Porcentaje de viviendas en alquiler social

Cartografía Economía y Desarrollo Mundo

Las viviendas en alquiler social en el mundo

Descripción del gráfico

El precio del alquiler en Madrid ha crecido un 33% desde 2008, pero los salarios apenas lo han hecho un 10%. Lejos de ser una excepción, el caso de la capital española ejemplifica una tendencia que está sacudiendo el mercado inmobiliario de toda la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No es un asunto menor: las familias cada vez deben destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a costear un alquiler o una hipoteca, lo que en la práctica repercute en su calidad de vida y en las condiciones de la propia vivienda. De ahí que la vivienda pública, y dentro de ella la vivienda social, hayan sido un elemento habitual en muchos países para que los ciudadanos accedan a un hogar de calidad aceptable sin que suponga un gasto considerable.

No en vano, entre 2005 y 2019 el precio del alquiler aumentó en todos los Estados miembros de la OCDE excepto en dos, y el precio de la vivienda en otros 31, especialmente tras el hundimiento económico de 2008. Como consecuencia, más de un tercio de los inquilinos de bajos ingresos gastan el 40% de sus salarios en la vivienda. En España, incluso, ese mismo 40% supone la media nacional del gasto en el alquiler, seis puntos porcentuales más que en 2018 (34%) y doce más que en 2015 (28%).

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El acceso a una vivienda asequible ya era un problema urgente antes de la pandemia, pero los confinamientos y la obligación de permanecer en casa pusieron sobre alarma al resto de la población acerca de las condiciones en las que vivían algunas personas con pocos recursos (vivienda masificadas, sinhogarismo), situaciones que ponían en peligro su salud. Por si fuera poco, para muchos trabajadores que vieron reducidos drásticamente sus ingresos, el alquiler se convirtió en una auténtica losa mensual. Por esta razón, muchos Gobiernos se vieron obligados a tomar medidas inmediatas en relación a la vivienda, como la suspensión de los desahucios, el aplazamiento de los pagos del alquiler o de servicios públicos como el agua o programas de emergencia para proporcionar refugio y acceso a la atención médica a las personas sin hogar.

Ahora que la recuperación económica y sanitaria parece a la vuelta de la esquina, los países de la OCDE plantean destinar más recursos al alquiler social, la principal alternativa para aquellas personas incapaces de acceder a la vivienda a través del mercado privado. De hecho, la “ola renovadora” anunciada por la Comisión Europea en 2020 como parte del Pacto Verde Europeo insta a los legisladores y a los proveedores de vivienda a mejorar la calidad de los edificios, incluidas las viviendas sociales.

¿A qué edad se van de casa los jóvenes en la Unión Europea?

Ya sea bajo el nombre de vivienda social, pública, municipal o general, el alquiler social hace referencia a aquellos alojamientos residenciales reservados por el Estado para un grupo poblacional concreto (normalmente, en función de los ingresos) a precios de submercado. En España, por ejemplo, este tipo de viviendas están destinadas a las personas en riesgo de exclusión social, jóvenes o mayores de 60 años sin ingresos o con una renta tan limitada que no pueden acceder a una vivienda digna. Además, para que sea considerado alquiler social, el coste del alquiler no puede superar los 400 euros o el 30% de los ingresos anuales familiares.

Pero ¿qué peso tiene actualmente el alquiler social en la OCDE y en los países de la UE que no pertenecen a dicha organización? En concreto, comprende 28 millones de hogares, el 6% del stock de viviendas, aunque existen grandes diferencias. Así, en Países Bajos, Austria (donde cerca del 80% de los hogares pueden optar a ellas) y Dinamarca las viviendas de alquiler social suponen más del 20% del total de viviendas, mientras que en España, Lituania y Colombia ni siquiera llegan al 2%.

El mapa de la calidad de vida en Europa

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