La mayoría de Gobiernos democráticos entienden que participar en las elecciones nacionales es un derecho de la ciudadanía; otros, que es también una responsabilidad, así que dentro de estos últimos, algunos consideran que se trata de una obligación. Este voto obligatorio se da en 24 países y territorios dependientes, según los datos de la ACE Electoral Knowledge Network.
No es un concepto nuevo. Algunos de los primeros en introducir el voto obligatorio fueron Bélgica en 1892, Argentina en 1914 y Australia en 1924, y también hay países que, aunque hoy en día no lo contemplen, sí lo hicieron en el pasado, como Países Bajos o Venezuela.
El principal argumento a su favor es que, a mayor participación en las elecciones, mayor legitimidad del ganador. Sus defensores exponen que votar tiene un efecto educativo en los ciudadanos. Si la democracia es el gobierno del pueblo, este tiene que asumir su responsabilidad. Bajo esta premisa, el voto obligatorio implicaría que muchos ciudadanos se informarían más sobre la política para luego votar de forma más provechosa. Otro argumento a favor es que las campañas electorales se ahorran tener que llamar a la movilización y pueden dedicar más tiempo a las propuestas.
Por el contrario, el principal argumento para rechazar el voto obligatorio es que no es coherente con la libertad asociada a la democracia. No votar también debe ser una opción, y si existen leyes que obligan a ello se está violando uno de los principios de la democracia: la libertad de elección. También, si el voto se percibe como un trámite y no como una expresión de los intereses de cada uno, puede desalentar a los ciudadanos a mantenerse informados y a indagar en las propuestas de cada partido. En último término, la brecha entre desinterés y obligatoriedad puede acabar alimentando a las opciones políticas más extremas al nutrirse del desencanto popular.
Con tal de votar, muchos ciudadanos que lo hacen en contra de su voluntad seleccionan una opción aleatoria entre la lista de candidatos. También se ha acabado viendo que obligar a la población a votar da como resultado un mayor número de votos nulos y en blanco en comparación con los países que no tienen leyes de voto obligatorio. Este tipo de votos suelen asociarse al desencanto de los votantes con las opciones a elegir.
Asimismo, es importante destacar que hay países que cuentan con este tipo de legislaciones pero no las aplican. En algunos casos, se trata simplemente de un posicionamiento del Gobierno sobre qué debe hacer el ciudadano que ni siquiera contempla sanciones, como sucede en Costa Rica.
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En otros, el Estado no posee los recursos para garantizar su cumplimiento, por lo que las multas son fácilmente evitables si se utiliza una excusa aceptable, como en Australia, o directamente se ofrecen lagunas para esquivarlas. Muchos países, por ejemplo, obligan a votar solo a los ciudadanos registrados en el censo electoral, pero sin embargo no obligan a la población a inscribirse en él. De forma generalizada, también se suele dejar al margen de esta obligación a las personas mayores y a los más jóvenes.
De esta forma, los países que han establecido el voto obligatorio pero no lo aplican son nueve (México, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Grecia, Turquía, Egipto, República Democrática del Congo y Tailandia), por lo que al final son únicamente quince los países y territorios dependientes que sí obligan a su ciudadanía a votar en las elecciones nacionales: Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Uruguay, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Australia, Samoa, Nauru, Singapur, Corea del Norte y las Islas Pitcairn.
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En Uruguay tenemos elecciones obligatorias desde hace 55 años y creo que han sido muy útiles. Nadie puede decir que quienes gobiernan, sea presidente o electores no tienen la validación de la ciudadanía, porque todos tenemos la opción de votar y elegir. Además a los uruguayos nos agrada votar. Ya antes que las elecciones fueran de voto obligatorio y con sanciones por no votar, el 80 – 90 % de los habilitados concurrían a las urnas. Para completar el panorama el gobierno militar que manejó el país entre 1973 y enero 1985, presentó una reforma constitucional para seguir controlando al gobierno y al pais y perdieron la votación y ello aceleró el retorno a la democracia