En las islas Canarias, la crisis de los cayucos de 2006 supuso un punto de inflexión en materia migratoria. Miles de personas se jugaron entonces la vida tratando de alcanzar las costas españolas del archipiélago, en una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, esas cifras que parecían inalcanzables se han superado con creces entre enero y agosto de 2024. Durante los últimos meses, más de 20.000 personas han llegado por mar a las islas desde las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos. La ruta atlántica o de África occidental —como se conoce a este recorrido— se ha reactivado y ya es de nuevo la principal vía terrestre o marítima de entrada a España, a pesar de ser también una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
La tendencia es la misma que la de 2023, cuando más del 70% de las entradas irregulares en España —excluyendo las aéreas— se produjeron por Canarias, según los datos del Ministerio del Interior. Por contra, las llegadas a la península, Baleares, Ceuta y Melilla disminuyeron a lo largo del año pasado.
Además de la ruta de África occidental, que tiene como destino Canarias, muchos de los flujos migratorios que atraviesan el norte de África con destino a Europa se concentran en la ruta del Mediterráneo occidental. Este corredor lo emplean migrantes no solo de los países fronterizos del norte de África, sino también aquellos procedentes de Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, Chad o incluso Siria, que atraviesan varios países africanos hasta llegar a los puntos de cruce en Argelia o Marruecos. Entre ellos, destaca la localidad marroquí de Oujda, cercana al paso fronterizo de Melilla.
Por su parte, los puntos de partida para dirigirse al archipiélago canario están en países de la costa africana occidental como Mauritania —donde Nuadibú es un importante punto de embarque hacia las islas—, Senegal y Marruecos. Hacia ella se dirigen sobre todo migrantes de Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Mali o de los propios países costeros.
España es la puerta sur de Europa, y también el único Estado del continente que cuenta con una frontera terrestre con África, a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y aunque la migración irregular no es un fenómeno reciente, la securitización y militarización de las fronteras europeas ha crecido exponencialmente en las últimas décadas: las vallas de Ceuta y Melilla, por ejemplo, solo se comenzaron a construir a finales de los años noventa. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, fue fundada por su parte en 2004.
Si bien la narrativa comunitaria apunta a la necesidad de proteger Europa de amenazas externas, el endurecimiento de la política migratoria también ha alumbrado una industria de la seguridad fronteriza que se ha convertido en un negocio altamente lucrativo. Empresas privadas y contratistas han encontrado en este campo una fuente de ingresos considerable, influyendo en la expansión y sofisticación de los mecanismos de control fronterizo. En este contexto, la migración se ha transformado en un campo de batalla político donde convergen intereses económicos, electorales y de seguridad, haciendo que las fronteras europeas sean cada vez más vigiladas y hostiles.
El cinturón golpista del Sahel: rebeliones, yihadismo y la sombra de Rusia
Para muchos migrantes, el trayecto para alcanzar Europa es extremadamente peligroso — y costoso— y sólo una pequeña parte de todos los que emprenden el viaje logran llegar a su destino final. Esto es así porque el control fronterizo ya no se reduce a la frontera europea en el sentido estricto, sino que hay todo un entramado de acuerdos migratorios que la Unión Europea mantiene con terceros países, conocidos como Estados tapón o buffer states, entre los que están Turquía, Libia, Túnez, Marruecos, Mauritania o Egipto.
Estos acuerdos de la UE pretenden convertir a estos Estados en puestos avanzados que interceptan y devuelven a los migrantes mucho antes de llegar al Viejo Continente, en algunos casos abandonándolos en zonas peligrosas, tal y como descubrió una investigación conjunta de Lighthouse Reports y El País. El control de la Comisión Europea sobre los fondos que dona a estos países para el control migratorio es limitado, hasta el punto de que ha confirmado que no dispone de mecanismos para revisar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos.
De hecho, a lo largo de estas rutas cerca del 32% de las personas migrantes que llegaron a España por tierra y mar entre enero de 2022 y diciembre de 2023, y que fueron encuestadas por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, confirmó haber sufrido algún tipo de violencia en el camino. En Libia, los centros de detención de Trípoli han sido señalados por sus pésimas condiciones y por la detención forzosa de miles de migrantes, tal y como denuncia también Amnistía Internacional.
A pesar de este férreo control, la inmigración por tierra y por mar sigue aumentando cada año, impulsada por la cada vez mayor inestabilidad en muchos de los países vecinos de Europa. Para el caso de las rutas migratorias con destino a España, la ola de violencia e inestabilidad que azota el Sahel, región que desde 2020 ha sufrido once intentos de golpes de Estado en ocho países, es la culpable del desplazamiento de millones de personas. En países como Mali, Burkina Faso, Sudán o Níger, donde algunos de estos golpes han derivado en juntas militares y conflictos civiles, la violencia y la guerra se han convertido en las principales causas de la migración.
Según el mismo informe de ACNUR sobre el perfil del migrante que llega a las costas españolas, muchos de ellos provienen de hecho de estas zonas en conflicto, principalmente de Senegal, Mali y Sudán.
