En 2009, después de que Vietnam y Malasia presentaran ante la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental —organismo parte de la Convención sobre Derecho del Mar— una petición para ampliar sus fronteras marítimas en el mar de la China Meridional, la ONU recibió una nota verbal de la Misión Permanente de la República Popular China (RPC). En ella, China afirmaba “su indiscutible soberanía sobre las islas del mar de China Meridional y las aguas adyacentes”, así como su jurisdicción legal sobre las aguas, el lecho marino y el subsuelo.
Además, el documento chino incluía un mapa del mar de la China Meridional —Para China, mar del Sur de China—, en el que se señalaba una línea discontinua de nueve guiones, conocida como la “línea de los nueve puntos”. Esta línea, que aparece por primera vez en mapas oficiales chinos de 1949, es el principal argumento de las autoridades del país para reivindicar sus derechos históricos sobre este mar, basándose en la supuesta soberanía sobre todas las islas en disputa, incluidas las Paracelso, las Spratly y otros arrecifes menores.
China considera que su control sobre las aguas es efectivo, algo que demuestra desplegando su poderío marítimo y militar sin esperar a las resoluciones del derecho internacional. La importancia estratégica de esta región para el gigante asiático, tanto en recursos naturales como en tránsito comercial, es el sustento de esta agresiva política exterior hacia el resto de los países costeros del mar.
Frente a esto, Estados ribereños como Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia y Brunéi no reconocen la superficie reclamada por China, que abarca el 90% del mar. Argumentan que las islas y arrecifes ocupados son por un lado islotes que, según la Convención de Derecho del Mar (CONVEMAR), no generan derechos sobre zonas marítimas más allá de las 12 millas náuticas, como sí ocurre con las islas, Por otro lado, reclaman muchos de esos enclaves para sí mismos.
Al ajustar sus reclamaciones al Derecho del Mar, estos países intentan subrayar la ilegalidad de las demandas chinas, aunque esto implique reducir el alcance de sus propias reclamaciones marítimas.
A nivel de reconocimiento internacional, la jugada no les ha salido del todo mal a estos países: en 2013, Filipinas presentó una queja formal ante el Tribunal del Derecho del Mar, que remitió el caso a la Corte Permanente de Arbitraje. La resolución de 2016 sobre el estatus de las Spratly fue mayoritariamente a favor de Filipinas, determinando que esos islotes disputados en ningún caso podían generar derechos más allá de las 12 millas náuticas, conforme al artículo 121 de la Convención.
China, por su parte, no reconoce la resolución y mantiene su postura de que los territorios en disputa son islas, con sus consecuentes derechos marítimos. Además, ha militarizado y ampliado muchos de los islotes, especialmente en las islas Spratly.
La construcción de islas artificiales: ¿Una artimaña para eludir el derecho marítimo?
La construcción de islas artificiales en el mar de la China Meridional por parte de China ha sido una estrategia clave para reforzar sus reclamaciones territoriales basadas en la línea de los nueve puntos, desafiando el marco establecido por la CONVEMAR.
Estas “islas”, creadas mediante la expansión de arrecifes y bancos de arena, se han dotado de infraestructura militar, como pistas de aterrizaje, radares y sistemas de defensa, transformándose en puntos estratégicos para el control marítimo y aéreo de la región.
Al militarizar estas estructuras, China busca establecer hechos consumados que dificulten futuras negociaciones o resoluciones internacionales, mientras promueve una narrativa de derechos históricos que no se ajusta al Derecho Marítimo internacional.
En la misma línea, otros ribereños también han ocupado y militarizado pequeños enclaves en disputa en respuesta a la agresiva estrategia china. Ocurre con Vietnam en las Spratly, país que ha ocupado más de 27 de los pequeños arrecifes que conforman el grupo de islotes.
A nivel legal, sin embargo, ni está contemplada la construcción de islas artificiales fuera de las ZEE reconocidas de los Estados, ni estas generan ningún tipo de derecho sobre las aguas adyacentes, según el artículo 60 del mismo texto.
Es por esta falta de claridad del texto legal de la Convención de Derecho del Mar, de la que China es parte, que el tema de las islas artificiales en alta mar queda en una zona gris, lo que permite al gigante asiático seguir explotando esta ambigüedad en su estrategia de la línea de los nueve puntos.
