicanos en el país.

Para ampliar: “El narcotráfico en México, historia de un fracaso político”, María Fernandez Sánchez en El Orden Mundial, 2017

Ante tal oleada de crímenes, el Estado mexicano muestra una imagen débil y vulnerable frente al poder del narco y se convierte en un cómplice indirecto, ya que en la mayoría de los casos los procesos judiciales que no protegen a las víctimas. La sociedad vive sumida en un círculo vicioso: los medios de comunicación, temerosos de las represalias, asumen la autocensura y crean un periodismo amarillista y blando que favorece la influencia del Gobierno y las instituciones públicas en la información. ¿Conclusión? Una democracia débil y un país violento en el que el narcotráfico conserva su trono como dueño y señor, con el mandato de Peña Nieto como máximo exponente reciente de la debacle mexicana. 

La elección de Antonio Manuel López Obrador en julio de 2018 —también conocido como AMLO—, y su partido —el izquierdista Morena— se entendió como un clamor en México contra la corrupción política extrema que ha asolado el país en los últimos años. Algunos medios de comunicación mexicanos lo consideraron como una luz de esperanza al final del lúgubre túnel en el que se ve atrapada la libertad de prensa, a la espera de mayor protección del Gobierno frente a la violencia. 

Sin embargo, los datos le han desacreditado desde enero de 2019 —poco tiempo después de su estreno como presidente—, pues México está considerado como el país más mortífero para periodistas pese a no estar declarado como zona de guerra o conflicto. AMLO prometió acabar con los homicidios, pero ya se cuentan por varios los reporteros asesinados desde que asumió su cargo. El tercero de ellos fue Rafael Murúa, quien se acogió a un programa gubernamental de protección para periodistas en riesgo desde que recibiese las primeras amenazas en 2017. Murúa, director de la radio comunitaria Radio Kashana y colaborador de Diario Independiente, investigaba las relaciones de poder en el estado de Baja California, donde se registra una de las cuotas de violencia más altas del país.

Afganistán y Siria, fosa común de Oriente Próximo

Mina Mangal salía de su casa el 11 de mayo para acudir a su puesto de trabajo en el Parlamento afgano cuando fue abatida a tiros por dos desconocidos en una motocicleta. Mangal trabajaba para la cadena de televisión privada más importante de Afganistán, Tolo TV, y era un referente del periodismo afgano, así como una ferviente defensora de los derechos de las mujeres en su país. Sin embargo, la periodista ya temía por su vida y había acudido a las redes sociales para expresar su preocupación. La existencia del Centro de Medios de Comunicación para la Protección de Mujeres Afganas (CPAWJ por sus siglas en inglés), no impidió que Mangal se convirtiera en la tercera reportera asesinada en 2019 en el país.

Territorio de combate entre el Gobierno apoyado por la coalición internacional, los talibanes y Dáesh, Afganistán se perfila actualmente como uno de los países más peligrosos del mundo, tanto para civiles como para periodistas, sobre todo mujeres. La guerra más larga de Estados Unidos asola la región desde 2001, pero su final se vislumbra lejano y difuso en el horizonte. Los talibanes están presentes en el 70% del territorio desde que las tropas extranjeras abandonaran sus puestos en 2014 y la violencia ha estremecido a la sociedad afgana con aún más fuerza. Los periodistas se ven obligados a infiltrarse en las redes terroristas para conseguir información o a desplazarse a lugares aislados en las montañas afganas, donde corren el riesgo de ser víctimas de una mina antipersona o de un bombardeo. Tampoco tienen la posibilidad de refugiarse en las ciudades ante la posibilidad de sufrir un atentado. Otros, como Javid Noori en enero de 2019, son secuestrados y ejecutados como muestra del poder de los radicales frente a las ofensivas del Gobierno. 

Presencia de talibanes en Afganistán en septiembre de 2017. Fuente: BBC

Afganistán vive con pavor el resurgimiento de la violencia de los talibanes tras casi quince años de relativa estabilidad en el Gobierno. Los medios de comunicación afganos aprovecharon el retorno de una relativa libertad de expresión tras la cuestionable toma de poder de Ashraf Ghani en 2014. Después de la brutal cifra de 124 reporteros víctimas de violencia en el mismo año, el país se sumió en un breve periodo de calma que ya anticipaba la tormenta. Poco más tarde, Tolo TV, la agencia más prestigiosa de Afganistán y antiguo lugar de trabajo de Mina Mangal, fue perseguida sin cesar por los talibanes. Su plantilla sufrió cuatro ataques en tan solo tres semanas. 

Las fallidas negociaciones de paz con los talibanes —quienes consideran a los medios de comunicación un “instrumento occidental”— y las elecciones presidenciales de septiembre de 2019 anticipan una época aún más turbulenta en el país. De hecho, Reporteros Sin Fronteras ya lo consideró en 2018 el lugar más peligroso para los profesionales de la información junto con México. Y, al igual que en el país latino, la mayor parte de los casos nunca alcanzará una sentencia definitiva.

Para ampliar: “Afganistán, entre el caos y la oportunidad”, Meng Jin Chen en El Orden Mundial, 2018

Esta misma situación se repite en Siria, tercer clasificado en la lista de países más mortales para los periodistas. Sumida en un interminable conflicto desde 2011, la guerra civil ha terminado con la vida de 211 periodistas desde su comienzo, mientras que otro centenar ha sido secuestrado o encarcelado por ejercer su profesión. Los desgarradores testimonios de los reporteros evidencian el horror de la situación en Siria, donde ya han perecido más de 500.000 personas y los refugiados ascienden a millones.

Junpei Yasuda fue liberado en 2018 tras tres años de calvario como cautivo de un grupo yihadista afiliado a Al Qaeda. James Foley, en cambio, no tuvo la misma suerte, como tampoco la tuvo Steven Sotloff: ambos periodistas estadounidenses fueron secuestrados y decapitados por Dáesh. Los vídeos dieron la vuelta al mundo por su crudeza e ilustraron el infierno de una profesión vulnerable y desprotegida, utilizada como un instrumento más para causar el terror. En esta línea, el secuestro y la intimidación son también un arma psicológica de los terroristas para desestabilizar o influenciar la respuesta de sus contrincantes, como ocurre con Estados Unidos. 

Aunque los profesionales freelance se ocupan ellos mismos de contratar un seguro de vida a título individual y cuentan a menudo con el asesoramiento de un contacto local, no obtienen ninguna ayuda de las instituciones públicas o de los militares en zona de conflicto. Para obtener cobertura total por parte del ejército es necesario registrarse en tanto que “periodista empotrado”, un título que restringe la información que estos son capaces de comunicar a los medios. Sin embargo, a menudo esta es la única opción de sobrevivir.

Para ampliar: “‘Enajenación inhumana y sadismo’: el periodista español que vivió secuestrado ocho meses por Estado Islámico en Siria”, Ricardo García Vilanova en BBC, 2018

A pesar de las iniciativas que salvaguardan el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo por parte de organismos como Reporteros Sin Fronteras, en la actualidad el panorama resulta desalentador. El año 2019 ya se ha cobrado decenas de vidas. Más de 170 reporteros continúan encarcelados, la mayoría de ellos en Turquía (35), Arabia Saudí (23) y China (14). Teniendo en cuenta esta situación límite, la ONU, ha promovido el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, celebrado el 2 de noviembre a nivel mundial. Pero ¿será suficiente con eso?

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